Una reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo marca un nuevo retroceso en la protección colectiva de los derechos laborales bajo el disfraz de una interpretación “neutral” del principio de voluntariedad. Al avalar que las empresas implanten el teletrabajo mediante acuerdos individuales, sin necesidad de negociación colectiva previa, el Alto Tribunal refuerza el poder empresarial y reduce de facto el papel de los sindicatos en la organización del trabajo.
El fallo, que desestima el recurso de casación interpuesto por Alternativa Sindical de Clase (ASC) frente a la empresa Ayesa, sostiene que el acuerdo de trabajo a distancia “debe ser necesariamente individual” y que, por tanto, no resulta exigible su negociación colectiva. Esta conclusión se apoya formalmente en el artículo 5.1 de la Ley 10/2021, de trabajo a distancia, que establece el carácter voluntario del teletrabajo y la exigencia de acuerdo por escrito.
Sin embargo, el Supremo incurre en una interpretación restrictiva y descontextualizada del ordenamiento laboral. El artículo 5 de la Ley 10/2021 exige acuerdo individual, pero no excluye ni prohíbe la negociación colectiva. Muy al contrario, el artículo 7 remite expresamente a la negociación colectiva para concretar múltiples aspectos del trabajo a distancia, y el artículo 8 reconoce el derecho de la representación legal de los trabajadores a ser informada de los acuerdos suscritos. Además, el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 64, consagra el derecho de información y consulta sindical sobre decisiones empresariales que afectan a la organización del trabajo.
El Supremo, al afirmar que la negociación colectiva no es “exigible”, convierte una garantía mínima legal en un techo máximo, vaciando de contenido el artículo 37.1 de la Constitución Española y debilitando el ejercicio efectivo de la libertad sindical del artículo 28.1 CE. La sentencia ignora deliberadamente la doctrina constitucional que vincula el derecho a la negociación colectiva con la capacidad real de los sindicatos para influir en las condiciones de trabajo (STC 98/1985, STC 73/1984).
Especialmente grave resulta la legitimación de la llamada “individualización en masa”. El tribunal considera que el uso de modelos contractuales homogéneos ofrecidos unilateralmente por la empresa no desnaturaliza el carácter individual del acuerdo. Esta visión formalista desconoce la realidad material de la relación laboral: cuando la empresa fija las condiciones y el trabajador solo puede aceptar o rechazar, no hay negociación, sino adhesión. Hablar de libertad contractual en este contexto es ignorar la desigualdad estructural entre capital y trabajo, reconocida por la propia jurisprudencia social.
El Supremo va aún más lejos al sostener que los posibles incumplimientos legales o convencionales en los acuerdos individuales de teletrabajo no constituyen, por sí mismos, una vulneración del derecho a la negociación colectiva, desplazando estos conflictos fuera del proceso especial de tutela de derechos fundamentales (arts. 177 y ss. LRJS). Esta doctrina fragmenta la defensa colectiva, obliga a la litigación individual y debilita la acción sindical como instrumento de contrapoder.
En relación con la desconexión digital, el tribunal se limita a constatar que existía una política empresarial elaborada con audiencia de la RLT y que el convenio sectorial recogía este derecho (art. 88 de la Ley Orgánica 3/2018). Pero este argumento puntual no neutraliza el efecto global de la sentencia: el desplazamiento del centro de gravedad desde la negociación colectiva hacia el acuerdo individual.
El mensaje político-jurídico del Supremo es claro: el teletrabajo se concibe como una relación bilateral, desprovista de conflicto colectivo, donde el sindicato queda relegado a un papel testimonial. No se prohíbe la acción sindical, pero se la desactiva preventivamente. Se reconoce el derecho, pero se vacía su contenido.
Esta sentencia no es neutra ni técnica. Consolida un modelo de relaciones laborales basado en la atomización, debilita la capacidad de organización colectiva y abre la puerta a nuevas formas de precarización bajo la apariencia de flexibilidad y voluntariedad. El teletrabajo, sin control colectivo, no es un avance social, sino una nueva frontera de disciplinamiento laboral.
Frente a esta deriva, la respuesta no puede limitarse a la resignación jurídica. Es necesaria una ofensiva sindical y política que recupere el papel central de la negociación colectiva en el trabajo a distancia y que reivindique lo evidente: los derechos individuales solo se sostienen cuando existen derechos colectivos fuertes.
