Bruno Soria De Mesa. Analista Político
En el marco de una profunda crisis de seguridad vinculada al narcotráfico, el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha convocado a un referéndum para eliminar la prohibición constitucional que impide el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio nacional. La propuesta incluye reformar el Art. 5° de la Constitución de 2008, que prohíbe expresamente el establecimiento de bases militares extranjeras o instalaciones con fines militares, así como la cesión de bases nacionales a fuerzas armadas extranjeras.
El contexto político y la justificación securitaria
Inicialmente, es preciso contextualizar que el referéndum se desarrolló el 16 de noviembre de 2025, en un contexto de violencia sin precedentes y tensiones geopolíticas. El gobierno de Noboa ha justificado esta propuesta de reforma argumentando que el crimen organizado opera transnacionalmente y requiere cooperación internacional. Sin embargo, el economista Alberto Acosta, quien fue presidente de la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución vigente desde 2008, consideró que las bases militares no ayudan al combate al crimen organizado, señalando que el verdadero objetivo es que Ecuador asuma un papel de peón en el ajedrez geopolítico internacional.
Consecuentemente, el presidente Noboa ha mencionado sitios específicos como la isla Baltra en Galápagos, así como puntos en las provincias costeras de Santa Elena y Manabí como posibles ubicaciones para instalaciones militares extranjeras. Esta precisión geográfica revela una planificación estratégica que antecede a la consulta popular, evidenciando que la decisión política precede al ejercicio democrático formal.
Antecedentes históricos: la Base de Manta y sus implicaciones
Históricamente, Ecuador ya experimentó la presencia de instalaciones militares estadounidenses. En 1999, Estados Unidos firmó un convenio con Ecuador para el uso de la Base de Manta hasta 2009, constituyéndose en un enclave de militares estadounidenses que gozaban de inmunidad y cuyas acciones vulneraban la soberanía nacional (Borja 2023). Durante su operación, se comprobó que las actividades de los militares estadounidenses estaban encaminadas al control migratorio y apoyo logístico a la guerra contrainsurgente de Colombia, proporcionando información en tiempo real sobre los desplazamientos de las fuerzas guerrilleras.
Adicionalmente, la experiencia de la base de Manta generó conflictos diversos: aumento de trabajadoras sexuales, desalojo de familias campesinas, hundimiento de barcos pesqueros, interdicción de buques con migrantes y limitaciones a las faenas de pesca por razones de seguridad. Estas consecuencias sociales y económicas configuraron un cuadro de subordinación territorial que el gobierno de Rafael Correa decidió revertir en 2009, incorporando la prohibición constitucional vigente hasta la actualidad.
El imperialismo como categoría de análisis
Desde la perspectiva teórica marxista, es fundamental recuperar los planteamientos de la Teoría de la Dependencia para comprender el fenómeno en cuestión. Marini, dos Santos y Bambirra desarrollaron un marco conceptual que permite analizar la dependencia como un fenómeno estructural del sistema capitalista mundial. Como señala dos Santos, el imperialismo y la dependencia constituyen dos caras del mismo proceso de acumulación capitalista a escala global, donde los países periféricos se integran subordinadamente al mercado mundial.
En este sentido, la instalación de bases militares extranjeras no representa únicamente un problema de seguridad nacional, sino una manifestación concreta de lo que Marini denomina la «dialéctica de la dependencia«. Dicha dialéctica implica que la reproducción del capital en los países dependientes requiere mecanismos extraeconómicos de dominación, entre los cuales la presencia militar constituye un elemento fundamental. Tal como argumenta Dos Santos: «el imperialismo se establece cuando la concentración de la producción y del capital alcanza niveles que posibilitan el control político-militar de los territorios donde se extraen materias primas y se realizan inversiones».
Paralelamente, autores como Petras han documentado cómo en América Latina, Estados Unidos ha usado el pretexto de la guerra contra el terrorismo para establecer un imperio de bases militares, siendo Colombia el estado modelo del imperialismo estadounidense en la región. Esta estrategia de militarización regional no responde a necesidades de seguridad interna de los países latinoamericanos, sino a imperativos geopolíticos del imperialismo norteamericano.
Bases militares y erosión de la soberanía nacional
Teóricamente, la soberanía nacional constituye un concepto central para comprender las implicaciones de la propuesta gubernamental. El análisis político señala que la reforma al Art. 5° de la Constitución de 2008 representa una entrega de soberanía, recordando que la base estadounidense en Manta operó entre 1999 y 2009 sin reducir el narcotráfico, sirviendo en cambio a intereses geoestratégicos de Washington en el Pacífico Tropical Oriental.
Consecuentemente, la experiencia histórica demuestra que el argumento securitario encubre objetivos geopolíticos más amplios. La actitud del imperialismo estadounidense hacia América Latina está vinculada a asegurar una especie de «espacio vital» mediante estados tutelados, proceso que no ha estado exento de intervenciones militares directas. Este patrón de dominación confirma las tesis marxistas sobre la naturaleza del imperialismo como fase superior del capitalismo caracterizada por la exportación de capitales y el control territorial mediante mecanismos político-militares.
Asimismo, el imperialismo contemporáneo no está dispuesto a aceptar ni revoluciones ni reformas, aplicando un menú de opciones donde no se descarta la variante de la fuerza militar para desalojar gobiernos con base popular y vocación emancipadora. En este contexto, la presencia de bases militares extranjeras constituye un instrumento de control preventivo que limita estructuralmente las posibilidades de transformación social.
Implicaciones geopolíticas y ambientales
Particularmente relevante resulta la mención de las Islas Galápagos como posible ubicación de instalaciones militares. Esto implica riesgos ambientales y violaciones a convenios internacionales, permitiendo el ingreso de buques y aeronaves militares sin controles locales en un ecosistema de valor universal. La militarización de Galápagos representaría no solamente una amenaza ecológica, sino la subordinación de la conservación ambiental a imperativos militares extranjeros.
Paralelamente, Ecuador se ha convertido en uno de los mayores aliados de Washington en la región, apoyando la incursión militar estadounidense para combatir el narcotráfico y aspirando a ampliar el apoyo en su territorio. Esta alineación geopolítica reproduce el patrón histórico de subordinación que caracterizó los regímenes neoliberales latinoamericanos durante las décadas de 1980 y 1990.
La Constitución de 2008 como conquista popular y su desmantelamiento
Históricamente, el Art. 5° de la Constitución ecuatoriana prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras y la cesión de bases militares nacionales, disposición aprobada en 2008 bajo el primer mandato del presidente Rafael Correa. Esta prohibición constitucional representó una conquista de los movimientos sociales ecuatorianos que, organizados en la Coalición No Bases, protagonizaron una intensa campaña ciudadana entre 1999 y 2009.
De acuerdo con Helga Serrano, la campaña local y el apoyo internacional desempeñaron un papel importante en la decisión de Ecuador de clausurar la base militar de Manta, constituyendo un logro del movimiento por la paz y la desmilitarización continental. Por consiguiente, la propuesta actual de Noboa implica desmantelar una conquista histórica de la sociedad civil organizada, revirtiendo un proceso de recuperación de soberanía nacional que había sido alcanzado tras décadas de movilización social.
Conclusiones: dependencia estructural y perspectivas futuras
En síntesis, la propuesta del gobierno ecuatoriano de permitir bases militares extranjeras constituye una manifestación contemporánea de la dependencia estructural analizada por la Teoría de la Dependencia. Lejos de responder exclusivamente a necesidades de seguridad interna, esta iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia de subordinación geopolítica al imperialismo estadounidense, reproduciendo patrones históricos de militarización regional que han demostrado su ineficacia para resolver problemas de criminalidad organizada.
Adicionalmente, la experiencia histórica de la Base de Manta demuestra que tales instalaciones generan impactos socioambientales negativos, erosionan la soberanía nacional y subordinan las políticas públicas a intereses geoestratégicos externos. Como señalaban Marini, Dos Santos y Bambirra, la dependencia no es una condición externa impuesta unilateralmente, sino el resultado de alianzas entre fracciones burguesas locales y el capital imperialista, configurando lo que Marini denominó «subimperialismo«.
Finalmente, desde una perspectiva marxista, la recuperación de la soberanía nacional y la construcción de alternativas emancipatorias requieren no solamente el rechazo a la militarización extranjera, sino la transformación estructural de las relaciones de producción y la articulación de proyectos populares que desafíen la lógica de acumulación capitalista dependiente. La lucha contra las bases militares extranjeras constituye, en este sentido, un momento particular de una estrategia más amplia de descolonización y construcción de poder popular.
