Un reciente informe del colectivo técnico Gestha pone de manifiesto que en Andalucía más de 2 millones de personas —2 103 863 para ser exactos— reciben un salario, una pensión o una prestación por desempleo por debajo de los 1 000 euros al mes, es decir, menos de 12 000 euros al año. Aunque se celebra como un «récord» la tasa de empleo más baja desde 2008 en la región, debemos desmontar ese relato triunfalista: la tasa de paro puede bajar, sí, pero el empleo que se crea es de calidad ínfima y refuerza la explotación capitalista.
En primer lugar, la modalidad contractual de contrato fijo‑discontinuo —presentada como contrato indefinido— está siendo empleada para maquillar la estadística del paro mientras perpetúa formas modernas de precariedad. Según análisis recientes, muchas empresas utilizan esta figura para no descontabilizar a sus trabajadores como desempleados durante los periodos de inactividad, ya que mantienen una relación formal, pero sin salario ni cotización efectiva.
Esta dinámica permite que se anuncie una caída de la tasa de paro, pero lo que realmente crece es el ejército de trabajadores ocupados sin derechos reales, sin ingresos suficientes, sin estabilidad alguna. En los hechos, la «bajada del paro» no significa que la clase trabajadora esté mejor: significa que se ha modificado la forma en que se contabiliza el desempleo, mientras que la explotación y la miseria laboral siguen vigentes.
En Andalucía, donde la pobreza laboral alcanza cotas alarmantes —casi el 38,5 % de los asalariados, pensionistas o perceptores de prestaciones cobra menos de 1 000 euros al mes— , el mensaje de «éxito» del mercado laboral es una falacia. La cuestión no es solo que existan más contratos, sino qué tipo de contratos son, bajo qué condiciones y para quién. Si el contrato fijo-discontinuo se convierte en la norma, la estructura capitalista habrá logrado transformar la relación laboral estable en algo intermitente, frágil y dependiente de la voluntad empresarial.
Los despidos en periodo de prueba se disparan
Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre enero y junio de 2019 se registraron 77.454 despidos en periodo de prueba, mientras que en el mismo periodo de 2025 esta cifra ascendió a 350.459, lo que representa un aumento del 352%.
Sin embargo, según el abogado Víctor Manuel Canalda, el incremento porcentual desde 2019 en los ceses en periodo de prueba ha sido del 542%, lo que indica una preocupación por el uso abusivo de esta figura para encubrir relaciones laborales temporales.
Este fenómeno ha sido interpretado como una estrategia para evitar las indemnizaciones asociadas a despidos improcedentes, ya que durante el periodo de prueba no se requiere justificación para la extinción del contrato. Además, la eliminación del contrato de obra y servicio en la reforma laboral de 2022 ha llevado a un aumento de los despidos en periodo de prueba, ya que las empresas utilizan esta figura para evitar costes laborales adicionales.
En resumen, aunque el aumento absoluto de los despidos en periodo de prueba es del 352% desde 2019, algunos expertos señalan que el incremento porcentual desde 2019 ha sido del 542%, lo que indica una tendencia preocupante en el mercado laboral español.
Por tanto, debemos denunciar que la caída formal del desempleo no equivale a emancipación de la clase trabajadora, sino a su reordenamiento bajo nuevas formas de servidumbre asalariada. El reto real no es solo reducir la tasa de paro, sino conquistar empleo digno, estable y con derechos plenos.
