Cristian Mejías
Al revés de lo que muchas personas piensan, la democracia no supone el acatamiento de ciertos dogmas, sino su legítimo cuestionamiento cuando estos ponen en riesgo derechos humanos fundamentales. La persona demócrata, lejos de ser servil y complaciente, es incómoda, y eso es lo que lleva haciendo Lidia Falcón toda su vida.
Lidia Falcón ha sido muchas cosas, como ella misma dice, pero todas tenían como denominador común la incansable búsqueda de la verdad y de la justicia. Por ello ha sido represaliada por el poder de turno, antaño franquista, y hoy por el rodillo “progresista” que no tolera a la hereje.
Salirse mínimamente del marco impuesto por el nuevo poder progresista, blando, eso sí, pero tan implacable como aquel, es transgredir un límite cuyo castigo no es poca cosa: la muerte civil de la persona condenada. Una condena, por otra parte, sin juicio, sin posibilidad de defensa. Para el caso de Lidia Falcón y del Partido Feminista de España que lidera, esto se tradujo en su expulsión de Izquierda Unida -organización feminista que purga de su seno a las feministas, fíjense la ironía-, su cesión del diario Público y, finalmente, su señalamiento a través de Televisión Española como un grupo de extrema derecha.
Paulatinamente, aquellas organizaciones y medios que a priori eran compañeros de lucha han ido arrinconando a Lidia Falcón, y cuando esta ha tratado de expresar su opinión sobre ese tema en concreto del que se prohíbe hablar -so riesgo de correr la misma suerte que ella o que otras como Barbijaputa- a través de los cauces que se le ha permitido, la respuesta ha sido echárselo en cara y acusarla de colaborar con el fascismo. ¿Cuál era entonces la alternativa? ¿Tragar? ¿Callar?
El mayor problema no es el señalamiento de una ciudadana por cuestiones ideológicas por parte de la televisión pública, que ya sería grave. Ni siquiera el injerencismo político de los poderes globalistas utilizando a supuestas ONGs por los derechos humanos como Global Project Against Hate and Extremism, donde se pone a la misma altura a organizaciones fascistas y antifascistas. Lo más preocupante es el rearme del patriarcado que, mediante expulsiones, despidos y censura busca disciplinar a aquellas mujeres que se resisten a su borrado y a la defensa de sus derechos basados en el sexo.
Las personas transexuales merecen todo el reconocimiento de sus derechos a vivir una vida libre de discriminación y violencia. Pero la garantía de estos derechos es muy diferente a tener que comulgar con una ley que no puede contemplar su fraude al haber eliminado todos los criterios médicos, objetivos, que permiten dilucidar si la persona que habiendo nacido como varón se identifica como mujer sufre disforia de género, o, por el contrario, es alguien que se quiere aprovechar de la ley para ocupar espacios y cuotas reservados para mujeres.
La vida de la democracia pende de un hilo, y efectivamente están surgiendo grupos de extrema derecha que constituyen una amenaza cada vez mayor. Sin embargo, para frenar a la extrema derecha no basta con decir lo mala que es, es necesario y urgente hacer un análisis preciso de la situación que está llevando a cada vez más capas poblacionales a comprar su discurso. Continuar tratando de silenciar los problemas que enfrenta cada día la clase trabajadora o seguir reprimiendo a quienes plantean dudas razonables sobre creencias anticientíficas y oscurantistas que comprometen la seguridad de las mujeres, no va a frenar su ascenso. Y mientras los partidos de izquierda no abandonen el falso progresismo que los corroe, seguirán alimentando al monstruo.
