Cientos de miles de personas convirtieron ayer en un éxito absoluto la convocatoria de los sindicatos creados en torno al problema de la vivienda. Las avenidas de las ciudades del estado español quedaron abarrotadas, pese a que en algunas de ellas los sindicatos mayoritarios convocaron en la misma jornada actos por la sanidad y obligaron a las organizaciones a duplicar esfuerzos.
También los partidos y sindicatos que forman o sostienen el Gobierno trataron de subirse al carro, pero los lemas de los manifestantes dejaron claro que ya no creen en las promesas de las Administraciones, que claramente se han revelado como incompetentes para ni siquiera paliar el problema.
«La ley de vivienda es una puta mierda» o «los pisos para vivir no para invertir» fueron cánticos repetidos ayer que evidencian que las personas afectadas por este problema, cada vez más, son conscientes de que los Gobiernos progresistas, este o el anterior, han demostrado su incapacidad funcional para acometer de raíz el problema.
También queda en entredicho el argumento de que criticar a este Gobierno es «trabajar para la derecha», pues existe ya una clara conciencia de que el problema va más allá del teatro del bipartidismo parlamentario, y que es el Estado -gobierne quien gobierne- quien sostiene la especulación rentista como una forma de acumulación de capital dentro de la lucha de clases.
Las peregrinas soluciones propuestas por los expertos afines al Gobierno son observadas ya por los afectados como un brindis al sol en el mejor de los casos, e incluso como medidas que acaban favoreciendo a los rentistas.
Por ejemplo, la creación de vivienda por entidades afines a ayuntamientos. Esta medida acaba siendo escasa e incluso inoperante, pues en muchos casos esas viviendas se ofrecen a un precio inasequible para cualquier familia trabajadora (por ejemplo, en Sevilla se ofertaron hace unos días pisos por valor de 300.000 euros). Y además en muchos casos acaban favoreciendo a empresas constructoras y a especuladores del suelo que poco tienen que ver con el interés público.
Tampoco la solución de los impuestos resulta en una medida efectiva dentro de la lógica capitalista. Las leyes actuales ya prevén subidas de impuestos a multipropietarios y a viviendas que queden vacías, pero las Administraciones estatales delegan a las regionales y estas a su vez a las municipales, de modo que unas a otras se pasan la pelota y finalmente esas medidas rara vez se ejecutan.
Casi no merece la pena mencionar las peticiones de solidaridad de los caseros realizadas por los ministros, o las medidas para garantizar el interés de los arrendadores, que devienen en un reforzamiento del concepto de vivienda como mercancía disponible para la especulación, en lugar de un derecho fundamental como establece la propia Constitución (y que además señala en la misma norma estará protegido por las Administraciones contra el interés especulativo).
Sin embargo, otras medidas no se tienen en cuenta o se expresan sólo como una petición de deseos. La expropiación sin compensación de los grandes tenedores (fondos de inversión, bancos) y su oferta en alquiler social pondría de inmediato a disposición de los ciudadanos una gran oferta de viviendas que atacaría de lleno a uno de las raíces del problema: el monopolio del sector en unas pocas manos, para promover la especulación de unos cuantos rentistas y especuladores de acciones.
Pero esto es lógicamente inasequible para gobiernos que se desentienden de la lucha de clases y que nos venden que trabajan para todos en una especie de paz social propia de una realidad paralela. Mientras los partidos «progresistas» no quieran enfrentarse con los fondos de inversión (o lo hagan sólo cuando no poseen carteras ministeriales), ni contra una Unión Europea que nos lleva a una guerra contra supuestos enemigos y ptetende gastar miles de millones en armas, formarán parte del problema y no de la solución.
