Así pues, durante semanas me dediqué a publicar hilos desde la cuenta de Élite explicando en qué consistían todas estas cláusulas abusivas de los contratos de Uber y de Cabify que había encontrado, más concretamente sobre la inhibición de responsabilidad (ya que era lo que consideraba el atentado más grave a los derechos de sus clientes de todos los abusos que había descubierto) mostrando decenas de capturas y fotos con las pruebas, señalando las normas que estaban vulnerando y advirtiendo del peligro que podían suponer esas prácticas a las usuarias y usuarios de estos servicios que al final eran los más importantes. Hilos enormes con decenas de tuits aportando muchísima información y mencionando una y otra vez a periodistas, especialistas en Consumo y organizaciones dedicadas a defender los derechos de los usuarios y usuarias como FACUA o la OCU con la esperanza de que lo hiciesen público a través de sus canales de difusión y pudieran empezar a tomar medidas, ya que en ese momento yo todavía no disponía de los medios suficientes para hacerlo por mi propia cuenta.
Tengo que reconocer que también utilizaba esta estrategia para llamar la atención y provocar a los diferentes responsables políticos de todos los problemas que teníamos con Uber y Cabify con el objetivo de poder exponerles ante la opinión pública. Para hacerlo posible creamos una acción llamada “Tormenta” que consistía en coordinar a las decenas de taxistas y de simpatizantes que había en los diferentes grupos para lanzar a la vez cientos de tuits contra cualquier político que en ese momento fuera responsable de controlar los abusos de estas empresas o que hubiera hecho declaraciones contra el taxi o a favor de Uber y Cabify en redes o en la prensa. Era bastante divertido porque pese a que no solían responder para evitar verse expuestos, al tratarse en su mayoría de miembros del PP, Ciudadanos o Vox, su característica soberbia que les hacía creerse que estaban por encima de cualquier taxista acababa provocando que al final siempre hubiera alguno que cayera en nuestra trampa y acabara confrontando con nosotros y nosotras, lo que nos era suficiente excusa para ir todavía más fuerte y además haciendo los posible para que diferentes colectivos o miembros de otros partidos de la oposición con los que compartíamos la misma animadversión se unieran a nuestros ataques. Y no sólo eso porque además hacíamos capturas de todos los mensajes para posteriormente compartirlos durante meses por otras redes con más usuarios y usuarias como Facebook o WhatsApp. Era una auténtica locura enviar una foto de un tuit de uno de estos políticos a algún contacto y que al rato te llegase por tres o cuatro grupos incluso de otros colectivos. De este modo, con el paso del tiempo fuimos perfeccionando nuestra estrategia, por lo que lo mismo lo utilizábamos para avasallar a políticos y periodistas que para lanzar hashtags y hacerlos populares con el fin de visibilizar nuestra problemática. De hecho, se creó un grupo específico para esta acciones, la llamada “Tormenta Tuitera” e incluso salimos en la prensa a través de un artículo que además fue la primera vez que me entrevistaron. Todo vino porque gracias a la presión que hicimos en un momento concreto, conseguimos que a un usuario le devolvieran los más de 3500 euros que Cabify le había estafado. Recuerdo este artículo con mucho cariño porque fue el resultado de la gran labor de mucha gente. Como anécdota, en las declaraciones aparezco con mi nombre y mi segundo apellido en lugar del primero, lo que hizo que muchos me empezasen a llamar de este modo (Carlos Expósito) cuando únicamente me lo cambié por miedo a que alguien de mi trabajo lo leyera y tomase represalias contra mí.
Por otra parte, también desde la cuenta de Élite Barcelona me dedicaba a llamar la atención de todos esos “expertos” cercanos a la CNMC tirándoles el anzuelo para poder enzarzarme con ellos ahora que nos veíamos más preparados. Si algo bueno se puede sacar de tanta altanería y clasismo es que para mi sorpresa, la mayoría picaron, por lo que en muchos casos conseguimos hacerles un buen traje mientras que en otros, jugaron la carta de la retirada a tiempo como si fuera una victoria.
Además, era muy curioso ver cómo aquellos que menospreciaban nuestros perfiles personales cuando hacíamos el intento de debatir entraban a trapo con la cuenta de Élite Barcelona nada más mencionarlos, lo que me hizo suponer que ya nos consideraban lo suficientemente “importantes” y “dignos” de ellos… Bueno eso o simplemente que nos habíamos convertido en el “enemigo a batir”, (sí, lo sé, es que estaban muy “flipaos”) lo que fue para mí fue un completo orgullo.
Finalmente, fruto de este trabajo de concienciación en redes también conseguimos tejer relaciones con perfiles muy importantes, sobre todo personas de fuera del taxi que posteriormente en momentos duros nos apoyaron incondicionalmente cuando más lo necesitábamos, como varios líderes de opinión, compañeros y compañeras de otros colectivos, sindicatos de clase y partidos políticos, algo que nos ha dado muchísimo empuje y ha sido determinante para poder seguir adelante, facilitandonos la labor de llegar al público en general y al resto de trabajadores y trabajadoras para conseguir su apoyo pese a las campañas de desprestigio contra los taxistas manejadas por las plataformas desde algunos medios. Ese era uno de los objetivos desde el principio, sobre todo tras la nefasta experiencia a nivel mediático que nos supuso la vuelta de Uber. Nos costó, pero al final todo llega.
De este modo la actividad de la cuenta de Élite Barcelona se fue volviendo cada vez más frenética por lo que partir de ahí, el Jefe junto otros compañeros y compañeras más especializados en comunicación de otras asociaciones que ya contaban con su propia infraestructura empezamos a organizamos también para poder estar en contacto de manera constante y crear un frente común mucho más amplio y más fuerte con el objetivo de preparar nuestra siguiente gran cita: La defensa en los tribunales de la ley que debía controlar la actividad de Uber y Cabify la cual, por culpa del gobierno del PP no se cumplía, pero que había sido recurrida por la CNMC en el Supremo con el fin de borrarla del mapa para liberalizar el taxi de manera encubierta tal y como quería Uber.
Entre tanto, Élite seguía creciendo de manera vertiginosa a nivel mediático y con apoyos de dentro y fuera del sector, por lo que también acabé haciéndome cargo de la cuenta de la Federación Élite Taxi España, la organización que englobaba a todas las asociaciones Élite a lo largo y ancho del país y que servía de nexo de unión entre ellas, pero que pese a su importancia su Twitter estaba totalmente abandonado. De todas formas, mi gestión en Élite España tampoco tuvo tanto recorrido ya que pese a que la marca tenía mucho tirón, la organización catalana lo eclipsaba todo sumado a que yo no me sentía cómodo ya que debía rendir cuentas a más personas, la mayoría desconocidas para mí, lo que me hizo ser más correcto para evitar polémicas, perdiendo toda esa garra y esa filosofía de Élite Barcelona en la que había encajado tan bien. No obstante, la onda expansiva que generó el perfil catalán resonó tanto que la cuenta de la federación creció también de manera exponencial únicamente por el hecho de ir a su rebufo. Por suerte, una vez dejé de gestionar la cuenta el relevo lo tomaron unos compañeros que a día de hoy siguen realizando una gran labor.
Posteriormente, en abril de ese mismo año fuimos testigos de una de las pantomimas más vergonzosas en la historia del sector. Todo vino con la aprobación de un Real Decreto Ley que según vendían algunos, iba a conseguir “salvar al taxi” ya que aseguraban que gracias a esta norma se conseguiría frenar la sangría de concesiones de autorizaciones de vehículos VTC que desde hacía años habían superado el límite legal y que había provocado todos los problemas que estábamos sufriendo.
Esto en realidad ni era una victoria para los taxistas ni había nada que celebrar, de hecho era al revés, nos acababan de volver a engañar ya que al final, el Real Decreto no era más que poner un dique al mar mientras nos obligaban a conformarnos con las sobras para contentar al sector. Esto sucedía porque la lucha no estaba sólo en paralizar las concesiones que se estaban dando como se pretendía con esta ley, sino que había que conseguir que además se pudieran retirar de la circulación los miles de vehículos de Uber y de Cabify que estaban operando de manera ilegal desde hacía años cosa que el decreto no conseguía. Y todo perpetrado por el mismo gobierno del PP de un tal M.Rajoy que anteriormente ya había creado un vacío legal para favorecer a estas plataformas y a cuatro listos (algunos incluso desde la misma asociación que celebraba el RDL) que dispusieron de mucha información privilegiada para hacerse ricos a costa de acumular permisos administrativos que no debieron otorgarse porque eran ilegales. Por cierto, en cuanto a esto último, es curioso que pese a que estas personas actualmente son los dueños de las principales flotas de vehículos VTC que surten a Uber, a Cabify y a Bolt y desde hace muchos años son señalados como enemigos del sector, gran parte de la prensa siempre les recuerda como los “ex jefes del taxi” para utilizarlo arma arrojadiza contra los taxistas. Pues no, no son jefes de nada. Son unos traidores que engañaron a sus compañeros y compañeras y poco más.
Volviendo a la pantomima del Real Decreto que no valía para nada, la que era la asociación mayoritaria en ese momento convocó a bombo y platillo una rueda de prensa para celebrar su inminente aprobación y así poder lanzar a los cuatro vientos que habían salvado al sector, con lloros de por medio y con una emoción que dió mucha vergüenza ajena porque se notaba que era bastante forzada.
Y tengo que decir forzada porque la realidad era que llevaban meses sufriendo la espantada de cientos de socios por culpa de su lamentable gestión y ante la falta de resultados, por lo que parece que aprovecharon este movimiento para escenificar una falsa victoria ante la necesidad de celebrar algo a la vez que conseguían relajar la presión que los taxistas habían empezado a ejercer sobre el gobierno del PP, partido del que eran afines y que ya en ese momento estaba sufriendo el rechazo de miles de taxistas al ser considerados como los auténticos culpables de esta situación.
Entrando en materia sobre esta ley supuestamente milagrosa, sobre el papel el RDL no era más que una norma que iba a prohibir conceder autorizaciones VTC para frenar la concesión ilegal de este tipo de permisos a las empresas de vehículos que trabajaban para Uber y Cabify. Pero por desgracia había un pequeño detalle que parece que a muchos se les pasó por alto, no sé si de manera interesada: No tenía carácter retroactivo, es decir que esta ley también establecía que pese a la prohibición de la concesión de autorizaciones VTC, se podían otorgar las que hubieran sido solicitadas hasta el mismo momento de la aprobación de la norma, lo que provocó auténticos disparates aprovechando este decreto, como que Cabify pidiera más de 60.000 autorizaciones de vehículos VTC sólo para la Comunidad de Madrid unos días antes de que el RDL se hiciera efectivo con el fin de esquivar la ley, reventar el mercado y acabar de destrozar el tráfico en la región para paulatinamente ir desplazando al taxi y al resto de servicios de transporte público de nuestras ciudades.
¿Os imagináis lo que hubiera supuesto la entrada de todos estos vehículos en la capital? Es que hasta lo denunció la misma prensa que estaba acostumbrada a publicarles artículos que parecían publirreportajes porque todos sabíamos lo peligroso que era lo que estaban intentando hacer. Es que Cabify pidió casi el mismo número de licencias de taxi que hay en toda España para meterlas sólo en Madrid. Evidentemente lo que estaba pasando es que se les acababa el negocio de la compraventa de autorizaciones VTC, un tinglado que tenían montado en el mercado secundario para ganar mucho dinero especulando con todos estos permisos (incluso vendiéndolos a sus mismos conductores) por lo que encontraron un filón en el RDL gracias a la prohibición de las concesiones, ya que una vez aprobada la norma, los precios de estos permisos se dispararían. De hecho, en ese momento el coste por solicitar una autorización VTC era de unos 30 euros y pasaron a venderse prácticamente al día siguiente por unos 50.000 llegando hasta la actualidad donde ya superan los 100.000 euros en muchos casos, gracias a las leyes a medida de Cabify y de Uber creadas por Isabel Díaz Ayuso. De ahí que Cabify siga a día de hoy batallando en los juzgados por esas miles de autorizaciones que finalmente le fueron denegadas al no cumplir los requisitos legales para otorgarse, hasta el punto de que pese a que los permisos VTC les han sido rechazados en reiteradas veces, los han puesto en venta para sus conductores con el fin de presionar a la administración mientras los siguen recurriendo. Como se puede comprobar, una vez más Cabify antepuso el dinero y sus chanchullos al interés general y al derecho de la movilidad de los ciudadanos intentando convertir la ciudad de Madrid en un auténtico caos con sus vehículos. Aunque bueno, poco más o menos como está ahora por culpa del PP y de sus leyes a medida para favorecer a estas empresas.
Esto a lo mejor no debería saberse pero en una reunión pude ver los documentos de esas 60.000 solicitudes las cuales, se hicieron en varias tandas a través de todas esas filiales que tiene Cabify para ceder a sus trabajadores ilegalmente y realmente daba escalofríos sólo de imaginarlo. Por suerte, lo que vino después pudo poner algo de orden en todo el caos que se había generado aunque desgraciadamente, hasta hace relativamente poco hemos seguido estando inmersos en una montaña de pleitos por la concesión de todas esas autorizaciones VTC que como decía, ahora dependen de la administración, concretamente de Isabel Díaz Ayuso, una de las personas que más daño ha hecho a los taxistas y sigue haciendo al sector, a los colectivos sociales y a la clase obrera en general. Y todo sin contar a las 7291 personas que dejó morir en las residencias.
