El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), en Estrasburgo, ha emitido resolución favorable a la reclamación colectiva presentada por UGT en marzo de 2022 sobre el coste de los despidos improcedentes.
La normativa española estaría incumpliendo el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la OIT al fijar la indemnización por este tipo de despidos en 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, algo asequible y nada disuasorio.
La resolución del órgano de justicia del Consejo de Europa vendría a destacar que la normativa española no es suficientemente reparadora ni proporcional al daño que producen los despidos declarados improcedentes mediante sentencia porque fija de manera predeterminada y única la cuantía y el cálculo de la indemnización.
Si bien el contenido exacto del fallo del CEDS se conocerá dentro de unos meses, se prevé que la legislación afectada sea, fundamentalmente, el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 110 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Los despidos improcedentes son los que no tienen una razón objetiva de la empresa para efectuarlos y la resolución del CEDS abre la puerta a establecer una indemnización “reparadora”.
Este fallo del CEDS se conoce tras un pronunciamiento el pasado 20 de marzo en sus Conclusiones de 2023 en las que carga contra el sistema de indemnizaciones tasadas en España para un caso concreto relacionado con el permiso por maternidad.
“El Comité señala que el límite máximo de los baremos de indemnización no permite conceder a un trabajador una indemnización superior en función de todas las circunstancias, ya que los tribunales solo pueden ordenar una indemnización dentro de los límites del baremo”, señala el texto.
La resolución del CEDS es de “carácter vinculante” y “de obligado cumplimiento”. Por ello, la legislación española se ha de modificar, aunque suscite críticas entre los empresarios e incluso en una parte del Gobierno. No obstante, no todos los países que han tenido fallos similares han acometido cambios, como es el caso de Francia.
Cabe recordar que la anterior ministra de Economía, Nadia Calviño, no estaba de acuerdo con aumentar el coste del despido en ningún caso.
Estas medidas, sin embargo, no garantizarían el puesto de trabajo ni vendrían a cambiar el hecho que el despido en España siga siendo libre, sino que sólo cueste un poco más.
