El Prevent Duty o el Deber de Prevención fue establecido por la Ley de Seguridad y Contra el Terrorismo británica de 2015 e impone a “autoridades específicas» como escuelas, colegios, universidades, autoridades sanitarias, autoridades locales, policía y prisiones, considerar el riesgo de radicalización como parte de su trabajo diario, la obligación de tener «la debida consideración a la necesidad de prevenir de que personas se conviertan en terroristas o apoyen el terrorismo”. La guía actualizada de funciones entró en vigor el 31 de diciembre de 2023.
El comunismo está entre las ideologías documentadas, el documento Prevent Duty, es el plan oficial británico para frenar la radicalización, incluye creer en el socialismo, el comunismo, el antifascismo y el antiaborto en una lista de posibles signos de ideologías que conducen al terrorismo.
El Gobierno del Reino Unido ha definido el extremismo en la estrategia Prevent como: “oposición vocal o activa a los valores británicos fundamentales” . El extremismo se puede utilizar para describir formas de expresión política tanto violentas como no violentas; sin embargo, tiende a referirse más a ideologías o creencias radicales que a actividades. Ser extremista puede significar cualquier cosa, desde ser nacionalista, comunista o activista por los derechos de los animales, siempre y cuando se considere que esta ideología se opone a la posición del gobierno.
Se produce cuando el gobierno conservador considera ampliar lo que considerará extremismo. El documento está en línea de la “Formación de sensibilización preventiva” dirigida a personas sujetas al deber de informar si sospechan de radicalización. Eso incluye a maestros y trabajadores juveniles. La capacitación concluye con una lista de comportamientos preocupantes que incluyen comportamientos como tener más de una identidad en línea y descargar material de propaganda, hasta volverse más argumentativo, cambiar de grupo de amigos y usar símbolos asociados con grupos extremos.
El sesgo en el entrenamiento de ‘prevención’ muestra cómo se politiza el contraextremismo.
Grupos de DDHH denuncian que el gobierno realiza intervenciones políticas con el pretexto de detener el terrorismo. En un apartado sobre la izquierda afirma: “Dos ideologías amplias: el socialismo y el comunismo. Cada uno está unido por un conjunto de narrativas de agravios que subrayan su causa”.
Ha habido casos destacados en los medios de comunicación sobre personas que han sido denunciadas erróneamente a Prevent, razón por la cual la definición amplia de “izquierda” como extrema ha generado preocupaciones entre muchos de los que han completado el curso de formación que no proporciona más detalles ni definiciones, El curso de sensibilización de 11 minutos obligatorio para trabajadores de los servicios públicos corre el peligro de convertirse en una herramienta de propaganda
En una sección sobre ideologías monotemáticas, el documento oficial dice: “Es probable que las narrativas provengan de quienes buscan cambiar una política o práctica específica, en lugar de reemplazar todo el sistema económico, político o social. Los ejemplos incluyen los derechos de los animales, el antiaborto o el antifascismo. Las narrativas de un solo tema pueden ser políticamente agnósticas, lo que significa que pueden no estar ni alineadas con la derecha ni con la izquierda”.
Amnistía Internacional lo califica como una ‘intervención previa al crimen’, interfiere gravemente con la vida y las libertades de miles de personas inocentes, y está llevando a muchas personas a autocensurarse por miedo a ser denunciadas. En su informe: “This Is The Thought Police: The Prevent duty and its chilling effect on human rights , Prevent es un instrumento contundente, afirma: “Esta es otra ofensiva más del gobierno del Reino Unido para reprimir la libertad de expresión –incluido el discurso político y el activismo–. Se está utilizando descaradamente la prevención para atacar la expresión política, como se ha criticado durante mucho tiempo. El gobierno no debería dedicarse a impartir capacitación y orientación sobre lo que consideran ideologías políticas y formas de activismo aceptables o inaceptables”.
Un portavoz del Ministerio del Interior británico declaró: “Prevenir acuerdos con todas las formas de radicalización y es importante que esto se comunique de manera efectiva en nuestros productos de capacitación para que los profesionales de primera línea estén equipados para tomar las medidas adecuadas.” y añadió: «Todos los productos de capacitación se actualizan periódicamente para garantizar que reflejen el panorama de amenazas más reciente».
El texto oficial dice que los detalles que se deben proporcionar a las autoridades sobre cualquier persona remitida a Prevent deben incluir nombre, religión, nombre de la red social, origen étnico, nacionalidad, idioma principal, estatus migratorio o de asilo y cualquier detalle familiar adicional. También dice que los datos que se pueden compartir pueden incluir neurodivergencia, salud mental, detalles sobre salud emocional y factores culturales.
También pide que cualquier referencia incluya detalles que «proporcione detalles de la ideología que puede estar contribuyendo a que la persona sea susceptible a la radicalización».
Rights and Security International, grupo de defensa de DDHH expresó «Durante años, hemos expresado preocupación sobre cómo el concepto amplio de ‘extremismo’ del gobierno podría estar abierto a abusos politizados. Parece que esta preocupación ahora se ha materializado a través de una distinción flagrante entre cómo el gobierno quiere tratar a las personas de «izquierda» y a las de «derecha». Si ‘extremismo’ puede significar cualquier cosa que el gobierno quiera, ese es un claro problema para la democracia»
La publicación de un nuevo informe de la organización de privacidad y libertad de expresión Open Rights Group plantea preocupaciones de que los datos de las personas remitidas al programa Prevent se comparten ampliamente y se conservan durante años, incluso cuando las derivaciones están marcadas como «sin más acciones».
También indicó que parecía haber una falta de supervisión y escrutinio parlamentario sobre el intercambio de datos. Encontró que la abrumadora mayoría de las personas sujetas a derivaciones de Prevent no alcanzaron el umbral para una intervención de desradicalización, sin embargo, sus datos se conservan durante al menos seis años, y hasta 100 años. La investigación encontró que los datos se comparten en múltiples bases de datos, se comparten con aeropuertos, puertos y servicios de inmigración. Esto podría explicar los informes de que personas remitidas a Prevent han sido posteriormente interrogadas en puertos y aeropuertos.
