Por Karina Castelao
Hubo la semana pasada dos de esas noticias relacionadas con el mundo transgenerista que, aunque empiezan a ser habituales, no las hace ser menos esperpénticas.
Un ginecólogo francés desató la polémica en su país al negarse a atender a una mujer trans – la que, por cierto, conservaba intactos sus genitales de varón – y expresar públicamente dicha negativa diciendo que él «atendía solo mujeres, no hombres».
La otra noticia, ésta en nuestras fronteras, fue la de un individuo acusado de haber maltratado a dos de sus exnovias y que solicitaba el indulto alegando que las agresiones habían sido consecuencia del rechazo y el shock que le provocaba sentirse una lesbiana atrapada en el cuerpo de un hombre.
La primera noticia se ha saldado con la denuncia por discurso de odio de parte de una asociación LGTBIQ+ francesa, y la segunda, con la solicitud de la Plataforma Trans, presidida por Mar Cambrollé, de que no se le «conceda» la «mujeridad» al susodicho maltratador porque las mujeres trans son seres de luz y solicitar el cambio de sexo registral siendo un delincuente, es fraude de ley.
No es necesario recordar que, según la Ley Trans, la identidad sexual es un «sentimiento interno» que nadie puede verificar y que las tendencias criminales no lo anulan, pero se ve que la ley está empezando a mostrar esas fisuras tamaño Cañón del Colorado que predijimos las feministas hace ya más de un lustro, y que hay que intentar como sea que el discurso de la secta no se desmorone al menos de una forma tan escandalosa ni tan rápida.
En fin, que ambas noticias nos llevan de nuevo a la pregunta trascendental de si «¿las mujeres trans son mujeres?», o a la más «irrespondible» aún de «¿qué es una mujer?».
Hace unos meses y a raíz de la historia de aquella pobre empleada del LIDL que fue acusada de transfobia por llamarle «caballero» a una persona con apariencia totalmente masculina pero que llevaba vestido, nuestra nunca bien ponderada Ministra de Igualdad afirmaba que «Hay que volver a decirlo: una mujer trans es una mujer. En España todas las personas tenemos derecho a ser quienes somos. Negar a una persona trans su identidad es odio y transfobia. Y piénsenlo un minuto, es crueldad.» Se ve que el escarnio y la exposición pública de una trabajadora por parte del colectivo trans, entrevistas en prensa, en televisión e hilo de X mediante, Irene Montero no lo ve lo suficientemente cruel, pero que dirigirse educadamente a una persona según el apelativo que dictan los sentidos, es similar a arrancarle la piel a tiras.
El caso es que cuando se le pregunta «¿qué es una mujer?», algo imprescindible para poder decir que una mujer trans lo es, Montero elude la respuesta mediante definiciones circulares o que describen sus circunstancias de opresión. Tal es así que en una entrevista de hace unos días decía que «mujer es alguien que por el hecho de ser mujer tiene más riesgo de pobreza, más precariedad laboral, más riesgo de sufrir violencias machistas, de ver vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos.» Es decir, que para Irene Montero ser mujer es aquello que la oprime. Al menos ahora ya no se atreve a definir mujer en función de su talla de sujetador como hacía hace dos años. Ahora solo se limita a tomarnos el pelo yéndose por los cerros de Úbeda cada vez que le solicitan dicha definición.
¿Cómo entonces, si ni la propia promotora de la ley trans es (deliberadamente) incapaz de definir qué es una mujer, puede afirmar que “las mujeres trans son mujeres”? Pues porque la transexualidad es una ficción legal. Y sí, digo transexualidad por que en el ordenamiento jurídico español lo que se cambia es el sexo aunque todo el mundo sepa, Irene Montero incluida, que según su definición universal, eso sea algo que no se puede hacer.
Llamamos ficción legal a una “técnica jurídica que consiste en atribuir a determinadas personas o cosas una condición que no poseen para poder otorgarles determinados beneficios”. Es decir, una ficción legal es un vericueto jurídico cuya finalidad es dar o garantizar derechos.
Uno de los ejemplos más conocidos de ficción legal es la adopción. La Enciclopedia Jurídica define adopción como ‘acto jurídico solemne que crea la ficción legal de considerar padres e hijos a quienes no lo son por naturaleza, estableciendo una apariencia de filiación cuasi legítima’. Dicho de otro modo, para garantizar que los adoptados disfruten del derecho a una familia y a su debida protección, educación, manutención, etc, se considera legalmente que son hijos de los adoptandos en los mismos términos que los hijos naturales lo son de sus progenitores. Por tanto, una madre adoptiva es exactamente igual que cualquier otra madre en responsabilidades y derechos con respecto a sus hijos adoptivos sin que eso varíe ni vaya en detrimento de lo que la ley establece con respecto a que la filiación en nuestro país sea por parto. O sea, en España, la madre es la que pare a un hijo aunque también existan madres adoptivas que legalmente sean igual de madres.
Pues con respecto a la transexualidad ocurre lo mismo. Originariamente, una persona transexual era aquella que, debido a las modificaciones corporales que se realizaba hasta alcanzar lo que legalmente se llamaba “ficción de hembra” (la transexualidad masculina no existía), un juez, y con la finalidad de facilitarle la vida y dotarla de ciertos derechos que derivaban de su nueva condición, le concedía el cambio de nombre y de sexo en el registro civil. Sin embargo, carecía de otros derechos como, por ejemplo, a contraer matrimonio o a ingresar en una cárcel de mujeres, cuestión que se modificó mediante una instrucción del año 2006. Esto fue así desde los años 80 del pasado siglo hasta la Ley Trans del 2007.
A partir del 2007 y hasta marzo de 2023 ya no sería necesaria la intervención judicial para realizar e cambio de sexo registral en ambos sexos – solo una serie de requisitos de verificación – y la persona transexual tenía todos los derechos constitucionales garantizados en la misma forma que el resto de personas de su nuevo sexo, sin detrimento alguno a la consideración real de que mujer sea el concepto que designa a las hembras de la especie humana y hombre a los varones de la misma.
Pero, ¿por qué entonces ahora ningún miembro gubernamental quiere definir qué es ser mujer? Porque la nueva Ley Trans, al no establecer ningún requisito de verificación tan solo la palabra, definir “identidad sexual” como un sentimiento interno y basar el cambio de sexo registral exclusivamente en ello, permite que la consideración de mujer sea algo ajeno a la definición natural de la misma. Es decir, que en España desde marzo de este año, ser mujer ya no es serlo.
Volviendo al símil de la adopción, es lo mismo que está ocurriendo con la mal llamada gestación subrogada y sus aviesas pretensiones: que madre ya no sea la que pare porque existen madres de intención que no se quieren considerar adoptandas.
De todo esto es de dónde parte esa nueva terminología que no hace más que seguir considerando a las mujeres como la otredad, anteriormente como no hombres y actualmente, mediante invenciones como el prefijo “cis”, como no trans. Terminología no solo del mundo transgenerista que nos denomina como “seres menstruantes” o “personas que sangran”, sino que los “surrópatas” tambien utilizan cuando en vez de hablar de madres biológicas al referirse a las mujeres que explotan para extraerles sus hijos, hablan de sus “gestantes” o “vientres surrogados” como si las mujeres fueramos Señoras Potato construídas por partes.
En resumen y para ir acabando, a la pregunta de “qué es una mujer” la respuesta es la de siempre: personas de sexo femenino. Y para completar, sexo sería el criterio orgánico diferencial entre los machos y las hembras de las especies sexuadas, como es la nuestra.
A la pregunta de si “las mujeres trans son mujeres”, la respuesta es que legalmente hay que considerarlas como tales aunque naturalmente no lo sean ni puedan llegar a serlo nada más que en apariencia.
La cuestión es si es lícito crear una ficción legal para dar derechos a personas que es imposible que puedan sentirse de una realidad que son incapaces de definir y que, no solo no les son necesarios, sino que los están usurpando a quienes legítimamente los necesitan. Yo digo que no, no es lícito y no debería de ser legal. Pero ¡TRANSFOBIA!
