La Ley 2/2023, reguladora de la protección al denunciante, establece la obligación para mercantiles con más de 250 trabajadores y antes del 13 de junio de 2023, de contar con un canal de denuncias, y un sistema de gestión y protección de los informantes en evitación de represalias. Aquellas mercantiles cuya plantilla esté entre 50 y 249 trabajadores tienen de plazo hasta el 1 de diciembre de 2023.
El día 21 de febrero se publicó en el BOE la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, en transposición con la Directiva Europea 2019/1937, conocida como Directiva Whistleblowing, El objetivo es proteger a las personas que en el ámbito laboral detecten infracciones penales o administrativas y puedan comunicarlas a los organismos competentes.
El canal de denuncias, también llamado “sistema interno de información”, es una herramienta que permite a los trabajadores informar, sin que sufran represalias por ello, sobre conductas ilegales en su empresa. La protección se extiende, en principio, a los dos años siguientes al momento de la comunicación, pero puede extenderse más allá de ese período si hay causas que lo justifiquen. De hecho, cuando el informante haya acreditado que ha comunicado y ha sufrido un perjuicio, se presumirá en los procedimientos judiciales que el perjuicio se produjo como represalia, y corresponderá a la persona que haya tomado la medida probar que se basó en motivos justificados ajenos a la comunicación. En cualquier caso, estos actos de represalia serán nulos y darán lugar a medidas de responsabilidad e indemnizatorias.
La ley aprobada señala la necesidad de que se integren todos los canales de denuncias de empresas y entidades públicas en uno. Hasta la fecha había uno para compliance penal y otro para acoso. Ahora se trata de hacer la integración y crear una política del canal de denuncias único para toda la compañía y un solo canal para cualquier tipo de denuncia o infracción.
Al mismo tiempo, impone a las compañías establecer medidas de apoyo a las personas que hayan presentado denuncias, lo que implica crear una nueva política dentro de las empresas para apoyar y hacer seguimiento de todas esas denuncias.
La norma señala que habrá que ofrecer información y asesoramiento integral sobre los recursos existentes y habla incluso de posible apoyo financiero y psicólogo de forma excepcional, si procediese, para el denunciante.
La referida Ley es de aplicación tanto en la empresa privada, como en el sector público.
