Braulio Moreno Muñiz.
Como es costumbre en mí, en las líneas que siguen, y hablando de los impuestos, no voy a hacer un derroche de cifras estadísticas, ni de complejos algoritmos matemáticos, eso lo dejamos para los economistas.
Lo que pretendemos es centrarnos en el aspecto filosófico de eso tan vilipendiado, denostado, criticado y atacado por la derecha como son los impuestos.
El conservadurismo liberal, representante sobre todo de las clases pudientes, demoniza todo lo que tenga que ver con la cuestión impositiva, alegando que el dinero de los ciudadanos donde mejor está es en sus bolsillos. Claro, que esto es referido a aquellos que tengan suficientes ingresos económicos para llenar estos.
En consecuencia, nos bombardean con todos los medios del que disponen, atacando todo lo público. Así que en los lugares en que gobiernan estos adalides de la libertad hay una oleada, a veces encubierta y otras descarada, para acabar, lo que, según ellos, es un derroche del esfuerzo económico de los ciudadanos.
Cuando se fundó el Régimen Constitucional y se configuró el Estado de las autonomías, se pensó que para financiar estas, lo idóneo era ceder una serie de impuestos a los gobiernos autonómicos. De manera, que se autofinanciaran para desarrollar sus políticas públicas. También el Estado Central, vía Presupuestos Generales del Estado aportaría un complemento para la financiación de las comunidades autónomas. Hasta ahí, bien, todo iría como la seda. Esto sería así mientras el gobierno central coincidiera políticamente con los distintos gobiernos autonómicos. Pero cuando hubo diferencias políticas entre el color de las mayorías de los parlamentos autonómicos y del Estado, configurando estos poderes ejecutivos de partidos diferentes, comenzaron los enfrentamientos ideológicos entre ellos. Esto se reflejó claramente cuando, sobre todo, en Cataluña y en Euskadi las burguesías independentistas vascas y catalana conquistaron la hegemonía en los parlamentos respectivos. Así que empezaron a exigir más cuotas de responsabilidad de funciones ejecutivas, para, de esta forma, emprender el camino hacia la consecución de un Estado independiente. Lo que supondría que al tener que satisfacer más necesidades de supuestos beneficios para los ciudadanos bajo su gobierno necesitarían más financiación. Empezando así una batalla económica entre autonomías y gobierno central.
Mientras, en las demás comunidades autónomas, se desarrolló, en cada una de ellas el espejo del bipartidismo a nivel estatal. De forma tal, que dependiendo de si el color dominante en los distintos parlamentos autonómicos coincidía o diferían respecto al ejecutivo central, había más o menos nivel de beligerancia entre ellos.
El ejemplo más claro y reciente lo tenemos en la actualidad, pues mientras el gobierno central está formado por partidos de izquierdas, hay comunidades autónomas con mayoría conservadora. La fricción entre ellos por cuestiones de financiación, está a la orden del día.
Siguiendo la política liberal de los conservadores, los gobiernos autonómicos liderados por la derecha, eliminan impuestos, cumpliendo así sus promesas electorales, ya que no aprovechan la potestad recaudatoria que les otorga el sistema legal, viéndose así justificadas sus políticas de recortes o deteriorando adrede los servicios públicos que están obligados a ofrecer a los ciudadanos de estas comunidades. Entonces nos encontramos con la paradoja de que estos gobiernos autonómicos renuncian voluntariamente a financiarse con los impuestos que les corresponde recaudar y, sin embargo, exigen más financiación del gobierno central. Si el Estado accede, los presupuestos se inflan y, a su vez, se verá obligado a aumentar ellos los impuestos a los ciudadanos de todo el país. Lo que aprovecha la derecha para criticar este aumento impositivo, en cambio, estos gobiernos autonómicos intentan demostrar su buen hacer descargando a los ciudadanos de la obligación de dedicar parte de sus ingresos a financiar los gastos comunes de toda la sociedad.
En nuestro país los impuestos son progresivos, lo que quiere decir que más se paga cuanto más se tiene. Otro de los bulos de la derecha es que nos obligan los gobiernos progresistas a pagar demasiados impuestos a “todos los ciudadanos”. Extendiendo la idea de que tanto el que percibe un salario por debajo del S.M.I, ingresará en la hacienda pública lo mismo que el que gana millones de euros al año. Todo el que tenga un poco de sentido común, sabe que esto no es cierto. Sin embargo, la derecha nos uniformiza a todos, metiéndonos a todos en el estatus de “ciudadanos”. Lo que nos lleva a otra paradoja: que cuando la administración estatal ha creado un impuesto a las grandes fortunas, hay comunidades autónomas que piden al Constitucional la suspensión cautelar de este tipo de impuesto, mientras se decide si es Constitucional o no, para proteger a todos los ciudadanos. Lo que da la sensación de que para la derecha todos los españoles estamos asfixiados por este impuesto, ya que somos todos los que ostentamos “grandes fortunas”.
En resumen, que, por un lado, dejan de ingresar impuestos, las comunidades autónomas regidas por la derecha, intentando dar así la imagen de un buen hacer ahorrando dinero público, cuando en realidad lo que hacen es endosar la responsabilidad de recaudación al gobierno central, para luego criticar a este por su afán recaudatorio. Y, por otro, intentan hacernos pensar que el gobierno central es nuestro enemigo cuando sube los impuestos, o establecen otros nuevos a las empresas energéticas, la banca y las grandes fortunas, o sea que, a todas luces, mienten descaradamente por que la inmensa mayoría de la sociedad, ni somos accionistas de estas empresas, ni somos poseedores de grandes fortunas. Todos estamos observando, incluso nos afecta directamente, como los servicios públicos, sobre todo la sanidad y la educación se han deteriorado en los últimos años, llegando incluso, la sanidad a estar al borde del colapso, debido a los extremos recortes de financiación para desarrollar políticas impositivas conservadoras. Lo que quiere decir que aquellos que somos beneficiarios de las políticas públicas de protección a los ciudadanos, sobre todo, a los que no poseemos grandes fortunas, estamos siendo cada vez más expoliados en lo que a protección de la cobertura de nuestras necesidades esenciales respecta.
Seamos claros, la explotación salvaje a la que somos sometidos el proletariado, en la sociedad capitalista que nos ha tocado sufrir, se palían (que no se solucionan) con políticas de protección a los ciudadanos, porque en todas las relaciones colectivas se producen unos gastos comunes, para sufragar estos, es para lo que sirven los impuestos.
