EEUU construye sus enemigos: primero el comunismo, luego el terrorismo y ahora el narco

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, considera que algunos políticos estadounidenses usan al país como «piñata» para «sacar raja política» (beneficios políticos).

«¿Qué se creen estos mequetrefes intervencionistas y prepotentes? A México se le respeta» sentenció el presidente López Obrador hace algunos días al referirse a los legisladores republicanos que han puesto la participación de las Fuerzas Armadas de EEUU en las tareas de seguridad mexicanas.

Todo imperio necesita organizar objetivos para seguir estableciendo su hegemonía a través de la injerencia sobre las soberanías nacionales, si no son reales los crea. En su narrativa de intereses EEUU ahora ve al crimen organizado mexicano como un argumento antagónico en su narrativa de intereses como fueron con anterioridad el comunismo subversivo en América Latina para intervenir mediante el Plan Cóndor, las repúblicas islamistas con el desmembramiento de Libia por el poder militar de la OTAN con la excusa de «democratizar» o bien Irak con el falso pretexto de existencia de armas nucleares, químicas y biológicas de destrucción masivas (ADM) para intervenir.

Una nueva excusa para invadir

Mientras el mandatario mexicano acusa públicamente a varios legisladores norteamericanos de utilizar al país latinoamericano como una artimaña para conseguir votos rumbo a las elecciones de 2024, los políticos estadounidenses siguen alimentando el caldo de cultivo del discurso de que los grupos criminales mexicanos son culpables de la crisis de opioides a la que actualmente se enfrenta Washington.

López Obrador asegura que, en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 —y en las cuales Donald Trump salió triunfante—, hubo un chivo expiatorio en contra de los migrantes mexicanos, a quienes se tildó de «criminales» y «violadores» desde el Partido Republicano.

El discurso cobra fuerza nuevamente contra México, sobre todo por el consumo masivo de fentanilo que ha provocado un incremento significativo de las muertes vinculadas a sobredosis que en 2021 le quitó la vida a unos 71.000 estadounidenses, y apuntan a las autoridades mexicanas como las mayores responsables de ese problema. Además, dentro de las altas esferas de Washington también se tiene la percepción de que el Gobierno de López Obrador no hace lo suficiente para luchar contra el tráfico de drogas.

El discurso antimexicano busca hacerse eco principalmente entre quienes se conocen como «los perdedores de la globalización», es decir, las personas blancas anglosajonas que habitan en ciudades periféricas castigadas por el desempleo y la falta de poder adquisitivo.

El republicano Lindsay Graham presenta su ‘Iniciativa Narcos’ para catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas que recibió el beneplácito del Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken para declarar a los carteles del narcotráfico en México como organizaciones terroristas extranjeras (FTO —foreign terrorist organizations—).

El 2 de marzo, el actual fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, criticó los esfuerzos que ha hecho México para combatir a los carteles que trafican fentanilo a suelo estadounidense y dijo estar a favor de que se designen a estos grupos criminales como organizaciones terroristas.

En tanto, el 21 de septiembre pasado, el Gobierno de Texas firmó una orden ejecutiva que designa a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, además de solicitar igualmente a Biden que se haga la misma declaratoria a nivel federal contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Recientemente, los representantes republicanos Dan Crenshaw (Texas) y Michael Waltz (Florida) propusieron una resolución para que el presidente Joe Biden autorice el envío del Ejército estadounidense en contra de los cárteles mexicanos de la droga, escribió el exfiscal general del país norteamericano, William Barr, en un artículo para The Wall Street Journal. El objetivo de esta propuesta es poder activar más mecanismos contra estos grupos criminales, como autorizar que el Ejército de EEUU pueda intervenir y combatir a los grupos del crimen organizado, incluso en territorio mexicano.

López Obrador ha respondido a la iniciativa: «De una vez fijamos postura. No vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y, mucho menos, que intervengan Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio».

El negocio de las multinacionales farmacéuticas

El médico Enrique Cifuentes García, del Hospital Monte Sinaí, de Nueva York destacó que, desde hace décadas, dueños de farmacéuticas han promovido el uso de analgésicos y medicamentos de ese tipo, y ahora «hasta el gobierno de EUA habla de una epidemia por opiáceos«.

Se calcula que hay más de 15 millones de adictos enganchados a esas sustancias y que, a menos que algo suceda, morirán de una sobredosis o presentarán enfermedades mentales.

En el año 2021, 107.622 personas fallecieron por una sobredosis de drogas en Estados Unidos, lo cual representó un incremento de 15% respecto a 2020. Las muertes por consumo de fentanilo, metanfetaminas y cocaína en Estados Unidos aumentaron de forma considerable, Cifuentes García durante su participación en un foro organizado por la UNAM aseveró que hasta la fecha se calcula que 1,2 millones de personas han fallecido a causa del consumo de estas sustancias.

El médico mexicano alertó que, si la tendencia no se revierte, para 2030 las muertes por adicción podrían sumar 2 millones de víctimas, es decir, se duplicará el problema. Este fenómeno, ya considerado epidemia, se debe en buena parte a políticas públicas equivocadas.

«Explorando la epidemia por opioides, uno llega hasta mediados de los años 90, pero hizo explosión en los últimos años, en particular durante los peores meses de la pandemia por COVID, cuando la gente estaba encerrada y los adictos a analgésicos salieron a la calle a buscar heroína barata, muchas veces mezclada con otras sustancias», señaló.

El auténtico sustrato de este problema de salud son las condiciones sociales desiguales del país, determinantes sociales imperantes debido al sistema económico de EEUU como pobreza, racismo y violencia institucionalizada, que se expresa en escuelas, barrios, cárceles y hospitales.

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