Los funcionarios de justicia han anunciado una huelga general indefinida a partir del 22 de mayo, y prevén un “gran colapso de juzgados y tribunales si el Gobierno no pone encima de la mesa una propuesta económica”.
Este cese se sumaría al ya convocado anunciado por jueces y fiscales para el próximo día 16; convocan también una manifestación en Madrid para el día 25 y continuarán las jornadas de reivindicación previstas hasta el día 18.
“De esta manera, los ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública tienen diez días para evitar el colapso absoluto en la Administración de Justicia”, ha declarado el responsable de Justicia del CSIF.
El CSIF y el STAJ han presentado recursos ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional contra el acuerdo de mejora salarial del Gobierno con los letrados de la Administración de Justicia porque “consideran que vulnera la negociación colectiva en perjuicio de los 45.000 funcionarios del sector”. Alegan que en la Administración Pública la negociación colectiva está regulada por una norma con rango de ley y “la negociación con un Comité de Huelga no puede suplantar la función que deben ejercer las organizaciones sindicales conforme a la ley”. Y añaden que “se pretende obviar toda la normativa de negociación colectiva suplantando a las organizaciones sindicales por unas asociaciones opacas que ni se presentan a unas elecciones y que se dedican a boicotear los procesos electorales impugnando los censos para dar la impresión de que los letrados de la Administración de Justicia no tienen marco de negociación, lo cual es mentira”.
Asimismo, exigen una negociación con el Ministerio de Justicia dado que “no tenemos ninguna oferta económica desde el pasado 24 de abril y nos vemos obligados a radicalizar el conflicto”.
Por su parte, el pasado miércoles, las asociaciones de jueces y fiscales se han reunido con el Ministerio, sin cambios en las posturas de las partes. El Gobierno no ha propuesto nada que cambie el incremento de 46,2 millones que no aceptan los convocantes.
No obstante, las asociaciones progresistas UPF y Jueces y Juezas para la Democracia dan por buena la oferta y esperan que se mantenga en las próximas negociaciones, no así la APM cuyo representante declara que “mantiene la esperanza en que la Mesa Técnica de Retribuciones llegue a buen puerto. Lo hemos pensado desde el primer día y no hay razones para pensar que no sea así cuando acaben estas negociaciones, aunque las propuestas que el Ministerio nos ha planteado nos parecen insuficientes”.
