Este pasado jueves abogados de toda España se concentraron frente al Congreso de los diputados en reivindicación de mejoras laborales para la profesión. Se denuncia la situación precaria, la falta de derechos laborales del colectivo y las escasas retribuciones en los asuntos de oficio. “El 80% percibe ingresos anuales de 20.000 euros brutos, con ese dinero no se puede vivir”, dicen.
También señalan que “Los abogados y abogadas de este país no pueden conciliar, ni suspender señalamientos. Tampoco tenemos derecho a la desconexión digital”, y que “un país sin abogados es un país sin derechos. Hoy rompemos nuestro silencio al reclamar mejoras urgentes en nuestra actividad profesional y en el Turno de Oficio. Es fundamental que se actualicen los baremos con el IPC de forma automática y suprimir el artículo 30 de la Ley de Justicia Gratuita, que deja fuera bastantes actuaciones del Turno de Oficio que hacemos los abogados, pero no se nos paga”.
Antes de la convocatoria, que fue un éxito, se celebró una rueda de prensa en la que comparecieron Francisco Javier Lara, decano emérito de la Abogacía de Málaga junto con Virginia De la Cruz, presidenta de ALTODO y vicepresidenta de CEAT, Alicia Vega, presidenta de CEAT y presidenta de AJATO y África Calleja, vicepresidenta de ALTODO; todos ellos denunciaron la situación actual de la abogacía en general y de los 44.000 abogados del Turno de Oficio en particular, y plantearon que se ha de buscar “que se adopten soluciones y medidas urgentes para que cesen situaciones insostenibles que viven a diario los letrados de este servicio, en referencia a los servicios de guardia obligatorios de 24 horas durante siete días a la semana con una remuneración de dos euros la hora o a trabajar obligatoriamente gratis total sin remuneración por asuntos que carecen del reconocimiento del beneficio de justicia gratuita”.
También las quejas se dirigen hacia las recientes huelgas de los funcionarios de justicia: “Las dos huelgas que ha sufrido la justicia han hecho mucho daño a nuestro colectivo. Hay compañeros que han bajado un 75% de facturación. La situación no se puede prologar mucho más y el Ministerio de Justicia debe ser consciente de ello”.
