No se llegó a ningún acuerdo en la reunión del pasado jueves entre el Secretario general de innovación del Ministerio de Justicia y los Sindicatos. Después de cinco horas de reunión el Comité de huelga manifestó que “no hemos tenido ninguna propuesta económica ni ningún compromiso concreto del Ministerio de las cuestiones que reivindicamos”.
De una parte, el Ministerio no se ha comprometido a una subida salarial para todos los funcionarios de la administración de Justicia, tal y como sucedió con la huelga de los LAJ, y de otra, en la reivindicación sobre la Ley Orgánica de eficiencia procesal, se ha avanzado en el sentido de que se ha conseguido una demora en su tramitación parlamentaria: esta normativa afectaría a 45.000 funcionarios.
Durante este fin de semana el Comité de huelga ha trabajado en preparar alegaciones para presentarlas al Ministerio de Justicia en cuestiones como la flexibilidad de los puestos de trabajo dentro de la oficina judicial y los cambios de destino.
Una siguiente cuestión en el orden del día de la primera reunión fue la de los servicios mínimos. Se hizo por parte de Justicia una propuesta de ampliación de dichos servicios, pero el Comité refiere que “con estos servicios mínimos se ponen dificultades a la huelga y cada vez más hay centros de trabajo donde hay dificultad para ejercer ese derecho de huelga porque no dejan que las actuaciones se desatiendan. Eso significa que el Ministerio no está por alcanzar un acuerdo”, dicen, y “de momento seguimos con la presión de las huelgas y movilizaciones”, advierten.
Por tanto, los paros parciales de tres horas diarias que comenzaron el pasado día 17 continuarán en todos los juzgados del territorio nacional.
Según los sindicatos, a día de hoy los paros parciales han sido secundados por el ochenta por ciento de los funcionarios, y según el Ministerio el seguimiento es del 28,39%.
Los efectos son, de momento, la paralización de 700.000 actuaciones judiciales y la suspensión de unos 100.000 juicios.
