La Restric Act o «Ley de restricción de la aparición de amenazas de seguridad que ponen en riesgo la tecnología de la información y las comunicaciones de 2023″ fue presentada por el senador por Virginia, Mark Warner, el senador John Thune por Dakota del Sur, junto con otros 10 senadores el 7 de marzo de 2023 ante el Senado norteamericano y afecta a una Agencia federal, el Departamento de Comercio de EEUU.
Es un nuevo marco sistemático para abordar las amenazas tecnológicas a la seguridad provenientes de las TICS (productos o servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones) que puedan sufrir EEUU. Básicamente la ley propone que se otorgue al Secretario de Comercio el poder de revisar las transacciones comerciales que involucren ciertos productos o servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones cuando estén conectados a un «adversario extranjero» de los EEUU, y representen un «riesgo indebido e inaceptable» para la seguridad nacional de EEUU o sus ciudadanos.
El texto inicial de la Ley clasifica y demoniza como «Foreign adversary» a la Federación Rusa, China (incluidos Hong Kong y Macao), Corea del Norte, Cuba, Venezuela e Irán como adversarios extranjeros. Se caracteriza como un arma legislativa para restringir o prohibir potencialmente el servicio de una VPN o red privada virtual que proporciona un servidor proxy para ayudar a los usuarios a eludir la censura de Internet o el bloqueo geográfico, afectaría de pleno al servicio de intercambio de videos de propiedad china TikTok para realizar negocios en EEUU.
La administración Biden ha exigido que ByteDance venda TikTok a un propietario estadounidense o que TikTok se enfrente a una prohibición total de sus operaciones en EEUU. Esto ocurre justo antes de que el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, testificase el 23 de marzo ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara. Mientras tanto, se acumulan legislaciones restrictivas en torno a TikTok y empresas de productos y servicios de tecnología (TICS) de fuera de los EEUU.
Previamente el 24 de febrero, el representante republicano por Texas, Michael McCaul presentó la Ley «Deterring America’s Technological Adversaries» (DATA Act) que otorgaría al presidente mayor autoridad para bloquear las transacciones asociadas con la importación o exportación de los «datos confidenciales» de los estadounidenses donde hubiese riesgos de seguridad nacional. El proyecto de ley citaba comentarios públicos anteriores del director del FBI Christopher Wray, el director de inteligencia nacional Avril Haines y el director de la CIA Bill Burns que opinaban que TikTok presenta riesgos de seguridad nacional para los Estados Unidos.
Comentarios de prensa del senador Thuneen del proyecto de ley mencionó a TikTok siete veces, y los otros copatrocinadores también mencionaron a TikTok en los comentarios de prensa.
Desde finales de 2019, TikTok ha estado bajo una investigación de la seguridad nacional realizada por el CFIUS (Comité de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos) debido a la adquisición de la aplicación de redes sociales Musical.ly por parte del propietario de TikTok, Beijing ByteDance Technology Co, por US$1.000 millones. El ultraconservador senador Marco Rubio tuiteó: “Cualquier plataforma propiedad de una empresa en China que recopile cantidades masivas de datos sobre los estadounidenses es una amenaza potencial grave para nuestro país”.
Otro proyecto legislativo, conocido como la ANTI-SOCIAL CCP Act (Ley para evitar la amenaza nacional de la Vigilancia en Internet, la Censura e Influencia Opresivas y el Aprendizaje Algorítmico por parte del Partido Comunista Chino) iría mucho más allá al prohibir por completo que TikTok opere en los Estados Unidos. Con estas acciones, el Congreso asume una mayor responsabilidad al decidir el futuro del servicio para compartir videos de formato corto y restringe las libertades individuales en línea con otra ley federal anterior la «USA PATRIOT Act» aprobada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Intervencionismo presidencial
El proyecto de ley establece que 30 días después de la promulgación del proyecto de ley, el presidente utilizará sus poderes en virtud de la IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) en «la medida necesaria para bloquear y prohibir todas las transacciones en todos los bienes e intereses de propiedad de una red social».
Según Justin Sherman, del Cyber Statecraft Initiative del Atlantic Council, cuyo trabajo se centra en la geopolítica, la gobernanza y la seguridad de Internet, «El proyecto de ley propone una plantilla, un enfoque único para todos, una prohibición total, para las empresas extranjeras de redes sociales identificadas como un riesgo de seguridad según los criterios. En particular, el proyecto de ley también eludiría una limitación de la acción ejecutiva destinada a impedir que el presidente se extralimite al prohibir las transacciones relacionadas con la información»
