Se acaba el calvario judicial de Julian Assange

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La comunidad internacional celebra la liberación de Julian Assange, en la mañana del 24 de junio quedó libre tras haber pasado 1.901 días de sufrimiento en una cárcel británica de máxima seguridad confinado en una celda de 2×3 metros, aislado 23 horas al día. El fundador de WikiLeaks alcanzó un acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos que le permite quedar en libertad después de cinco años de sufrimiento sometido a un régimen de máxima seguridad.

Un tuit de Wikileaks histórico dió la noticia mundial: “Julian Assange está libre. Dejó la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1.901 días».

Assange ahora deberá comparecer ante un tribunal federal en las Islas Marianas, territorio estadounidense en el Pacífico, donde se declarará culpable de «conspiración para obtener y revelar información relativa a la defensa nacional«. La vista se celebra en ese lugar debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a la cercanía del tribunal con Australia. Según el acuerdo judicial Assange solo será sentenciado a 62 meses de prisión, equivalentes al tiempo que pasó tras las rejas en Belmarsh. El jefe editor de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, adelantó que luego Assange viajará a Australia para reencontrarse con su familia.

El australiano Julian Assange, en 2006 cofundador de un medio de comunicación sin fines de lucro al que llamó WikiLeaks. Allí publicó más de 10 millones de documentos clasificados proporcionados por fuentes anónimas. Dio a conocer más de un cuarto de millón de documentos secretos del Departamento de Estado donde se revelaba sin aditamentos ni edulcorantes los modos oscuros y ciertamente criminales con que la Casa Blanca se maneja en el mundo para mantener su hegemonía unipolar.

EE UU le acusó de varios delitos contra la seguridad nacional. En colaboración con la exsoldado Chelsea Manning, obtuvo y publicó documentos confidenciales producidos por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) sobre la intervención militar de EE UU y sus aliados en Irak y Afganistán.

Uno de los documentos filtrados fue el escandaloso «Cablegate”, del 28 de noviembre de 2010 que fue publicado por la prensa del Norte global –el estadounidense The NY Times, el alemán Der Spiegel, el británico The Guardian, el francés Le Monde, el español El País– hecho que enfureció al gobierno de Barack Obama y situó a Assange como el Enemigo Público Nº 1 sin llegar a cuestionar a dichos medios occidentales. Biden, vicepresidente con Obama, en 2010 tildó a Assange de “terrorista de alta tecnología”

El acoso contra la figura pública de Assange se inició cuando la Fiscalía sueca emitió en noviembre de 2010 una orden de arresto europea contra Assange mediante acusaciones sexuales de violación, la fiscal superior adjunta, Eva-Marie Persson comunicaba:

«He pedido a la corte de Uppsala que detenga a Assange en ausencia, sospechoso de violación en grado menor por causa probable. Si el tribunal decide detenerlo, enviaré una orden de arresto europea para que sea entregado a Suecia».

Un mes después fue detenido en Londres, y a partir de ahí comenzó un proceso judicial que culminó en junio de 2012, cuando el Supremo británico reafirmó la extradición a Suecia, entonces el periodista se refugió en la embajada ecuatoriana de Londres en mayo de  durante el mandato de Rafael Correa.

A pesar de que la acusación de tales hechos se revelaron como infundados, el gobierno de L. Moreno le retiró el asilo político supuestamente por quebrantar «convenciones internacionales y el protocolo de convivencia» en la misión diplomática y así el 11 de abril de 2019 fue entregado a agentes británicos quedando bajo custodia de la justicia del Reino Unido hasta que la jueza Deborah Taylor dictó sentencia en grado máximo de pena por el delito cometido, condenándolo a 50 semanas de cárcel por violar las condiciones de libertad condicional en 2012, siendo trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh en la capital británica, casi un año de encierro que casualmente coincidía con la tramitación de la petición de extradición por parte de EE UU para juzgarlo por espionaje, fue acusado de 17 delitos de espionaje y uno de intrusión informática, que podía haber supuesto una pena máxima de 175 años de prisión por filtrar documentos secretos de estado en Wikileaks.

El 4 de enero 2021 prosiguió la batalla legal en el tribunal londinense de Old Bailey. Fue denegada la petición de extradición cursada por Estados Unidos —justificada en sus problemas de salud y riesgo de suicidio— pero la juez Vanessa Baraitser le negó la libertad bajo fianza con el propósito de garantizar que el Gobierno estadounidense de Trump pudiera presentar una apelación que se presento el 15 de enero.

Como en toda petición de extradición presentada en el Reino Unido, el CPS, Crown Prosecution Service (servicio de Fiscalía de la Corona) actúa como una suerte de abogado en nombre del Estado demandante, en este caso EE UU —de igual modo lo hizo con la petición archivada de extradición de la Fiscalía sueca.

Finalmente el 10 diciembre el Tribunal de Apelación de Londres descartó que la vida del activista corra peligro si es entregado a la justicia estadounidense, el juez Timothy Holroyde se limitó a decir: «El tribunal admite el recurso» ante una sala abarrotada por la fuerte expectación mediática del caso. En enero la magistrada de primera instancia Vanessa Baraitser había considerado que Assange corría riesgo de suicidio si era extraditado a EEUU.

El Tribunal sopesó los argumentos de la apelación norteamericana y dio luz verde para que pudiera ser extraditado a EE UU, para ello el Gobierno norteamericano aportó un conjunto de «garantías» (…) para asegurar un proceso justo y mitigar los riesgos para la salud física y mental de Assange.

La defensa de Assange podía apelar la decisión antes de fin de año y dilatar el proceso varios meses. La pareja de Assange, Stella Moris, dijo que el equipo legal de Assange apelará «tan pronto como sea posible» a la decisión del Tribunal de Apelación. Assange podría luego recurrir ante el Supremo británico o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

EEUU continúa fiel el guión de la Doctrina de Seguridad Nacional en que cualquier amenaza a la Seguridad Nacional de EEUU originada en cualquier parte del mundo constituye una acción a favor de una potencia enemiga y considerar a ciudadanos de un país como posibles amenazas a la seguridad. En el discurso de Mike Pompeo, el entonces director de la CIA, el 13 de abril de 2017 en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en Washington D.C., calificó a WikiLeaks como “un servicio de inteligencia hostil” y acusó a Julian Assange y Edward Snowden, excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de ser «una amenaza» para el país con sus filtraciones.

Los periodistas Zach Dorfman, Sean D. Naylor y Michael Isikoff en su artículo “Kidnapping, assassination and a London shoot-out: Inside the CIA’s secret war plans against WikiLeaks” en Yahoo News demostraron la profunda conexión entre la campaña sucia de la CIA (secuestro y/o asesinato) y el intento pseudolegal de procesar a Assange. En septiembre de 2021 una investigación de Yahoo News denunció que la CIA planeaba secuestrar o incluso matar a Assange en la embajada. Esa denuncia fue confirmada por Kristinn Hrafnsson, quien sostuvo que la investigación de Yahoo News no fue desmentida por nadie y fue incluso confirmada por el exdirector de la CIA, Mike Pompeo,

«Preocupado porque los planes de la CIA descarrilaran en un posible caso penal, el Departamento de Justicia aceleró la redacción de los cargos contra Assange para asegurarse de que estuvieran en vigor en caso de que fuera llevado a Estados Unidos».

La experta relatora especial sobre la tortura designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Alice Jill Edwards, pidió en febrero de 2024 a las autoridades británicas que consideraran el recurso de Julian Assange basándose en los temores fundados de que, en caso de extradición, correría el riesgo de ser sometido a un trato equivalente a tortura u otras formas de malos tratos o penas. Advirtió que las repercusiones de este caso podrían influir significativamente en el periodismo mundial y en la libertad de expresión.

En vísperas del «día X» en que se celebraba el proceso de extradición de Julian Assange, los días 20 y 21 de febrero en el Tribunal Supremo del Reino Unido, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) desmontó en 12 puntos los mitos y realidades de las acusaciones contra el australiano.

Cinco años que Assange pasó en una prisión británica de alta seguridad mientras luchaba por evitar la extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos, ganó el derecho a apelar una orden de extradición después de que sus abogados argumentaran que el gobierno estadounidense proporcionó garantías “descaradamente inadecuadas” de que tendría las mismas protecciones de libertad de expresión que un ciudadano estadounidense si fuera extraditado desde Gran Bretaña.

Se pone así fin a un caso penal de intriga internacional y a la persecución de años por parte del gobierno de Estados Unidos de un editor cuyo popular sitio web para compartir secretos lo convirtió en una causa célebre entre muchos periodistas defensores de la libertad que dijeron que actuó como periodista para exponer las irregularidades militares estadounidenses.

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