Alfred de Zayas, anteriormente Experto Independiente sobre el Orden Internacional de la ONU, se ha unido a otros especialistas en derechos humanos para condenar un informe de «expertos» sobre Nicaragua publicado el 2 de marzo por ser poco profesional, tendencioso, incompleto y elaborado para justificar más sanciones coercitivas que dañarán la economía de Nicaragua. Tales medidas coercitivas unilaterales han sido condenadas por la Asamblea General año tras año, más recientemente en la Resolución 77/214 de diciembre de 2022 y por el Consejo de Derechos Humanos en la Resolución 49/6.
El informe, elaborado por un «grupo de expertos» seleccionados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirma que el gobierno de Nicaragua ha cometido «crímenes contra la
humanidad». Los «expertos» incluso van más allá de su mandato y recomiendan más sanciones
económicas. La mayoría de sus acusaciones infundadas datan de 2018, pero el informe también afirma falsamente que los abusos han continuado desde ese periodo.
Una petición organizada por la Coalición de Solidaridad con Nicaragua (en inglés y español) exige que la ONU retire el «informe espurio y poco profesional» del grupo. Hasta el momento ha sido firmada por 54 organizaciones diferentes y por 307 personas de todo el mundo. Entre los firmantes se encuentran destacadas personalidades como Richard Falk, Profesor Emérito de Derecho Internacional, Universidad de Princeton, Daniel Kovalik, Profesor Adjunto de Derecho, Universidad de Pittsburgh, Sara Flounders, del Centro de Acción Internacional, Camilo Mejía, antiguo «preso de conciencia» de Amnistía Internacional,o Brian Willson, veterano de Vietnam, autor/activista y abogado.
La petición dice que el informe se basa en material de solamente una de las partes de lo que fue un grave y prolongado conflicto en 2018, a pesar de que la ONU exigió examinar «todas las presuntas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos en Nicaragua.»Se afirma que el informe ignora documentación muy sustancial presentada tanto a la ONU como a la OEA por el gobierno nicaragüense desde 2018, y a pesar de pretender estar «centrado en las víctimas», no aborda en absoluto los enormes abusos contra los derechos humanos de miles de nicaragüenses perpetrados por la oposición durante el violento intento de golpe de estado.
