Eva Manzanares García.
El Gobierno incrementa en 133 los Inspectores de Trabajo, muy por debajo del mínimo exigido.
El Gobierno prevé que el número de Inspectores y Subinspectores de Trabajo se eleve a un total de 2.332 este mismo 2023, tras la incorporación de los 133 funcionarios que ahora mismo están finalizando los procesos de selección y formación de la última convocatoria.
Se trata de la cifra más alta en los últimos años, pero está muy alejada de los 2.168 funcionarios exigidos por los propios trabajadores del órgano.
En el año 2022 se aprobó una oferta de empleo público con 181 plazas en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (146 de acceso libre; 36 de promoción interna); otras 146 plazas para el Cuerpo de Subinspectores (126 de acceso libre; 20 de promoción interna); y 128 plazas para el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral.
Las partidas presupuestarias designadas al organismo, que en los últimos tres años han crecido un 41,5%, pasando de 145,8 a 206,3 millones de euros.»No hay absolutamente nada nuevo», indican fuentes sindicales de la función pública, que subrayan que la actual plantilla de Inspección de Trabajo “es propia de un país en vías de desarrollo”, si se atienden a las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
El Gobierno, además, invertirá 10 millones de euros en la modernización tecnológica del organismo, con el objetivo de aumentar la eficacia de la actividad inspectora y reforzar la herramienta de lucha contra el fraude.
Más de un tercio de los países europeos ya no cumplen con la norma de la OIT de tener un inspector del trabajo por cada 10.000 trabajadores. En España, el ratio es de un inspector o subinspector por cada 10.546 empleados en el país, y de uno cada 707 empresas. Atendiendo solo a los datos de inspectores de trabajo, con más funciones que los subinspectores, hay uno por cada 23.000 trabajadores, mientras que la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es de uno por cada 10.000.
Las obligaciones propias del puesto hacen que exista una sobrecarga de trabajo, que a su vez es una de las razones por las que quienes integran a este cuerpo piden constantemente más personal que ayude a que se cumpla la legislación laboral.
