El 4 de noviembre, en Nueva York, en la reunión de la Tercera Comisión del 77º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, se aprobó una resolución, promovida por la Federación de Rusia, sobre «la lucha contra la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a alimentar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas similares de intolerancia».
Otros 31 estados copatrocinaron el documento: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Camboya, China, Cuba, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Mali, Malawi, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Zimbabue.
105 estados votaron a favor del documento, 52 delegaciones estuvieron en contra y 15 países se abstuvieron.
La resolución condenó una vez más la glorificación del movimiento nazi y la justificación de ex miembros de las SS, incluidas las unidades de las Waffen-SS, declaradas criminales por los Juicios de Núremberg.
Se expresó una gran preocupación por la guerra que se libra en algunos países contra los monumentos a los luchadores contra el nazismo y el fascismo y a los combatientes libertadores, que en los últimos años se ha convertido en una política de estado. Al mismo tiempo, se expresó una profunda indignación por las marchas para glorificar a los nazis y sus cómplices y las marchas de antorchas de los neonazis y nacionalistas radicales. Esto incluye también la apertura de monumentos conmemorativos y la asignación de nombres a calles, escuelas y otras instalaciones sociales en honor de quienes lucharon del lado de los nazis o colaboraron con ellos. Además, Rusia expresó preocupación por los intentos de elevar a la categoría de héroes nacionales a quienes habían luchado contra la coalición antihitleriana durante la Segunda Guerra Mundial, colaborado con los nazis y cometido crímenes de guerra y contra la humanidad. Se hace hincapié en que tales acciones profanan la memoria de innumerables víctimas del fascismo, tienen un impacto negativo en la generación más joven y son totalmente incompatibles con las obligaciones de los Estados miembros de la ONU en virtud de la Carta de las Naciones Unidas.
El Gobierno de España, a pesar de su progresismo declarado y a la reciente aprobación de su Ley de Memoria Democrática, votó en contra de la resolución en consonancia con otros países occidentales.
