Arnaldo Otegi declaró el miércoles de la pasada semana que no es necesario ningún acto más en memoria de las víctimas de ETA. Ya lo han superado. No deben volver a pensar: «¿podría mi familiar seguir vivo?»
Repugnante, ¿verdad? Pues este hecho es completamente verídico, salvo que no fue Arnaldo Otegi hablando de los asesinatos de ETA, sino Enrique Ossorio, vicepresidente de la comunidad de Madrid, el que negó una comisión de investigación sobre los ya famosos, aunque sorprendentemente poco presentes en el debate público, protocolos de la vergüenza de Ayuso con esos argumentos. Unos protocolos que costaron la vida a 7291 personas, multiplicando casi por diez el número de víctimas totales de los terroristas vascos en toda su historia. Unos protocolos que según Alberto Reyero, ex consejero de políticas sociales de la Comunidad de Madrid, suponían una orden a los responsables de las residencias que «desde luego no era ética y, posiblemente, tampoco fuera legal». Ossorio, un personaje ya conocido por su falta de escrúpulos en sus declaraciones, se apropió del sentir de las víctimas de su gobierno y habló en su nombre.
Todo esto vino a consecuencia de una proposición que el partido de extrema derecha Vox activó aquel día para crear dicha comisión. Sobradamente conocemos a ese partido, sabemos que no le importan lo más mínimo los ancianos fallecidos, que seguramente ese movimiento tiene un interés oscuro, lo más probable un chantaje al Partido Popular para aumentar la presencia y poder del partido fascista en la comunidad. Pero no debería la izquierda dejar pasar esta ocasión, porque es mucho lo que está en juego. Se dirime la impunidad de un crimen de masas, la oportunidad de que por fin este asunto pase a tener la relevancia que merece en los medios, la oportunidad de que la fiscalía se decida a moverse.
Muchas veces hemos hablado aquí del aparato mediático y en función de qué otorga importancia o silencia las noticias. Pero el hecho de que casi 8000 víctimas no ocupen el lugar que merecen en las famosas tertulias y en el debate político, que sea un asunto del que de vez en cuando oímos y se vuelve a diluir en la vorágine de los acontecimientos, personalmente, me aterra. Por ello no puedo dejar de acoger con esperanza, aunque también con escepticismo, la posibilidad de abrir una comisión de investigación al respecto.
No será fácil conseguir que de una vez por todas la fiscalía despierte y abra una investigación sobre lo ocurrido. El periodista gallego Manuel Rico lleva más de dos años poniendo a diario un tweet recordando la fecha en la que se firmó el protocolo. No deja el mencionado informador de recordar en cada ocasión que tiene que en muchas otras comunidades se cometieron tropelías y actuaciones políticas inaceptables, pero ninguna firmó una orden semejante a la de Ayuso y su tropa. No cabe negarlo, el mencionado reportero tiene en su poder y ha publicado los documentos que lo recogen. Unos documentos, por cierto, cuya existencia negó Ayuso en sede parlamentaria. Este simple hecho debería haber bastado para abrir diligencias contra unos cuantos responsables, pero me consta que muchos de mis conciudadanos no se han enterado o bien equiparan esta monstruosidad a un procedimiento de triaje médico.
La propia Ayuso acudió más tarde al programa de Antena3 El Hormiguero y fue preguntada por el asunto respondiendo que «a cada cadáver se lo trató con mucho cariño» (sic). Incluso esta aberración se había demostrado falsa, toda vez que cuando la UME intervino en las residencias madrileñas encontró cadáveres abandonados hacía días y ancianos que se habían lesionado intentando escapar, pero ni siquiera esto fue suficiente para que su actuación fuera comentada en los medios y la fiscalía abandonara su letargo.
En fecha más reciente el consejero Alberto Reyero ha publicado un libro titulado Morirán de forma indigna, donde relata la carnicería paso a paso. Está en todas las librerías y el ex consejero fue a hablar de él en una cadena nacional importante, la SER, en un horario de máxima audiencia. Para mi sorpresa, eso tampoco desencadenó el interés de los grandes medios sobre el asunto. Se comentó de pasada en algún informativo, Manuel Rico, el periodista del cuál hablamos hace dos párrafos fue invitado a alguna emisora, pero es más un rumor que un ruido.
Además, las familias de los ancianos fallecidos se han agrupado no en una, sino en tres asociaciones que nunca han sido oídas por el gobierno de la comunidad de Madrid. Supongo que no hace falta que indique el contraste entre la presencia en los medios de dichas organizaciones no ya con la que tuvieron y tienen asociaciones de familiares de víctimas de terrorismo, sino con muchas de las asociaciones fantasma que se crean por parte de la derecha, como todas esas agrupaciones de hosteleros, ganaderos o los tenderos a los cuales iba a arruinar Madrid Central, de los cuáles nunca más se supo en cuanto Almeida llegó a la alcaldía y mantuvo el plan. Supongo que una hipotética asociación de víctimas de los ataques de merluzas asesinas, gravísimo problema que mencionó Feijóo hace poco, será recibido antes que cualquiera de las tres agrupaciones de víctimas de Ayuso y compañía, que incluso reciben burlas de personajes como Ossorio.
Por otro lado, la izquierda o lo que debería ser la izquierda en nuestra comunidad, tampoco ha demostrado ser digna de mucha confianza, pero este asunto tiene en algún momento que tener consecuencias políticas y, sobre todo, penales. Por eso expreso mi deseo y mi confianza en que el runrún de los últimos días acabe llevando por fin a los responsables ante la justicia. Manuel Rico y 7291 inocentes lo merecen. Ojalá ahora la fiscalía despierte.
P.D.: Ya que nadie lo hace, aquí les dejo yo los nombres y enlaces a sus webs de las tres asociaciones de víctimas de los carniceros de las residencias madrileñas: Pladigmare (Plataforma por la dignidad de las personas mayores en residencias), Marea de Residencias y Verdad y justicia. A ellos pueden acudir en busca de información.
