Marta Sorlí Fresquet, trabajadora social, agente de igualdad, máster en Derechos Humanos, integrante de Espai FIGA y exdiputada.
(El masculino utilizado es voluntariamente genérico, pues los comportamientos descritos son eminentemente machistas, aunque puedan haber sido normalizados por mujeres).
La reciente iniciativa legislativa del PSOE ha encendido el debate, siempre latente, sobre la prostitución y las medidas más efectivas para paliar los efectos de esta explotación. También ha evidenciado que la política está llena de puteros que ejercen su poder dentro y fuera del parlamento. Sé que es una acusación impopular y políticamente incorrecta, pero tan realista como que España es el primer estado europeo y el tercero del mundo con mayor explotación sexual de mujeres. Así que siéntase aludido quien considere.
Tenemos las calles, las carreteras y los prostíbulos llenos de mujeres explotadas y esclavizadas. El 95% de las mujeres prostituidas reconocen hacerlo FORZADAS. La trata de personas, mayoritariamente con fines de explotación sexual y genera un negocio ilegal e inhumano de cientos de miles de millones de euros a nivel mundial, miles de millones a nivel estatal. Sí, hablamos de esas cifras que las «privilegiadas cisheteronormativas» (apréciese el tono irónico) blancas y con un trabajo con contrato nos cuesta saber cuántos ceros representan.
Perseguir y penar a proxenetas, puteros y la tercería locativa, obviamente, es demasiado radical y punitivo. ¿Cómo no va a serlo? ¿Cuántos de nuestros dirigentes habrán celebrado algún pacto electoral comprando sexo? ¿Cuántos de ellos habrán ido de putas en la despedida de soltero de un amigo? ¿Cuántos habrán acabado un sábado por la noche cualquiera en un puticlub o una carretera siendo el enésimo que viola a una mujer y deja 30€ para acallar su conciencia? Ya se sabe, “perro no come perro”.
En los mundos de Yupi del PODER legislativo, no hay que perseguir a los prostituidores sino hacer planes integrales de inserción social y laboral para que las mujeres explotadas tengan una salida a su esclavitud. Porque, claro, por todo el mundo es sabido que cuando estás en manos de mafias que te exponen a decenas de violaciones diarias a cambio de un dinero que ni tan solo llegas a percibir, puedes ir a tocar la puerta de los servicios sociales cuando quieras.
La política es poder y la prostitución de mujeres representa un ejercicio de poder absoluto: el alquiler por horas del cuerpo de una persona y la anulación completa del consentimiento sexual a cambio de un puñado de euros. Porque cuando se habla de penalizar la trata de personas, a ninguno le molesta el debate, incluso están de acuerdo con su persecución. Tampoco les molesta penar y perseguir otros delitos como los robos, sin contradicción ninguna con los planes integrales contra la pobreza, por ejemplo. Podríamos debatir, e incluso aprobar, con muchas reticencias, la persecución de proxenetas y la tercería locativa. Pero cuando hablamos de penalizar a los puteros es cuando les sacamos los colores y se sienten acusados. Reconocer que es un delito consumir sexo como si las mujeres fueran carnaza es reconocer que ellos, su amigo Pepe o su hermano José han delinquido en algún momento de su vida. Ese es el verdadero trasfondo del debate: que reconozcan, aunque sea en voz baja, que explotan o han explotado mujeres. El problema es que la política, aún machista, y las estructuras de poder patriarcal representadas en todos los partidos políticos se niegan a aceptar que ellos, los que votan en el parlamento, también han sido (o aún lo son) delincuentes.
