El gobierno del fundamentalista católico y ultra conservador Alejandro Giammattei, en Guatemala aprobó en primera instancia, el significativo día del 8 de marzo, la «Ley para la protección de la vida y la familia» (Ley 5272).
La ley acarreaba un claro un retroceso de derechos y libertades sociales, para adaptarse al modelo religioso familiar más reaccionario. Así, califica el matrimonio como «institución entre entre un hombre y una mujer», sancionando y restringiendo el aborto y prohibiendo «promover programas de diversidad sexual».
Respecto al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la ley sanciona que la mujer que «se hayan provocado su propio aborto o hayan dado su consentimiento a otra persona para que lo lleve a cabo» será condenada de 5 a 10 años de prisión, aunque las penas pueden superar los 25. Y en una redacción ambigua, abre la puerta incluso a la pena de 4 años de prisión en caso de aborto involuntario, siempre que fuese consciente del embarazo.
También prohíbe «a entidades educativas, promover, programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normal las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”. Y proscribe la persecución penal de personas o grupos por discriminar a otros por su orientación sexual.
Fuerte contestación a la Ley
El propio Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, instó al Gobierno a vetar el decreto, al considerar que viola los derechos humanos y “contraviene lo establecido en leyes y convenciones internacionales aprobadas por el Estado de Guatemala”.
También Amnistía Internacional presionó en ese sentido. “Esta ley no protegerá a las familias ni a las vidas; fomentará el odio y la discriminación, poniendo en peligro la vida y los derechos de innumerables personas. Es perturbador que el Congreso de Guatemala se empeñe en perder tiempo y recursos aprobando leyes que no harán nada más que agravar la multitud de problemas sociales y violaciones de derechos humanos que afligen a tantas personas en el país, en lugar de realmente intentar resolverlos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Finalmente, el Parlamento de Guatemala ha archivado la ley, ante la fuerte ola de movilización social y rechazo que ha generado. El propio oficialismo del presidente Giammattei, que hace una semana aprobó la ley, ha votado ahora su archivo por la «controversia social generada».
En todo caso, el aborto sigue siendo ilegal en Guatemala, así como el matrimonio homosexual, cuyo colectivo sigue discriminado y acosado.
En un país con un grave problema de embarazo infantil, en el que 6.543 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años que se convirtieron en madres en el primer mes del 2022.
Recordemos que el presidente Giammattei se define contrario al aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y favorable a la pena de muerte.
Valores que, según parece, no son incompatibles con recibir sobornos de empresas extranjeras. Hecho por el que está siendo investigado por la fiscalía del país. También defiende el uso militar en la seguridad ciudadana.
