Ecologistas en Acción ha informado que 47 organizaciones, entre las que se encuentran tanto asociaciones ecologistas, vecinales, urbanistas, de defensa del patrimonio cultural, de defensa de la sanidad pública como sindicatos, asociaciones del taxi, de la EMT, de defensa de la vivienda, contra los fondos buitre, de consumidores y de educación, se han dado cita en la madrileña Puerta del Sol, en representación de los diferentes sectores afectados por el Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, conocido como Ley Ómnibus, con motivo de la entrega de 51.700 para pedir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que paralice la futura normativa.
Con la entrega de las 51.700 firmas piden a la presidenta Díaz Ayuso que paralice la modificación de 33 leyes y 5 decretos vigentes en la Comunidad de Madrid, entre ellas leyes de suelo y urbanismo, de protección de la naturaleza, de espacios protegidos, forestal, sanitarias, de transporte público,.
Desde las organizaciones también explican que: «Bajo el falso enunciado de «impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid», se introduce un conjunto de medidas que en realidad facilitan la destrucción de la naturaleza (permiten la caza en zonas hasta ahora prohibidas de espacios protegidos, la tala de bosques sin autorización) desregula el urbanismo para poder construir en cualquier parte independientemente de su protección, y suponen otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos (sanitarios, del transporte público) y áreas de gobierno en la región afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes».
Por último, los representantes de los diferentes colectivos advierten sobre la necesidad de organizar un frente común «para parar este despropósito» y denuncian que el gobierno de Ayuso presentó el anuncio del trámite de audiencia e información pública del anteproyecto para poder presentar alegaciones en un «reducido plazo de 7 días hábiles entre nochebuena y nochevieja»
