El pasado día 23 de diciembre, el gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por el PP de Isabel Díaz Ayuso presentó el «Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid» o más conocido como ley «Ómnibus», una norma que han denunciado diferentes organizaciones, asociaciones y partidos políticos, tanto porque afecta a una treintena de leyes y siete decretos sobre materias muy diversas como medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo, ordenamiento del juego, transporte urbano, administración local, servicios sociales, deporte o las tasas, como por su tramitación, «un día antes de Nochebuena, sin publicidad y saltándose todos los procedimientos» como explican desde Más Madrid.
En palabras de Mónica García, se trata de «un intento de ocultar profundos retrocesos en materia de protección urbanística, transporte urbano, transparencia y control de las cuentas y la contratación, especialmente la sanitaria».
Del mismo modo, según indica Izquierda Unida, «es un nuevo ejercicio de desprecio a los derechos de las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de Madrid y a sus representantes públicos, de forma opaca y torticera».
Por último, Podemos también han declarado que «la ley Ómnibus de Ayuso que ha presentado con Navidad y alevosía es una barbaridad democrática. Modifica de golpe 32 leyes y 5 decretos y dan 7 días para poder presentar alegaciones».
Es por ello que las organizaciones ARBA, El Soto, Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid, GRAMA y Jarama Vivo han solicitado al gobierno Ayuso la retirada de esta ley «Ómnibus» por medio de una campaña de firmas.
Los organizadores aclaran que esta ley «supone otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos y áreas de gobierno en la región. Cambia por completo la legislación de parques regionales, favoreciendo al sector de la caza y a múltiples negocios turísticos, hosteleros y especulativos» y matizan, «bajo el falso enunciado de «impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid», se introduce un conjunto de medidas que en realidad suponen otra vuelta de tuerca en la privatización y la liberalización de la gestión de múltiples servicios públicos y áreas de gobierno en la región, afectando negativamente a los derechos colectivos y bienes comunes».
En lo que respecta a los Parques Regionales, también han señalado que los cambios que propone el anteproyecto «son contrarios a los objetivos de conservación de los valores naturales y al propio espíritu de las leyes» ya que facilita cuestiones tales como la caza en zonas hasta ahora prohibidas y de máxima protección, permite tratamientos silvícolas, aprovechamientos forestales, obras y actuaciones en las zonas de mayor protección, sin mayor control administrativo, autoriza negocios y actividades hasta ahora no permitidas por su alto impacto, posibilita los negocios hosteleros, hoteleros y de turismo rural, así como el uso residencial, en zonas no urbanizables de protección o anula la participación pública en la tramitación de los planes de gestión».
Para finalizar, advierten que el resto de ámbitos de los que se ocupa la ley Ómnibus, «supone igualmente un menoscabo de los derechos ciudadanos, en un ataque a la gestión pública y al patrimonio común que ningún otro gobierno regional del PP se había atrevido a hacer».
Para colaborar firmando la petición, puedes acceder desde el siguiente enlace:
No podemos consentir que arruinen lo público unos pocos, en perjuicios del resto de la población por el interés y favor de poderes fácticos y económicos.