El próximo 14 de diciembre la denominada ley de «Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada», elaborada por las organizaciones sociales de la plataforma Iniciativa Ley Vivienda, será presentada en el Congreso de los Diputados y los grupos parlamentarios habrán de votar si pasa a trámite y por lo tanto, si se inicia el proceso de enmiendas y debate.
El texto será presentado por los partidos Bildu y Cup, quienes ya la registraron el pasado 30 de septiembre junto con los grupos ERC, JuntsXCat, Podemos, Compromís, Más País, BNG y Nueva Canarias y corroboraron su compromiso con las organizaciones sociales con las cuales, del mismo modo se han reunido esta misma mañana .
Para que la tramitación del texto sea posible serán necesarios también los votos de PSOE, quien todavía no se ha posicionado al respecto de esta ley.
En caso de que la ley se diera a trámite, ésta pasaría a proceso de discusión junto a la ley Vivienda validada por el Consejo de Ministros el pasado 26 de octubre.
Según denuncian las organizaciones sociales que conforman la «Iniciativa Ley Vivienda», formada por colectivos como la Plataforma de Afectados por la hipoteca (PAH) o el Sindicato de Inquilinos (Sindicat de Llogateres), ya han presentado este mismo mes alegaciones al anteproyecto, pactado por los socios de Gobierno, ya que según creen, tiene grandes carencias y no garantiza este derecho fundamental.
Y del mismo modo instan al PSOE para que vote a favor de la tramitación de una ley «que sí garantice el ejercicio de este derecho fundamental».
«Los últimos datos de desahucios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ponen de manifiesto que España necesita medidas estructurales y de calado urgentemente. Las 8.659 familias que han sido desahuciadas entre los meses de Julio y Septiembre de 2021 con escudo social, solo es la punta del iceberg de la emergencia habitacional cronificada que vivimos en este país y que debemos poder, de una vez por todas dejar atrás» explican.
Para finalizar, desde la organización advierten: «El próximo 14 el PSOE tiene que elegir si ponerse del lado de las personas y del derecho a la vivienda, o bien, seguir el legado del Partido Popular y legislar para los desahuciadores, los responsables de la burbuja inmobiliaria: bancos y fondos de inversión».
