El 7 de septiembre el Gobierno de España aprobó la propuesta del Ministerio de Universidades para «la resolución de conflictos con un enfoque democrático». Esta ley deroga el Decreto de 8 de septiembre de 1954 que establecía el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica que permanecía vigente.
Según el Ministerio esta ley prima el diálogo y la mediación frente a la salida sancionadora. El alcance de la norma llega a todas las universidades públicas y centros adscritos, por lo que deberán elaborar unas normas de convivencia que garanticen el respeto a la diversidad y la tolerancia, la igualdad y la inclusión de los colectivos vulnerables; la libertad de expresión, el derecho de reunión y asociación, la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra; la eliminación de toda forma de violencia, discriminación y/o acoso; la transparencia en el desarrollo de la actividad académica; la utilización y conservación de los bienes y recursos de la universidad de acuerdo con su función de servicio público; el respeto de los espacios comunes, etc.
Se creará en estos centros una comisión de convivencia, cuyos miembros serán elegidos entre representantes de los diferentes sectores de la comunidad educativa y que tendrán la función de canalizar propuestas de mejora de la convivencia en la universidad, así como desarrollar el mecanismo de mediación.
No obstante, para el Frente de Estudiantes, que rechaza la ley, esta criminaliza formas legítimas de protesta estudiantil al equipararla con comportamientos sancionables por la norma. Reivindican el derecho del estudiantado y el resto de sectores de la comunidad educativa universitaria a defender sus intereses y protestar contra aquellas medidas que atenten contra los mismos. Denuncian a su vez que no se haya contado con el estudiantado para desarrollar la norma y señala como hipócrita el falso consenso que supuestamente ha generado la norma.
En un contexto general de privatización y desmantelamiento de la universidad pública, además del retroceso de las condiciones de vida y trabajo para la clase obrera en general y para la juventud en particular, parece más bien una ley que actualiza los mecanismos internos de las universidades para enfrentarse a la lucha del movimiento estudiantil que a buen seguro está por llegar.
