Las grandes empresas y el sector público lastran la actividad de las trabajadoras y trabajadores autónomos 

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La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), ha publicado un informe sobre la morosidad en el estado español durante el pasado 2020, recogiendo de este modo la demora en los pagos a los autónomos y autónomas, así como a las micropymes, tanto desde el sector privado como desde el público, arrojando peores números que en el 2019.

En el documento se refleja un endeudamiento de las grandes empresas que supera los plazos legales, ya que en el caso del pago del sector privado, actualmente y según indica este informe, se desprende que el plazo medio se ubica en 77 días, cifra que se aleja de los 60 días marcados por ley (Ley 15/2010). 

Por parte de la administración pública, se sigue la estela del sector privado y su plazo medio se sitúa también en los 77 días. Un empeoramiento supone un alejamiento aún mayor de los 30 días que establece la ley, perjudicando de la misma forma a las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia.

Para María José Landaburu, Secretaria General de UATAE, este informe supone «un duro golpe» para la actividad diaria que tienen que afrontar los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, por eso, insiste en «la necesidad de lograr el compromiso y cumplimiento de la ley por parte del sector privado y público para que estos impagos no lastren al empleo autónomo», además remarca que: «no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la percepción del 48% de los encuestados siga siendo que para 2021 los plazos medios empeorarán».

A este hecho se suma, además, la demanda con respecto a las ayudas directas y que como destaca Landaburu: «no se pueden articular como un balón de oxígeno para autónomos y autónomas si al mismo tiempo se sigue premiando y dando acceso a las empresas que se encuentran endeudadas». 

Por eso, incide en «lograr el cumplimiento de los plazos a través de un régimen sancionador que sea eficaz y que permita agilizar estas demoras en las deudas adquiridas» porque «no se puede seguir transmitiendo la imagen de impunidad hacia un sector que cuenta con un gran capital y que termina estrangulando a los más pequeños a costa de seguir aumentando sus propios beneficios».

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