Un simpatizante de Perú Libre, Zacarías Meneses Taco, de 56 años y natural de Ayacucho, falleció el pasado miércoles como consecuencia de las heridas sufridas por el ataque de un grupo de fujimoristas a una concentración pacífica que reivindicaba la defensa del voto junto a la sede del Jurado Nacional de Elecciones en Lima. A más de veinte días del recuento de votos de las elecciones, Keiko Fujimori se niega a reconocer su derrota y continúa incitando a sus seguidores a que protesten por supuestas irregularidades en actas.
El ataque se produjo durante la concentración que realizaban ciudadanos seguidores del virtual presidente, Pedro Castillo, junto a la sede del JNE, organismo encargado de dilucidar las impugnaciones de votos. Testigos presenciales de la agresión han manifestado en redes sociales que un grupo de personas pertenecientes a una organización de ultraderecha llamada Resistencia acometieron a los manifestantes asestando golpes con palos que en su extremo se encontraban armados con clavos. Según esos testigos, uno de los golpes fue a dar en la cabeza de Meneses y el impacto le produjo graves heridas por las que tuvo que ser hospitalizado hasta su muerte días más tarde.
Han sido militantes de Perú libre quienes han denunciado el suceso en sus redes sociales y han señalado que la autopsia realizada, que indicaba un caso de cirrosis como causa de la muerte, es falsa y que la víctima falleció como consecuencia de las heridas sufridas en la cabeza. “Esto es producto de los violentos ataques de los fujimoristas, los golpes que le propinaron en la cabeza lo dejaron gravemente herido. Descansa en paz compañero, nunca te olvidaremos”, puede leerse en la cuenta oficial de Twitter de Perú Libre.
La exigua diferencia de votos por la que Castillo obtuvo la victoria en la segunda vuelta de las pasadas elecciones (unos 44.000 votos) dio pie a Keiko para tratar de frenar la investidura del nuevo presidente mediante la acusación de actas de voto manipuladas. La resolución de esas impugnaciones ha dilatado la proclamación definitiva, en lo que parece ser una maniobra de la derecha peruana para ganar tiempo e incitar a la alteración de la vida política peruana, con la esperanza de encontrar una vía a un golpe blando.
Sin embargo, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se mantiene firme y esta semana ha declarado infundadas siete de las nulidades presentadas por Fuerza Popular, correspondientes a mesas electorales de las regiones de Huancavelica, Arequipa y San Martín, por supuestas firmas falsas. En seis de esos siete casos evaluados los magistrados votaron por mayoría de 3-1 y en el otro caso por unanimidad. De este modo parece fiable la integridad de este organismo nacional, que en primera instancia ya manifestó a la prensa que las alegaciones presentadas por Fujimori carecían de validez y por tanto sus sospechas eran espurias.
El abogado y ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra solicitó al organismo electoral declarar de una vez infundados los pedidos para nulidad de actas presentadas por Fuerza Popular y señaló que el Perú “no puede seguir solo con conjeturas, y meras intuiciones”. Por su parte, el virtual presidente, Pedro Castillo, asistió al velorio de la familia Meneses y manifestó que «estamos frente a un hombre que se entregó para defender su voto y que ha demostrado que los derechos constitucionales se defienden hasta con la vida»
Pese al estancamiento de la nación y el ridículo internacional, Keiko –a quien recordemos le aguarda la prisión por incumplir los requerimientos de Anticorrupción en cuanto a su implicación en el asunto de lavado de dinero con la empresa Odebrecht– ha solicitado a las autoridades del país una auditoría internacional de los comicios. La heredera de Fujimori pretende una auditoría por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero esta petición tiene visos de ser irrealizable, pues la propia entidad interamericana ha declarado que ve poco probable que se produjeran manipulaciones en las actas y considera que las apelaciones se están resolviendo conforme a la ley. Por si esto fuera poco, ni siquiera los Estados Unidos o la Unión Europea (que en otros casos de victorias electorales no favorables a sus intereses no han dudado en realizar injerencias y alterar la voluntad popular), se han situado en contra del sistema electoral peruano y parecen confiar en su legalidad.
