Nos sobran razones

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“¿Qué necesidad tienen las/os votantes de contar un Partido Político Feminista en el Congreso?”. “Los partidos políticos ya cuentan con mujeres Feministas, y algunas han formado parte (y en la actualidad así ocurre), de los equipos de Gobierno en distintas legislaturas”. “Pero si ya hay partidos políticos Feministas, lo dicen públicamente y aparece en sus programas electorales”. Llevo unos días escuchando este tipo de frases, y he ido explicando y exponiendo argumentos, pero creo que los ejemplos clarifican más la necesidad de que un Partido Político Feminista tenga representación parlamentaria.

Soy activista Abolicionista de toda modalidad de mercantilización del cuerpo de las mujeres, y me he centrado mucho en el estudio de la monetización de la Violencia Sexual y en el “sentir político, cultural y mediático” que la ha normalizado.

Roas Cobo, en su magnífico libro, “La prostitución en el corazón del capitalismo lo explica muy bien:

“Las sociedades producen relatos sobre sí mismas y sobre los hechos sociales que componen su entramado social, y esos relatos tienen como función que los individuos que las conforman acepten el orden social establecido por los grupos dominantes.

La prostitución es un fenómeno social que tiene su propio relato: la idea que debe aceptar la sociedad, y que está fuertemente arraigada en el imaginario colectivo, es que la prostitución surge espontáneamente en cualquier comunidad humana, y responde a un hecho natural y no cultural. Pero nada más lejos de la realidad, porque la prostitución no es “el oficio más antiguo del mundo”, sino la actividad que responde a la demanda más antigua del mundo: la de un hombre que quiere acceder al cuerpo de una mujer y lo logra a cambio de un precio. Lo que a lo largo del tiempo hemos ido arrastrando y está alcanzando niveles extremos, al hilo de la globalización neoliberal, es la naturalización de la desigualdad: se oculta la evidencia de que la prostitución es una forma de subordinación patriarcal enmarcada en la explotación sexual, y se presenta como un trabajo de libre elección, una opción laboral más”.

Hace tiempo que la Universidad está siendo configurada como una instancia más del poder dominante. La expulsión de las teorías críticas de la Universidad no es nueva, pero se ha acelerado en las dos últimas décadas. (…) Se está imponiendo la idea de que los conceptos no deben interpelar las lógicas conceptuales dominantes, sino someterse a ellas. La racionalización de los sistemas de dominio y el sometimiento conceptual a las estructuras de poder es la línea que subterráneamente se ha ido imponiendo en las Universidades.”

“Negocio del sexo”, “industria del sexo”, “comercio sexual”, “sexo de pago”, son expresiones que intencionadamente unen sexualidad y valor económico; “trabajadora sexual”, “cliente” y “servicio sexual” intencionadamente aluden a actividad económica. ¿Por qué esta proliferación de términos e invenciones léxicas? Una mirada crítica que no se somete a las lógicas conceptuales dominantes nos muestra el fin último de esta estrategia de marketing, que no busca desestigmatizar ni reconocer derechos para las mujeres prostituidas, sino apuntalar la jerarquía sexual validada por los mandatos de género que concede a los varones la potestad del deseo y el placer, y a niñas/os y mujeres la supeditación a esa potestad. Pero esa servidumbre sexual ancestral pasada por el tamiz de la posmodernidad es un nicho de mercado muy potente: la prostitución garantiza al prostituidor impunidad para ejercer la potestad sexual que el género le concede cuando paga, porque ese pago le permite imponer a la mujer a la que paga un contacto sexual deseado, elegido y controlado solamente por él sin criminalización alguna. Y esto tiene un amplio recorrido según la maestra Rosa Cobo:

“El viejo mundo de la prostitución era un conjunto de negocios casi artesanales sin apenas impacto económico. El nuevo canon es una industria global, interconectada, con un modo de funcionamiento similar al de las grandes corporaciones capitalistas, un volumen de beneficios anual mucho mayor que el de varias multinacionales juntas, y con un pie en la economía ilícita y otro en la lícita. La novedad de la prostitución en el siglo XXI es la fusión entre los intereses patriarcales y los intereses capitalistas.

El resultado es un proceso creciente de mercantilización de los cuerpos y de la sexualidad de millones de mujeres en todo el mundo, que son expulsadas de los países periféricos y traídas a los países centrales para que varones de todas las clases sociales accedan sexualmente a sus cuerpos en una operación de colonialismo sexual”.

Centrémonos en la sociedad española y en un vergonzoso dato, España ocupa el puesto número uno en demanda de prostitución entre los países europeos. Pero esto no ha ocurrido de repente, ni es producto del azar. Amelia Valcárcel cuenta que  la maestra Celia Amorós siempre afirmó que pocas cosas son mejores que una buena cronología. Asumo la frase:

  • En octubre de 1990 se estrena Pretty Woman.
  • En marzo de 1993 Ignasi Pons I Antón defiende su Tesis Doctoral “La cara oculta de la luna. Condiciones de vida de las prostitutas en Asturias” en la Universitat de Barcelona, Departament de Sociología i Anàlisi de les Organitzacions. Esa defensa se centra en afirmar que la prostitución es un trabajo tan bueno o tan malo como cualquier otro (“la media de ingresos de las prostitutas es equiparable a la de los ejecutivos de segundo nivel, con menor carga de trabajo y responsabilidades, y la jornada laboral es equiparable a la mayoría de trabajadores/as”), y es la negación del reconocimiento social de esta realidad, según él, el principal problema para las mujeres prostituidas, porque mientras que su oficio sea reconocido de hecho pero no de derecho se verán abocadas a la discriminación social, a la indefensión ante problemas laborales y carecerán de acceso a la Seguridad Social.

La tesis incluye valoraciones extraídas de entrevistas a profesionales sanitarios/as, trabajadores/as sociales, policías y prostitutas. Prostitutas es el término empleado por Pons en 1993, que afirma: “Si se observa el conjunto de las prostitutas sus condiciones de vida cotidiana no son tan dramáticas como se suelen describir. Incluso en diversos aspectos como el económico y el de la independencia personal, su situación es mejor a la media de las mujeres de la población general”. Proxenetas y prostituidores no deben influir de una manera significativa en las condiciones de vida de las prostitutas porque no son entrevistados, aunque hay datos sobre embarazos a edades muy tempranas y número de hijos de las prostitutas. La calificación para esta Tesis es Cum laude, y al año siguiente, 1994, la UAB la edita en forma de libro.

Nota de información política: de 1980 a 2003 el Gobierno Catalán está presidido por CIU.

  • En 1995, siendo presidente del gobierno F. González, que gobierna en minoría apoyado por CIU y PNV, se produce la despenalización de la Tercería Locativa. Formaban parte del IV Gobierno de F. González, Carmen Alborch Bataller y Cristina Alberdi Alonso.
  • En 1997 tiene lugar la concesión de Utilidad Pública a la asociación catalana SIDA STUDI, defensora y difusora de la equiparación entre prostitución y “trabajo sexual”. Concesión otorgada por el gobierno presidido por Aznar.
  • En 1998 Raquel Osborne, Doctora en Sociología y profesora titular de Sociología del Género en la UNED publica en la revista Viento Sur el artículo titulado “Sexo, prostitución y patriarcado: ¿división entre mujeres o unidad de acción? Este es un fragmento:

“Cuando no se acepta la decisión de trabajar como prostituta -porque no se reconoce esta actividad como un trabajo a pesar de que supone continuas transacciones comerciales y de que millones de personas viven de ello, y porque además todas las prostitutas son vistas a priori siempre como víctimas-, se están negando los derechos de las mujeres que aceptan trabajar como prostitutas pero a las que se obliga a hacerlo en condiciones indeseables; para ellas no es el trabajo o los servicios en sí mismos los que constituyen un problema sino el hecho de hacerlo por la fuerza. A mayor abundamiento, la negativa a considerar la prostitución como un trabajo contribuye a que no se apliquen nunca las leyes, vigentes en todos los países, contra el confinamiento, la coacción, el vínculo por deudas, los engaños y las prácticas de esclavitud, todas ellas prácticas habituales del tráfico de mujeres, entendido, como hemos observado, no sólo como el proceso de reclutamiento sino como la imposición de condiciones laborales indeseables. (…) La estrategia más común es el engaño, no tanto sobre que se va a trabajar en la prostitución como acerca de las condiciones de trabajo. (…)  Lo que prima es la óptica de las mujeres concernidas, que desean continuar con su trabajo pero eliminar condiciones abusivas”.

Nuevamente proxenetas y prostituidores carecen de entidad física cuando se busca normalizar el “trabajo sexual”, aunque hay referencias a la “imposición de condiciones laborales indeseables” (¿impuestas por quién?) y de la necesidad de “eliminar condiciones abusivas” (¿generadas por quién y cómo?). Es el mismo perfil discursivo con el que Ignasi Pons obtiene el máximo reconocimiento académico, pero ahora en otro medio.

  • En 1999 tiene lugar la concesión de Utilidad Pública a la asociación andaluza APHDA, también defensora y difusora de la equiparación de prostitución y “trabajo sexual”. Concesión otorgada por el gobierno presidido por Aznar.

A finales del siglo XX parece que el relato que la sociedad española ha de tener sobre la prostitución es su normalización como categoría de trabajo y su reconocimiento como opción laboral, la invisibilización de la desigualdad de estatus entre prostituida y prostituidor, y la naturalización de la explotación sexual reconvertida en explotación laboral. En la Universidad se elabora el relato, el activismo lo difunde, la clase política dirigente lo gestiona y lo subvenciona, y la producción cultural lo visibiliza.

El análisis Feminista de la prostitución rechaza esta actividad como opción laboral porque es una actividad insalubre para las mujeres, ya que los ingresos los consiguen a través de la renuncia del derecho a la preservación de su salud integral y de su integridad física. Los prostituidores pagan, por un lado, para blindar su impunidad al imponer su respuesta sexual sobre una mujer, y por otro lado, para diluir la violencia existente porque fue “consentida”. El “trabajo sexual” supone asumir la imposición continuada y recurrente de contactos sexuales deseados, elegidos y controlados única y exclusivamente por el prostituidor, y el impacto que supone para la salud psicofisiológica de las mujeres prostituidas es devastador. La manifiesta desigualdad de estatus entre mujeres y hombres invalida el “consentimiento” de la “trabajadora sexual”, y las graves repercusiones sociosanitarias que esta actividad tiene para las mujeres, obligan al rechazo de la prostitución como opción laboral.

El análisis economicista (el economicismo es el criterio o doctrina que concede a los factores económicos primacía sobre los de cualquier otra índole) de la prostitución se centra en el dinero: los varones han demostrado a lo largo de la historia una contrastada fidelidad por la compra de impunidad para imponer su sexualidad. Este análisis no se cuestiona las implicaciones que ésta imposición conlleva, pues se considera una constante antropológica vinculada a la sexualidad de los varones; el objetivo de este análisis es resaltar el potencial económico que encierra la normalización de esa imposición sexual, ofreciendo como una “ventaja” para las mujeres su monetización, y su difusión busca: normalizar la subordinación sexual de las mujeres monetizando el “consentimiento” ante la imposición de la sexualidad masculina, así la explotación sexual puede ser presentada socialmente como “trabajo sexual”, y el prostituidor pasa de imponer un contacto sexual a “contratar un servicio”.

 Recurro de nuevo a la cronología para situar tres hechos relevantes del nuevo siglo:

  • A principios del año 2000 Dolores Juliano organiza y preside el grupo LICIT (Línea de Investigación y Cooperación con Trabajadoras Sexuales), comprometido con la defensa y difusión del análisis economicista, ya que según sus palabras “la prostitución es una práctica banal a la que se agrega un elemento mercantil”, y capitalizará la difusión de la normalización del “trabajo sexual” a través de la publicación de libros y artículos. Este grupo cuenta con agenda política (vinculación con ERC e IU-ICV; el gobierno tripartito PSOE-ERC-IU/ICV deja en manos de ERC concejalías y áreas relacionadas con Mujer e Igualdad, y se deja sentir en ellas la influencia de LICIT, un ejemplo es la creación en el Ayto. de Barcelona de la Agencia ABITS, Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual, que cuenta con el beneplácito del PSOE, y al parecer también con el de CIU que es el siguiente grupo político que llega a la alcaldía); LICIT también cuenta con agenda activista (vinculación directa con GENERA, y vínculos con ÀMBIT DONA, Fundación SURT, HETAIRA).

    El análisis economicista de la prostitución se impone en la alta y baja cultura, en los medios de comunicación y permea a la opinión pública. La clase política no es ajena, y aunque haya mujeres Feministas ocupando puestos directivos en distintos partidos, no consiguen impedir que el análisis economicista parasite el discurso y el itinerario político de partidos de izquierda.
  • En 2007 aparece publicado en el BOE el Informe de la Ponencia sobre Prostitución en nuestro país. En el apartado III Conclusiones Adoptadas por la Ponencia encontramos lo siguiente:

ÁMBITO Y MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL. 1. Se debe contemplar la prostitución en el marco del Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 2 de Diciembre de 1948, que considera la existencia de explotación sexual aunque exista consentimiento de la víctima; así como con la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo el día 2 de febrero de 2006 que insta a luchar contra la idea de que la prostitución es equiparable a un trabajo.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y POLICIALES. 1. La posibilidad de regular la prostitución como una profesión tendría graves problemas de encaje jurídico, tanto con el derecho laboral y derechos de los trabajadores, respecto de las modalidades laborales como en relación a los derechos básicos y la legislación en materia de derechos de las mujeres.

RECOMENDACIONES GENERALES. — Instar al Gobierno, tal como se ha acordado en sede parlamentaria, a elaborar un Plan Integral contra la explotación sexual que contemple medidas en los ámbitos judicial, social, educativo, policial y de inmigración.

En los equipos de gobierno de José Luis Roríguez Zapatero encontramos estos nombres: Vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno: María Teresa Fernández de la Vega Sanz; Ministra de Fomento: Magdalena Álvarez Arza, Ministra de Educación y Ciencia: María Jesús Sansegundo Gómez de Cadiñanos; Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: Elena Espinosa Mangana; Ministra de Cultura: Carmen Calvo Poyato; Ministra de Sanidad y Consumo: Elena Salgado Méndez, Ministra de Medio Ambiente: Cristina Narbona Ruiz; Ministra de Vivienda: María Antonia Trujillo Rincón; Ministra de Educación y Ciencia: Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo; Ministra de Vivienda: Carme Chacón Piqueras; Asuntos Exteriores y de Cooperación: Trinidad Giménez García Herrera; Medio Ambiente, Medio Rural y Marino: Rosa Aguilar Rivero; Cultura: Ángeles González-Sinde Reig; Sanidad, Política Social e Igualdad: Leire Pajín Iraola; Vivienda: Beatriz Corredor Sierra; Ciencia e Innovación: Cristina Garmendia Mendizábal; Igualdad: Bibiana Aído Almagro.

Nunca ha habido tantas ministras en dos legislaturas consecutivas, y aunque no todas ellas se definieran como Feministas el Gobierno del que formaban parte sí, y sobre ese Gobierno además recaía la Recomendación General de elaborar un Plan Integral contra la Explotación Sexual, que nunca se llevó a cabo, aunque las dos Leyes Orgánicas aprobadas en 2007 y 2009, por ese mismo Gobierno, Para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y Sobre Salud Sexual y Reproductiva, lo habrían hecho posible.

  • En 2011 y 2013 dos nuevas concesiones de Utilidad Pública a dos asociaciones defensoras y difusoras del análisis economicista amplían el radio de acción de la tergiversación del análisis Feminista.

En 2011 la concesión de Utilidad Pública a la asociación murciana CATS (Comité de Ayuda a las Trabajadoras Sexuales) el 15 de noviembre se produce siendo Ministro del Interior Antonio Camacho Vizcaíno: fiscal y político, miembro del PSOE, presidente de la Unión  Progresista de Fiscales en 2003. Es Ministro del Interior del 12 de julio de 2011 a 21 de diciembre de 2011, momento en el que toma posesión como Presidente del Gobierno M. Rajoy.  Y aquí debo disculparme públicamente por haber atribuido erróneamente la adjudicación de esta concesión al PP, cometí un error de atribución porque me resultaba inconcebible que un ministro socialista del equipo de Zapatero contribuyera a validar que una mujer prostituida es una “trabajadora sexual”, pero así fue.

La concesión en 2013 de la Utilidad Pública a la asociación madrileña Hetaira sí corresponde al PP.

Vuelvo al presente, y en 2021 tenemos un “Gobierno de Coalición Sí, Pero Feminista No”, como ya expliqué en dos artículos.

elcomun.es/2021/01/05/gobierno-de-coalicion-si-pero-feminista-no-parte-i/

Nuestro modelo socioeconómico necesita un cambio estructural que ningún gobierno se ha atrevido a afrontar. Ese cambio tiene que contar con el enfoque Feminista, porque es la única garantía de conseguir una sociedad igualitaria y, por tanto, socialmente justa. El objetivo de este artículo era clarificar por qué creo en la necesidad de la creación de un Partido Feminista que obtenga representación Parlamentaria. Creo haber demostrado que NOS SOBRAN RAZONES.

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Purificación Liétor González. Licenciada en Psicología, siendo su área de formación y actividad profesional la Psicología Sanitaria. Nació en 1968 y eso le permitió conocer de primera mano la militancia política en clandestinidad en la figura de su padre y en su carnet del PCE. Es la nieta mayor de dos abuelas analfabetas cuyos maridos sí sabían leer y escribir, es más, su abuelo paterno llego a ser Secretario General del PSOE durante la República en su pueblecito de Jaén. Pasó de feminista anónima a activista feminista cuando conoció la primera sentencia de La Manada de Pamplona de la Audiencia de Navarra, y pasó de votante a militante de Podemos cuando en su Municipio se quedaron a un puñado de votos para tener un concejal mientras que VOX conseguía dos.

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