Las contradicciones del capitalismo son asombrosas y no cesan de ofrecer situaciones tan chocantes como la producida este miércoles en la reunión del G7, en un encuentro celebrado en Londres en el que volvieron a reunirse presencialmente representantes de las siete potencias (EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón) con un orden del día que trataba la crisis de la pandemia y «el reto» de China y Rusia.
En esta reunión se reflejó la voluntad del presidente norteamericano, Joe Biden, quien ha anunciado recientemente que apoyará la propuesta que varios países han manifestado para suspender -temporalmente- la propiedad intelectual de las vacunas contra la covid-19. Previamente, la representante de Comercio Exterior de EEUU, Katherine Tai, explicó en un comunicado que EEUU «cree firmemente en la protección de la propiedad intelectual, pero considera necesario aumentar la producción de vacunas para acabar con la pandemia en todo el mundo».
«Nos comprometemos a trabajar con la industria para facilitar la fabricación ampliada a escala de vacunas, terapias y diagnósticos Covid-19 asequibles y sus componentes», declararon los enviados de las potencias al final de la reunión. El proceso incluiría «promover asociaciones entre empresas y fomentar acuerdos de transferencia de tecnología y licencias voluntarias en términos mutuamente acordados», si bien no se afirmó con rotundidad que se pediría una exención de las patentes. Son precisamente una farmacéutica estadounidense, Pfizer, y su asociada alemana BioNTech, las encargadas de producir una de las vacunas más aceptadas por las autoridades sanitarias de estos países para inmunizar a la población.
Es decir, la propuesta de Biden pasa por estudiar las vías para ayudar desde los Estados a las empresas farmacéuticas (que ya hicieron su agosto el año pasado disparando de manera astronómica sus acciones en bolsa y se las prometían felices en un segundo agosto con los contratos acordados por millones de dosis, por ejemplo con la Unión Europea) y la relajación temporal de los derechos intelectuales de estos productos. Quedaría por saber lo más importante. ¿Qué vacunas y qué farmacéuticas? La otra resolución tomada por el G7 aporta una pista para averiguarlo.
El G7 acusa a China y Rusia de no respetar los Derechos Humanos.
Mientras estas resoluciones sanitarias son planteadas por los miembros del Grupo de los 7, China y Rusia han vacunado ya a millones de personas, no sólo en su territorio sino en países de todo el mundo. Sus vacunas han demostrado tener un alto porcentaje de fiabilidad en los requerimientos que exige la OMS. Países como Brasil, Chile, México, Turquía o Tailandia han suministrado vacunas producidas en China. Otros como Argentina, India, Hungría, Eslovaquia, Venezuela, Argelia, Camerún o Egipto optaron por distribuir la Sputnik V, el medicamento creado en Rusia.
En la misma sesión de la reunión celebrada esta semana en Londres, los representantes de los 7 se dirigieron a sus homólogos de China y Rusia pero no en el sentido de la colaboración global contra la pandemia: lo hicieron para censurar y reprochar las supuestas violaciones de los Derechos Humanos cometidas por estas otras dos potencias, rivales comerciales y políticos del Grupo.
Así, los enviados de los países afines a EEUU y el propio Biden censuraron a Beijing por las «violaciones y abusos de los derechos humanos en Xinjiang y en el Tíbet», o por los «ataques contra los manifestantes prodemocracia», en Hong Kong. De modo semejante, criticaron a Moscú lo que describen como «comportamiento irresponsable y desestabilizador» por acumular tropas en la frontera con Ucrania y ejercer una «actividad cibernética maliciosa, campaña de desinformación y actividades de inteligencia maligna».
No consta en los medios que los representantes de los 7 trataran ayer el caso de Cuba, donde hace unos días responsables sanitarios de la isla manifestaron que se iniciaba un proyecto realizado junto a China para crear una vacuna que hiciera frente a las diversas variantes del Covid-19, lo que significaría el inicio de un plan global de abordaje a la pandemia desde una colaboración científica internacional y que se opondría por tanto a los embargos económicos que impiden que Cuba desarrolle los avances que ha logrado en este campo y que bloquea su capacidad para que se exporte la vacuna o que los científicos cubanos viajen a otros países que sí disponen de los costosos medios necesarios para la investigación, medios que son vetados por EEUU a través del bloqueo a la isla.
