El pasado jueves día 8 de abril, el gobierno sionista decidió no cooperar con la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) en el expediente de investigación de crímenes de guerra cometidos por el ejército de ocupación en territorio palestino.
El diario hebreo Maariv confirmó que, en una sesión del gobierno en funciones, éste decidió responder a la CPI que no tiene ninguna autoridad para abrir investigaciones sobre las actuaciones que hayan llevado a cabo las fuerzas de ocupación. El periódico citó declaraciones en que el gobierno de Netanyahu afirma que “no cooperaremos en este asunto”, si bien se espera que se hará un anuncio oficial al respecto.
En esa respuesta oficial a la CPI, el gobierno sionista tendría tres opciones: la primera consistiría en reconocer la jurisdicción y la autoridad del Tribunal Internacional de La Haya, llevando de forma paralela una investigación que conllevaría el enjuiciamiento de altos funcionarios israelíes. La segunda opción consistiría en rechazar la autoridad de la CPI, tal y como han anunciado en prensa. La tercera opción sería solicitar a la CPI una prórroga de la respuesta oficial hasta que se forme un gobierno definitivo en Israel, ya que actualmente el gobierno es provisional tras las elecciones del 23 de marzo.
El expediente abierto por la CPI ha tenido lugar gracias a que el pasado 3 de marzo, la Fiscalía de la CPI dio luz verde a una investigación en Palestina después de que los jueces confirmasen en febrero que el Tribunal tiene jurisdicción para juzgar crímenes de guerra en Palestina, tras haber realizado una investigación preliminar durante cinco años, de la que se desprendía que había motivos suficientes para investigar posibles acciones criminales.
Entre los crímenes de guerra se contaría la masacre perpetrada contra la Franja de Gaza en el verano de 2014, dada a conocer como “Operación Margen Protector”, en la que resultaron asesinados más de 2100 palestinos, de los que una cuarta parte eran menores, y miles de personas heridas; así como la política de creación colonias ilegales sionistas, los mal llamados asentamientos, en Cisjordania, que supone una flagrante violación de las leyes de derecho internacional.
Ya entonces, con ese anuncio de la Corte Penal Internacional, Netanyahu calificó esta decisión de antisemitismo, de acuerdo con el discurso permanente sionista de que cualquier acción o declaración que condene a Israel por sus crímenes y su política de apartheid, es antisemita.
Palestina pasó a ser miembro de pleno derecho de la Corte Penal Internacional en abril de 2015, poco después de entrar en vigor su adhesión al Estatuto de Roma. Mientras que Israel, que tiene la consideración internacional de ser “la única democracia en Oriente Medio”, no es miembro de la Corte y rechaza su jurisdicción.
