El Departamento de Estado norteamericano ha publicado el informe «2020 Country Reports on Human Rights Practices». Es una obligación legal, impuesta por el Parlamento norteamericano en la «Foreign Assistance Act» de 1961 y la «Trade Act» de 1974, que buscaba evitar el comercio y colaboración con regímenes que no respetasen los derechos humanos. Pero en la práctica, es el señalamiento público que hace el Gobierno de Estados Unidos anualmente a las potenciales víctimas de su estrategia imperialista global.
Este año, el informe tenía una especial relevancia, pues era el primero de la administración Biden y se esperaba un giro al matonismo y la agresividad de la era Trump. Y así parecía que iba a ser cuando Antony Blinken, jefe de la diplomacia norteamericana, comenzó la presentación del mismo. Señalando una ruptura con la política de Trump y comprometiéndose a luchar contra las «violaciones de los derechos humanos donde sea que se produzcan y sin importar quienes sean los responsables, si son rivales o aliados».
Pero no, otro juego de trileros, de nuevo el discurso progresista acompañado de los hechos mas reaccionarios, que parece que va a ser la tónica del gobierno de Biden. Una estrategia que conocemos bien en Europa y que es alfombra roja para la llegada del fascismo.
El informe pone su foco en Rusia, donde no podía faltar el neonazi Navalny. Señala Bielorrusia. Pero sobre todo, China. A quien acusa nada menos que de genocidio. El supuestamente cometido contra la minoría musulmana Uigur de la provincia de Xinjiang. Donde tira de toda la vieja imaginería construida por Conquest en los 60 contra la URSS y fijada en el imaginario colectivo a base de repeticiones. Hablando de campos de trabajo, reeducación y gulags. Además, da pábulo a teorías de la conspiración sobre el Covid19, deslizando acusaciones contra China como sobre cuatro periodistas chinos desaparecidos por informar de los primeros casos en Wuhan, o el acoso a los académicos que han cuestionado la «narrativa oficial de Pekín sobre la pandemia».
En latinoamérica, el capítulo sobre Cuba de este año es especialmente agresivo. Recogiendo, sin el menor rigor, todos los bulos de las redes sociales del entramado mafioso de Miami. Acusa a Cuba por primera vez en años, por ejemplo, de asesinatos políticos extrajudiciales. No a Colombia, con sus más de seis mil falsos positivos demostrados y sus decenas de líderes sociales asesinados este año. No, a Cuba. Pone de ejemplo, único, la muerte de Hansel Hernández, ladrón que fue sorprendido por la policía y en su huida fue abatido por disparos de un agente, que auxiliaba a un compañero herido por el prófugo. El informe lo hace pasar por disidente y recalca que era negro. Si, EEUU acusando de racismo policial a Cuba al tiempo que se juzga en Minnesota el asesinato de George Floyd.
También habla, en el marco del desmantelamiento del efímero Movimiento de San Isidro, de detenciones y encarcelamientos arbitrarios, así como «desapariciones forzadas por períodos de tiempo». Que deben ser desapariciones y reapariciones o algo así. Una burla a las víctimas de estos crímenes propios de las dictaduras militares promovidas por EEUU en el Cono Sur. Y se identifica, de nuevo en linea con conspiraciones filofascistas, las medidas anticovid con restricciones dictatoriales a la libertad. Sobre el tráfico de personas, epígrafe en el que sitúan, de una manera fascinante, las misiones médicas internacionalistas cubanas, remite a un futuro informe monográfico.
Ante tan graves hechos, el Director General a cargo de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, convocó al Encargado de Negocios de Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga-Brown, a quien trasladó el rechazo cubano a las falsas acusaciones vertidas en el informe. Y conminó a enfrentar las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos en los Estados Unidos, de sobras documentadas, y de las que no se habla en el informe.
Por último, y como curiosidad, sobre España habla de la libertad de expresión, mencionando que a pesar de cierto descontento social, el gobierno español «en general respeta» ese derecho. Pero, a su vez, se hace eco de «múltiples denuncias» de que miembros del Gobierno han «atacado verbalmente a ciertos periodistas y medios». Detalla unas declaraciones de Pedro Sánchez acusando a ciertos medios conservadores de generar crispación, y otras de Pablo Iglesias en las que decía: «Nuestra democracia será mejor cuando los responsables políticos, policiales y los mediáticos de las cloacas estén en la cárcel». El informe considera que es una amenaza a «un periodista por publicar información comprometida sobre su partido y particularmente su financiación». El informe del progresista Biden parece que se lo ha encargado a OKDiario.
