Presten atención a lo que quiero contarles en este artículo porque será muy difícil que se lo digan en otros medios. Al revés, esos medios pagados por quien los paga para lo que los paga serán quienes más interés tengan en intoxicarles sobre este asunto.
El pasado 23 de marzo VOX (¿quién si no?) llevó al Congreso una proposición no de Ley que pretendía la eliminación del impuesto de sucesiones. La proposición fue momentáneamente rechazada, pero significó la recuperación de una campaña de la derecha más cerril contra este tributo. Porque aunque VOX dijera en su alocución que representaba un movimiento social y apolítico, lo cierto es que los dos lobbys principales que mueven esta campaña, Stop Sucesiones y Stop Impuesto de sucesiones están dirigidos por integrantes del PP y VOX, que han demostrado mucha eficacia en su trabajo.
Por ejemplo, han logrado convertir en una idea extendida (y el otro día lo repitió Inés Cañizares, una de las diputadas encargadas de vender esta falsa propaganda en el Congreso) que el impuesto es anacrónico y que está siendo progresivamente eliminado en Europa. Esto es mentira: No solo existe en casi toda Europa, sino que Francia, Bélgica, Holanda o Alemania recaudan más porcentaje por este concepto que España y desde patrimonios más bajos. Más aún, existe en el país meca de la libertad económica, en los Estados Unidos, donde hace años se intentó una campaña similar pero, curiosamente, los medios de comunicación y los movimientos sociales, casi siempre inexistentes en dicho país, en este caso sí hicieron su trabajo. Sin embargo hoy en nuestras tierras campan por sus respetos las noticias falsas que desde hace años nos dan medios vendidos al lobby abolicionista, como en este video de Antena3 donde Susana Griso dice textualmente que «a un alemán esto no le cabe en la cabeza». A veces estos bulos corporativos llegan al extremo de esta noticia de 2017 de Libre Mercado, donde se ilustra que la mitad de países de la OCDE han eliminado el impuesto…¡incluyendo una tabla que lo desmiente!
También vendieron bulos legales como el de que el Tribunal Superior de Justicia de la UE declaró ilegal o inconstitucional, según donde lo miren, este gravamen, algo imposible porque primero, una ley no puede ser ilegal, segundo, este tribunal no interpreta la constitución española, y tercero, no cuestionó el impuesto, sino su desigualdad entre comunidades.
Abundaré un poco más en este punto porque, según las fuentes que he consultado, sí existe un acuerdo en que el impuesto debería armonizarse de algún modo, pero tampoco esto debe llevar a engaño: si no existe normativa autonómica al respecto hoy por hoy se aplica la estatal. Es decir, que, de momento, si un político autonómico promete eliminarlo nos está tomando el pelo.
Analicemos ahora un cartel distribuido ampliamente en su día por Stop Sucesiones. Aquí lo tienen:
El primer punto de los que se citan en esta propaganda es falso según las estadísticas de la Junta de Andalucía, el segundo falsea los datos al mezclar renuncias por deudas heredadas, el cuarto no se corresponde con el estudio de la FADS (federación de asociados para la defensa de la salud pública) que ven debajo y el quinto miente: en derecho impositivo el error de salto, casi por definición, solo puede darse en impuestos progresivos.
Otra idea que nos han logrado vender es que es habitual que mucha gente renuncie a herencias por no poder pagar el impuesto. Algo que cae de su propio peso al ver que no existe correlación entre las renuncias y la cuantía del impuesto en diferentes comunidades o que el patrimonio más habitual de las familias españolas según el Banco de España son 122000 euros, cantidad que ninguna comunidad grava.
Con esto llegamos al punto central de esta campaña: la derecha política, que, como dije al empezar el artículo, es quien está detrás de toda esta desinformación, tiene este interés en cargarse el impuesto del que hablamos porque es uno de los que por su propia naturaleza más afecta de modo específico a señoritos, oligarcas, terratenientes, etc. Además de uno de los pocos que de ningún modo pueden evitar pagar. Los inmuebles están donde están y no se pueden trasladar ni ocultar.
El silenciamiento de las noticias que no encajan con el objetivo final es otra vertiente de esta ofensiva intoxicadora: me consta que muy poca gente se enteró de que en 2018 una entidad tan neoliberal como la OCDE reprendió a España por las excesivas ventajas que se daba en nuestro país a las clases altas, y específicamente citaba como una posible forma de solucionarlo la no eliminación del impuesto que nos ocupa.
La perversidad de esta campaña de desinformación alcanza extremos realmente retorcidos y maquiavélicos como el que les relato a continuación: según las fuentes consultadas existe un impuesto sobre bienes inmuebles mucho más confiscatorio y lesivo: el impuesto de plusvalías municipales, que sí provoca situaciones injustas al no ser progresivo ni tener en cuenta muchos factores. Mis fuentes informan de que, de hecho, casi todos los pleitos que en conceptos inmobiliarios se producen son derivados de estas plusvalías. Pero curiosamente no hay campañas contra este tributo. Ocurre así porque uno de los puntos sobre los que se basa esta campaña de desinformación es que el ciudadano de a pie, normalmente ignorante en materia fiscal, confunda el impuesto de plusvalías con el de sucesiones. Para que las clases menos favorecidas se crean que les afecta un problema que no es suyo. Pasará a serlo si se elimina el impuesto de sucesiones y se pretende ingresar lo que deje de entrar en las arcas públicas por otra vía, por impuestos, en suma, que sí afecten a ciudadanos comunes y sí les supongan un daño, no como el que se supone que causa sucesiones a los oligarcas.
Por la importancia de un asunto de este calado es citaré las fuentes que he consultado: el incombustible Julián Jiménez o Profe Rojo, una de las figuras más activas de la izquierda en las redes, y sobre todo los expertos de derecho tributario Francisco González, opositor malagueño a notarías, y Rafael Sanz profesor de derecho tributario en la Universidad Nacional de Educación a distancia, respectivamente, que desde hace tiempo vienen previniéndonos de esta campaña en sus cuentas de Twitter.
Por mi parte solo me resta recordarles que desconfíen siempre de cualquier cosa que viniendo de la derecha pretenda ayudar a las clases populares y que no piquen ahora que parecen dispuestos a reemprender la campaña.
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