Tras una dura pugna de casi dos años, finalmente, la distribuidora farmacéutica BIDAFARMA ha reconocido la improcedencia del despido disciplinario que el sindicalista Alberto Gómez González había sufrido en Jerez, mientras se encontraba en situación de incapacidad temporal como consecuencia de una estenosis del canal lumbar agravada por lesiones degenerativas a nivel L4-L5 y L5-S1.
Tras continuas protestas de los trabajadores no sólo en la ciudad de Jerez sino también en Huelva, Sevilla o Jaén, finalmente, la empresa ha terminado ha reconociendo la improcedencia del despido disciplinario y una indemnización de 40.000 euros, superior a la que le correspondería dada su antigüedad en la empresa.
El afectado ha señalado que “deben tener mucho miedo a mi acción sindical dado que, si desde el primer momento me hubiesen readmitido, se habrían ahorrado los 40.000 euros. Desde noviembre tengo reconocida una incapacidad permanente total para mi profesión habitual y, aunque existe la posibilidad de cirugía, hay nulas posibilidades de que pueda volver a realizar un trabajo que exige sobrecarga del raquis. De lo que no hay duda es de que es muy cómodo disparar con pólvora ajena y que, cuando Ignacio Lagier Fernández-Freire , el responsable de personal de BIDAFARMA que firmó la injuriosa carta de despido, redactó el documento, sabía que los euros de la indemnización por la injusticia que estaba cometiendo no iban a salir de su bolsillo, sino de la empresa”.
Los 18 sindicatos y colectivos que se sumaron a la campaña de denuncia de este despido injusto (entre los que figuraban las secciones sindicales de CC.OO. y UGT en BIDAFARMA, así como el PCE y los sindicatos CGT , CNT, CTA, Sindicato Ferroviario y USTEA), celebran ahora que, finalmente, se haya reconocido la improcedencia del mismo.