En esta semana, las fuerzas de ocupación israelí han vuelto a hacer de las suyas para con la agricultura palestina. Uno de los métodos que emplean sistemáticamente para ahogar a una ya demasiado asfixiada economía palestina, es el de destrozar literalmente las tierras de cultivo, ya sea con bulldozers o cañones de agua.
Concretamente, durante dos días seguidos (jueves 18 y viernes 19 de febrero), las fuerzas de ocupación abrieron colectores de agua de lluvia al este de la ciudad de Gaza y Beit Hanoun (al norte de la Franja), con el objetivo de provocar la inundación de tierras de cultivo, provocando con ello grandes pérdidas materiales. Asimismo, también el pasado jueves cuatro bulldozers israelíes penetraron algunas decenas de metros al este de Deir al Balah (al centro de la Franja de Gaza), barriendo y destruyendo cultivos.
Por otro lado, en esta semana La Unión de Comités de Trabajo Agrícola monitoreó el desarraigo de 15.315 árboles por parte de las fuerzas de ocupación y colonos durante el mes de enero en diferentes áreas de Cisjordania. El sindicato, que realiza informes mensuales documentando los ataques al sector agrícola tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, señaló que los colonos se dedican a agredir a agricultores y pastores mientras realizan sus labores de arado o pastoreo, y que las fuerzas de ocupación se centran en la demolición de diversos equipos y materiales necesarios para las labores agrícolas, como carpas, cobertizos, y tractores, entre otros. Estos ataques desde luego no son una novedad, ya que se producen impunemente, año tras año.
Palestina tiene una economía que se basa fundamentalmente en el sector primario, concretamente la agricultura (y en la Franja de Gaza también la pesca). Son los sectores precisamente más atacados por Israel. La continua demolición de estructuras y medios de vida agrícolas provoca continuamente la inseguridad alimentaria entre la población palestina. Las comunidades de pastores pierden el acceso al agua para sus animales, se expulsa a los y las campesinas de sus tierras y las comunidades beduinas se ven especialmente afectadas por las demoliciones, destruyéndose sus propiedades, en algunos casos, en repetidas ocasiones.
La destrucción de propiedades palestinas que tiene como consecuencia la pérdida masiva de las fuentes tradicionales de sustento de comunidades enteras, debería ser materia de preocupación para todos los defensores de los derechos humanos. El hecho de que esas actuaciones las esté perpetrando un régimen que está al frente de una ocupación militar de la tierra de una población nativa, en violación de los Convenios de Ginebra y de todos los niveles de decencia moral, es una desgracia. Es un acto de cobardía atacar la fuente de ingresos de un pueblo que está ya machacado a causa de esa ocupación y que vive con la amenaza del arresto, acoso y muerte. Es una cuestión que la comunidad internacional debería abordar urgentemente. Pero como siempre, esa comunidad internacional mira hacia otro lado.
