Arde otro asentamiento de temporeros en Huelva y deja al raso a 400 trabajadores

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Un incendio arrasaba la madrugada de este pasado viernes el asentamiento chabolista de Palos de la Frontera, cercano al polígono de San Jorge, en la provincia de Huelva. El suceso no ha dejado heridos pero ha calcinado gran parte de las viviendas y ha dejado a centenares de personas sin alojamiento ni pertenencias.

Es uno de los muchos asentamientos que se encuentran en Andalucía y en los que viven temporeros inmigrantes en condiciones penosas, sin los servicios básicos ni estructuras higiénicas. Miles de personas sobreviven en construcciones creadas con los restos que encuentran en las zonas cercanas, con las condiciones agravadas además por la pandemia. Son trabajadores migrantes que se encargan de la campaña del fruto rojo de Huelva cada año. Las chabola se extienden en los bordes de las carreteras y en los descampados cercanos a las fincas de trabajo. Parte de estos trabajadores vive en estas construcciones el tiempo que dure la campaña, otros logran encadenar contratos de corta duración gracias a que aparte de la fresa se han incorporado el arándano y otras frutas del bosque.

Son muy pocos los españoles que trabajan en estas fincas. Los dueños ofrecen salarios que no compensan el duro trabajo de jornadas completas, en ocasiones sin contrato ni cobertura de seguridad social. Sólo estos temporeros aceptan esas condiciones miserables, pese a ser ellos quienes sostienen con su esfuerzo el sector agroindustrial de la provincia.

Los incendios son habituales en las zonas donde se asientan los poblados de temporeros agrícolas. La semana pasada se producía un incendio similar en otra localidad onubense, Lucena del Puerto. El mes pasado otro incidente dejó heridos a dos trabajadores en Níjar, Almería. También el verano pasado se ocasionaban incendios en un poblado chabolista en Lepe.

Responsables de CCOO cifran en unas 8000 personas las que malviven en asentamientos similares sólo en la provincia de Huelva, y recuerdan que ya llevan años advirtiendo del riesgo de que suceda una desgracia. Las autoridades locales aportan ayudas temporales y asistencia básica cuando tienen lugar estos sucesos pero remiten la responsabilidad a organismos superiores, a los que exigen el levantamiento de estos poblados chabolistas. Sin embargo, nadie pide cuentas a los grandes propietarios de las fincas y a las grandes empresas agrícolas, ni a los responsables que consienten que estas empresas se nutran de esta mano de obra temporera sin importarles el evidente estado de precariedad en el que malviven.

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