La UNRWA, esto es, la Agencia de las Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo, ha solicitado alrededor de 1.236 millones de euros para seguir con su labor humanitaria en 2021. El organismo ha insistido en que se trata de una labor “necesaria mientras no haya una solución justa y duradera”y ha hecho un llamamiento a los donantes para “salvar los servicios humanitarios en riesgo yunir esfuerzos con el objetivo de desarrollar colectivamente una visión sostenible y progresista“.
Tal y como se puede leer en su página web, desde hace casi siete décadas, la Agencia ha sido la encargada de garantizar el acceso a educación, sanidad, ayuda humanitaria y servicios sociales a los refugiados y refugiadas de Palestina. Una población que vive refugiada en Siria, Líbano, Jordania y el territorio Palestino ocupado (la franja de Gaza y Cisjordania). Para desarrollar su labor, UNRWA está financiada casi en su totalidad por las contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la ONU.
La UNRWA ha sufrido en los dos últimos años un descenso muy preocupante en las donaciones, y por ende, en la financiación de sus proyectos, concretamente desde que la administración Trump decidiera congelar la contribución estadounidense a la Agencia. Tanto fue así, que el estrangulamiento financiero llevó a la UNRWA a acumular un déficit de hasta un 12% de sus presupuestos, que estaban cubiertos en casi dos terceras partes por fondos estadounidenses. Los responsables de la agencia anunciaron entonces que no estaban en condiciones de garantizar el inicio del curso escolar para los 500.000 alumnos inscritos en sus 700 escuelas en toda la región, de los que más de la mitad acuden a las aulas de Gaza. La red de clínicas y centros de salud de la ONU, que complementa la precaria sanidad palestina, también ha sufrido cierres a causa de la reducción de fondos.
Desde entonces, la Agencia ha puesto en marcha una fuerte campaña para conseguir donaciones no solamente de los Estados miembro de las Naciones Unidas, sino también a nivel particular. Lo cierto es que estas ayudas son fundamentales para garantizar la continuidad de unos servicios mínimos (sanidad, educación, banco de alimentos) a los casi 6 millones de personas refugiadas en Oriente Próximo (según la cifra que reconoce la propia ONU, pues este nº varía en función de la fuente consultada, que aumenta considerablemente si se tienen en cuenta a los y las descendientes de segunda y tercera generación).
Y es que la cuestión de las personas refugiadas y el derecho al retorno es una piedra angular de la lucha palestina. Es un derecho que además está consagrado en el derecho internacional. La Asamblea General de la ONU de 1948 adoptó la Resolución 194 que pedía el retorno de las personas refugiadas palestinas a sus hogares. En 1967 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 237 que pedía a Israel que facilitara el retorno de los refugiados, incluidos aquellos obligados a huir debido a que unos días antes Israel se había apropiado de sus tierras. Israel, no obstante, sigue violando sus obligaciones según el derecho internacional. No tiene intención de corregir o de abordar las injusticias históricas que provocaron el problema de los refugiados palestinos y el derecho al retorno ha sido uno de los principales problemas que impiden una resolución justa del conflicto. En los raros casos en los que Israel considera siquiera el Estado palestino, mantiene que el derecho al retorno es absolutamente imposible.
Precisamente, las escuelas y los centros de salud de la UNRWA en Gaza han sido objetivo de las bombas israelíes durante las masacres que el ente sionista ha llevado a cabo sobre la Franja de Gaza. Esto fue especialmente sangrante durante la llamada Operación Margen Protector de 2014, en el que Israel asesinó a cerca de 2.500 personas, de las que una cuarta parte eran menores. A día de hoy, Israel sigue impune ante semejante atrocidad.
