Iba a ser la medida estrella del Gobierno de la Junta de Andalucía para la vuelta al colegio tras las vacaciones navideñas y ha acabado siendo casi una broma de mal gusto. Colas kilométricas y horas de espera, desorganización y hasta falta de tests en algunos espacios habilitados para la prueba voluntaria de COVID 19 que se iba a realizar a todo el personal docente en Andalucía.
Estaba previsto que más de 20.000 profesionales del sector de la educación en la comunidad se hiciesen la prueba rápida de la COVID 19 para garantizar -si es que eso lo garantiza- una vuelta a clases segura, pero al final los docentes se han visto obligados a permanecer horas en filas en las que no se guardaba la distancia de seguridad, convirtiendo la prueba en un contrasentido difícil de justificar.
Las quejas de los docentes en redes sociales han ido acompañadas de declaraciones desde sectores políticos y sindicales advirtiendo de esta situación. Así el parlamentario por Sevilla de Izquierda Unida ha manifestado que «no se puede poner en riesgo a los docentes, máxime cuando la situación sanitaria ha empeorado con un repunte estas navidades».
El secretario general en Andalucía del sindicato de enseñanza de CCOO, Diego Molina, en declaraciones a El Común señala que: «advertimos al propio consejero que para evitar esta situación y para que este tipo de pruebas fuesen efectivas, se empezasen a hacer el día 7, alargando el periodo no lectivo si hubiese sido necesario, para hacer las pruebas de manera escalonada y evitar está imagen».
Por su parte, Olga Solano, del sindicato USTEA, entiende que «la organización ha sido nefasta. No se ha hecho con previsión para evitar masificaciones en determinadas zonas, desplazamientos innecesarios por parte del personal interino, pruebas con resultados inciertos,… Es claramente mera publicidad más que una intención real de contribuir a evitar el aumento de la transmisión del virus.»
