La Unión Europea tiene entre sus objetivos esquilmar la Seguridad Social española y ha vuelto a dar una prueba de ello en estos días. Así, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha diseñado una propuesta sobre la próxima reforma de pensiones que supondría una rebaja media del 5,45%. Además de ello, la propuesta contiene el aumento del periodo de cómputo de las nuevas pensiones de 25 a 35 años. Esta proposición ministerial obedece a las exigencias de la UE.
De este modo se evidencia que a cambio del estímulo europeo de las inyecciones de ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conocido con el llamativo sobrenombre de Next Generation EU, la Troika europea planea reformar de manera estructural el sistema de pensiones, los derechos laborales y el modelo productivo de manera que el coste de esos ambiciosos endeudamientos recaiga sobre los de siempre: los trabajadores.
Así pues el Gobierno se encuentra en la tesitura de exponer en sus declaraciones que es el más progresista de la historia, y hacer ostentación de su Escudo Social, pero al mismo tiempo obedecer a los mandatos de la UE para continuar con los recortes de derechos y las rebajas de salarios, ya sean directos o diferidos.
Miembros de Unidas Podemos, parte componente del Gobierno, han calificado de “inaceptable” la posibilidad de subir el cómputo de pensiones de 25 a 35 años con la consiguiente rebaja del 5,5%, cuya resolución aseguran no ha sido debatida con ellos, y han declarado que todo lo que no sea mejorar el nivel adquisitivo de los pensionistas será “ir hacia atrás”. Sin embargo, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, confirmó ayer que el Ejecutivo estudia esas propuestas, expresadas con el eufemismo de “explorar todas las alternativas”.
Se escenifica así otro desencuentro entre las partes integrantes del Gobierno, en el tira y afloja que mantienen desde su inicio y en el que los trabajadores son el pañuelo atado en la cuerda que a veces se acerca a las medidas de desarrollo social y a veces a los futuros recortes, todo ello bajo el incierto paisaje de la pandemia y la posibilidad de una nueva oleada estimulada por la imposición empresarial de fomentar el consumo navideño.
Por su parte, CC OO y UGT confirmaron que esa propuesta no se ha contemplado en el diálogo social y que esa posibilidad no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo. En el documento aprobado hace unas semanas se menciona la evaluación del impacto del actual aumento del periodo de cómputo e, incluso, se apunta la posibilidad de elegir los mejores años. Representantes de estos sindicatos mayoritarios han comentado al respecto que esta medida, caso de llevarse a cabo, sería desleal.
