Tras un largo pleito que se ha prolongado durante 15 años, el Juzgado de Primera Instancia de A Coruña resuelve que el pazo de Meiras, residencia estival histórica del dictador Francisco Franco y su familia, pasa a ser propiedad pública y que los herederos del tirano deben devolverlo al Estado, puesto que fue obtenido en un proceso de régimen de represión, en falta de legitimidad y bajo las órdenes de un jefe de Estado autoproclamado.
La sentencia supone la culminación feliz de un interminable proceso y una pequeña victoria contra las fuerzas reaccionarias que tratan de denostar la justicia y la necesidad de hacer Memoria Histórica. Podría estimarse que el valor de la resolución es puramente simbólico, pero también implica evidenciar la infamia del relato embustero que se impuso tras la devastación de la República.
Según el relato implantado por la oligarquía beneficiada tras décadas de dictadura -y asociaciones actualmente vigentes, entre ellas la Fundación Nacional Francisco Franco- el fin del pazo de Meirás era «potenciar el turismo» y «difundir el patrimonio gallego en el mundo». La crónica falaz justificaba que el pazo «fue donado por el pueblo gallego a Francisco Franco mediante suscripción pública» y que ese «generoso donativo» llevó a que Galicia contase «con la presencia veraniega de quien fue jefe del Estado durante la totalidad de su mandato, honor al que ninguna otra región española tuvo acceso».
La realidad es bien diferente. La escritora Emilia Pardo Bazán mandó construir esta residencia en 1883 y allí pasaba temporadas dedicada a la escritura. De hecho en una de sus torres quedan miles de libros de su biblioteca. A la muerte de la escritora sus familiares intentaron donar la finca a una orden religiosa. Sin embargo, el pazo fue comprado en 1938 por empresarios «deseosos de demostrar su entrega a la causa de Franco».
El capital para la generosa donación se recaudó solicitado bajo recibo a los funcionarios de la provincia bajo la excusa de “aportaciones voluntarias”. Todo quedó finalmente registrado a nombre de Francisco Franco Bahamonde y familia.
Los impulsores de la demanda entienden que el fallo tiene la peculiaridad de analizar qué fue el franquismo, la “falta de legitimidad” del régimen, el despotismo de Franco, a quien la jueza se refiere como “el autoproclamado jefe del Estado”. Asimismo interpretan que “queda claro que el proceso de traspaso a los Franco se hizo en un contexto de guerra y represión, lo que significa un avance desde el punto de vista de reconstrucción de la verdad.»
