En pleno aumento de los rebrotes por coronavirus y con la amenaza de una segunda oleada, cuando aún no han pasado apenas semanas de la admirable demostración del servicio indispensable que realiza la Sanidad Pública y los servicios públicos en general, el Trifachito andaluz continúa derivando fondos públicos a intereses privados que mercadean con la salud.
Se trata ahora de la decisión de traspasar 15 especialidades médicas en la provincia de Cádiz al mayor holding sanitario andaluz, la empresa Pascual. Además, la Junta ha decidido el encargo del reparto de las mascarillas ofrecidas a los pensionistas para la empresa Bidafarma, uno de cuyos gerentes es Manuela Villena, la esposa del presidente andaluz, Moreno Bonilla.
En el caso de la empresa Pascual, la Junta ha ascendido en el mes de mayo a sus hospitales al grado de Áreas de Referencia para la mayoría de especialidades médicas en una amplia zona de la provincia gaditana. La compañía de Hospitales Pascual es una de las ocho mayores empresas que se reparten el negocio de la sanidad privada en España, sector favorecido por los alternativos gobiernos socialistas y populares a nivel estatal y por el del PSOE en las últimas décadas en el caso andaluz, aunque ahora de manera más descarada y con mayor cuantía de fondos por parte de la troika reaccionaria andaluza.
La decisión de la Junta de otorgar estos servicios a Hospitales Pascual, aparte del traspaso millonario de recursos públicos, supone una pérdida de derechos para los gaditanos al no poder ya elegir un hospital público en estas áreas, pues se verán obligados a acudir a estos centros privados para ser atendidos.
Se da la circunstancia también de que los centros privados que logran este tipo de acuerdos reciben una generosa cuantía aunque los servicios no se hayan prestado, por una «disponibilidad asistencial». Además es difícil determinar en volumen de trabajo y la cuantía de las atenciones realizadas, que es siempre a favor de las empresas y suponen un engrosamiento de los costes que contrasta enormemente con los recortes que sufren, en cambio, los centros públicos.
Por otra parte, la empresa Bidafarma será la encargada de gestionar el reparto de las mascarillas prometidas por la Junta a los ciudadanos de la tercera edad y pensionistas, un contrato que supone un gasto de 7 millones de euros. Uno de los gerentes de esta empresa es Manuela Villena López, esposa del actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.
La opacidad de estos contratos ha sido denunciada por Adelante Andalucía y el resto de miembros de la oposición y se desconoce el procedimiento por el que se otorgan estos suculentos proyectos ni si existen otras alternativas que se hayan presentado a concurso.
