Adriana Franco Silva, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
Entre 2021 y 2023, tres países de África Occidental sacudieron el tablero geopolítico internacional con una serie de golpes de Estado que destituyeron a gobiernos alineados con las potencias occidentales, particularmente con Francia y Estados Unidos. En mayo de 2021, Assimi Goïta tomó el poder en Malí; en septiembre de 2022, Ibrahim Traoré en Burkina Faso y en julio de 2023, Abdourahamane Tchiani en Níger. Los tres líderes protagonizaron transiciones militares que deben comprenderse a partir de la larga duración del colonialismo francés y sus estrategias neocoloniales, así como del injerencismo estadounidense.
Para entender el significado de los golpes del Sahel es imprescindible nombrar aquello que cuestionaron y comenzaron a desmantelar. En primer lugar, el mecanismo de control neocolonial francés: la Françafrique, un sistema de dominación que permitió que Francia mantuviera, durante décadas, un control político, militar, económico y monetario sobre sus antiguas colonias africanas. Este entramado operó a través del franco CFA —la paridad fija de esta moneda con el euro y la obligación de mantener una parte significativa de sus reservas en el Banco de Francia constituyen mecanismos de subordinación monetaria que favorecen la transferencia estructural de valor desde las economías periféricas hacia la antigua metrópoli—, a través de bases militares permanentes, de acuerdos de defensa que legalizaban la intervención francesa, de redes de corrupción con élites locales, entre otras. Así como de una presencia corporativa extractivista en sectores estratégicos como el uranio nigerino, explotado durante décadas por Orano (antes Areva) a precios irrisorios.
En segundo lugar, la presencia estadounidense, que si bien fue menos visible que la francesa, fue igualmente significativa en términos militares y estratégicos. Washington operó en la región desde la declaración de la «guerra global contra el terrorismo», financiando y entrenando a las fuerzas armadas locales a través del Comando África (AFRICOM) y desplegando fuerzas de operaciones especiales que supuestamente colaboraban con los ejércitos nacionales en la lucha contra grupos yihadistas. En Níger, Estados Unidos construyó la Base Aérea 201 en Agadez, desde la que operaba drones de vigilancia y combate sobre la región. Esta base era uno de los nodos más importantes de su arquitectura de inteligencia y contrainsurgencia en África. Sin embargo, tras el golpe de julio de 2023 en Níger, la junta exigió la retirada de las cerca de 1,000 tropas estadounidenses presentes en el país, lo que se completó en agosto de 2024. Mali y Burkina Faso también habían recibido asistencia militar, equipamiento y programas de formación financiados por el Departamento de Estado y el Pentágono, todos suspendidos tras los respectivos golpes de Estado.
En este contexto, la expulsión de las tropas francesas y estadounidenses de los tres países fue una acción que reflejó el hartazgo frente a la histórica tutela imperial que profundizaba las violencias y desigualdades contra las poblaciones del Sahel. Desde 2013, la injerencia extranjera se había agudizado con el despliegue de distintas operaciones militares, como la Operación Serval y la Operación Barkhane. Estas intervenciones tenían el objetivo de contener el avance de grupos islamistas radicales. Sin embargo, desde su despliegue, la violencia se incrementó y los grupos fundamentalistas se multiplicaron y expandieron por el territorio. Tras los golpes de Estado, el rechazo a las potencias imperiales favoreció que amplios sectores de la sociedad civil respaldaran a los nuevos líderes militares. Las manifestaciones populares utilizaron banderas rusas, pancartas antifrancesas y retratos de figuras como Thomas Sankara para expresar la larga memoria del despojo.
Tras la salida de Níger de la órbita imperial, las potencias occidentales, por medio de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), amenazaron con intervenir para reestablecer el orden que les era funcional. Frente a esta amenaza, los tres líderes proclamaron la fundación de la Alianza de Estados del Sahel (AES) en septiembre de 2023 —convertida en confederación en julio de 2024—, que representa uno de los intentos más firmes de confrontación al sistema neocolonial.
En el sistema internacional, estructurado por los intereses capitalistas, los logros de la Confederación de la Alianza de los Estados del Sahel han sido significativos. La expulsión de las fuerzas del G5 Sahel (diseñada por Francia) y de la operación Barkhane, la denuncia de acuerdos de defensa asimétricos, el rompimiento de relaciones diplomáticas, la salida de la CEDEAO y la declaración de una confederación soberana con política exterior, defensa y objetivos de desarrollo comunes son pasos significativos en la lucha contra el dominio neocolonial. La retórica de los líderes rememora el lenguaje panafricanista de los años sesenta y la búsqueda de autonomía, a pesar de los retos que tienen frente al histórico dominio y a las violencias de una hegemonía en decadencia.
Los tres países han tenido avances relevantes en términos de soberanía económica y control de recursos naturales. En Níger, tras el golpe de 2023, la junta revocó el permiso de explotación del yacimiento de uranio de Imouraren a Orano y abrió negociaciones para renegociar los términos de los contratos vigentes, exigiendo una mayor participación estatal en los beneficios. Malí, por su parte, nacionalizó varias minas de oro, incluyendo la de Loulo-Gounkoto operada por Barrick Gold, una de las más productivas del continente. El gobierno también exigió una renegociación de regalías y participación accionaria estatal, lo que desató un conflicto abierto con la corporación canadiense. Por su parte, en Burkina Faso, en 2024 se aprobó una nueva ley minera que eleva la participación estatal en los proyectos mineros. El gobierno también creó la empresa estatal Société de Participation Minière du Burkina (SOPAMIB) para gestionar directamente parte de la explotación del oro, principal riqueza del país. Estos pasos representan una ruptura real con décadas de contratos extractivistas, aunque su impacto redistributivo interno todavía está por materializarse.
A pesar de los avances, la crisis en el Sahel no se ha resuelto. Los ataques yihadistas continúan desplazando a millones de personas. En Burkina Faso, gran parte del norte del país permanece fuera del control estatal. Además, hay acusaciones de violaciones de derechos humanos contra las Fuerzas de Apoyo a la Patria (VDP) y contra el propio Ejército. Por otra parte, las juntas militares han sido objeto de críticas por la suspensión de procesos electorales, la restricción de libertades políticas y la represión de sectores opositores. No obstante, estos gobiernos han argumentado que tales medidas responden a un contexto de amenaza permanente, marcado por la persistencia de la insurgencia yihadista y por intentos de injerencia externa orientados a debilitar a los nuevos regímenes y restaurar estructuras de poder afines a los intereses extranjeros.
El acercamiento con Rusia —materializado en la llegada del Grupo Africa Corps, sucesor del Wagner— China, Turquía e Irán responde a la necesidad de contener la violencia histórica desplegada por los grupos fundamentalistas y las fuerzas occidentales, pero también a la lógica de negociación de la dependencia: si durante décadas solo había un par de “socios” que imponían sus condiciones, la diversificación puede ofrecer posibilidades distintas de acción. La sustitución de la influencia francesa por la presencia rusa no garantiza por sí misma la soberanía real de los pueblos sahelianos, sobre todo si se considera que Africa Corps ha buscado controlar posiciones estratégicas para el reordenamiento geopolítico global. Sin embargo, es una manera de frenar los intereses imperiales.
Los procesos políticos de la Confederación representan una ruptura real con décadas de neocolonialismo francés, y eso tiene un valor histórico innegable. Las poblaciones del Sahel exigen soberanía monetaria, control de sus recursos naturales, desmantelamiento de bases militares extranjeras y dignidad en sus relaciones internacionales. No obstante, la descolonización no se reduce a expulsar a las históricas fuerzas imperiales, sino que también debe implicar la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus vidas y el rechazo de todas formas de dominación. El Sahel está en un momento histórico de encrucijada, pero ahora el futuro depende de sus poblaciones y no del titiritero imperial.
