Por : Alejandro Giménez Sánchez @alexgimsan
El Sahel no es un “conflicto lejano” ni una nota a pie de página en África: es uno de los laboratorios centrales donde se decide cómo funcionará el imperialismo en el siglo XXI. Mientras te dicen que allí solo hay “terrorismo”, “golpes de Estado” y “caos”, lo que realmente está en juego son uranio, oro, litio, rutas migratorias y el control de una franja estratégica que atraviesa todo el continente.
Durante décadas, Francia ha perfeccionado un modelo de dominación casi invisible: ya no necesita cascos coloniales, le basta con contratos mineros, monedas diseñadas en París y bases militares disfrazadas de “lucha contra el yihadismo”. El resultado es un mapa donde Níger puede alimentar las centrales nucleares francesas mientras sigue figurando entre los países más pobres del planeta, y donde catorce Estados africanos ven secuestradas sus reservas en el Tesoro francés a cambio del “privilegio” de usar una moneda que no controlan.
Pero algo se ha roto. Mali, Burkina Faso y Níger han empezado a cortar los hilos: expulsan tropas francesas, discuten una nueva moneda y construyen una alianza militar y política —la AES— que cuestiona abiertamente el viejo orden neocolonial. Lo que está sucediendo allí no es solo una crisis regional; es un ensayo general de lo que significa, en la práctica, desafiar al capitalismo imperial en el corazón mismo de su arquitectura monetaria y energética. Si quieres entender hacia dónde se mueve el mundo, hay que empezar por el Sahel.
El Sahel no es una región secundaria en la geopolítica global, sino el epicentro de una transformación que redefine el orden mundial. Se trata de una franja de 5.900 kilómetros que atraviesa el continente africano desde el océano Atlántico hasta el mar Rojo, caracterizada por un clima semiárido con precipitaciones entre 100 y 700 milímetros anuales. Esta zona semiárida, que funciona como transición entre el desierto del Sahara y las sabanas tropicales, alberga aproximadamente 600 millones de personas y controla recursos estratégicos que determinan tanto la seguridad energética global como los flujos migratorios mundiales.
En 2024, el Sahel registró el 51% de todas las muertes relacionadas con el terrorismo del planeta. Desde 2020, se han ejecutado seis golpes de Estado exitosos en la región—dos en Mali, dos en Burkina Faso, uno en Guinea y uno en Níger. Simultáneamente, entre 2013 y 2022, el número de personas desplazadas por conflicto se multiplicó por diez, pasando de 217.000 a 2,9 millones. Esta crisis no es fortuita. Es el resultado directo de 140 años de explotación colonial francesa seguida por 66 años de neocolonialismo sistemático que destruyó economías locales, militarizó la región y alimentó la migración forzada.
La importancia del Sahel para Occidente permanece relegada a los márgenes del discurso occidental. Los medios corporativos cubren al Sahel como una región de “caos” y “terrorismo” sin analizar sus causas estructurales. Este silencio periodístico es estratégico. Permite a Occidente construir muros y militarizar fronteras mientras niega la responsabilidad por la devastación que provocó.
Los intereses ocultos de Francia en el Sahel
Francia ha mantenido una presencia colonial formal en África durante 160 años. Aunque formalmente otorgó independencia a sus colonias africanas en el período 1960-1962, instituyó un sistema de neocolonialismo monetario, militar y corporativo que perdura hasta 2026. La sofisticación de este sistema radica en su invisibilidad aparente: no requiere tropas de ocupación visibles, sino control mediante dinero, deuda y acuerdos corporativos.
La corporación francesa Orano (antes Areva)—que es 90% propiedad del Estado francés—ha extraído uranio de Níger durante 40 años. Níger posee una de las mayores reservas mundiales de uranio, y Orano ha extraído el 40% de su producción global desde este país. A cambio, Níger permanece clasificado entre los tres países más pobres del planeta y figura en el último lugar del Indicador de Desarrollo Humano.
Níger genera anualmente para Francia aproximadamente 3.000 millones de euros en ingresos por uranio. Este precio es impuesto unilateralmente: mientras Níger recibe €0,80 por kilogramo, el precio global alcanza €200 por kilogramo. La diferencia equivale a un robo institucionalizado.
Mientras el uranio es visible, existe un mecanismo de extracción más sofisticado: el franco CFA (Comunidad Financiera Africana). Catorce países africanos francófonos—incluyendo los tres del Sahel central (Mali, Burkina Faso, Níger) más Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, República del Congo, Benín, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Senegal y Togo—están obligados por acuerdos coloniales a mantener el 50% de sus reservas de divisas en el Tesoro francés.
Este sistema funciona como sigue: aunque formalmente estos países emiten su propia moneda (el Franco CFA Occidental o CFA), todas las reservas internacionales están concentradas en un “Compte d’Opération” (mecanismo financiero, frecuentemente asociado al Tesoro francés, utilizado para depositar las reservas exteriores de ciertos institutos de emisión, como los de la zona franco) bajo control francés. Francia, a cambio de garantizar la convertibilidad a euros, obtiene acceso permanente a estas divisas. Durante décadas, el Tesoro francés pagó tipos de interés reales negativos sobre estas reservas, lo que significa que los países africanos pagaban a Francia por el “privilegio” de mantener sus propios recursos en manos francesas.
Desde 1960, Francia ha extraído aproximadamente 68.000 millones de euros de sus excolonias africanas, mientras ha proporcionado apenas 19.000 millones en ayuda oficial al desarrollo. Esta es la diferencia entre imperialismo formal e imperialismo monetario: el primero es visible y puede ser rechazado; el segundo es burocrático y aparentemente técnico, dificultando su resistencia política.
En noviembre de 2023, los ministros de Economía de Mali, Burkina Faso y Níger emitieron una declaración conjunta recomendando la creación de una moneda común denominada “Sahel”. Esta decisión supuso un quiebre fundamental con Francia. Representa el primer intento coordinado en 63 años de abandonar el control monetario francés.
Más allá del uranio, Francia ha estructurado corporaciones para controlar oro, litio y cobalto del Sahel. Mali es el tercer productor africano de oro, con corporaciones francesas controlando la extracción mediante concesiones que generan ganancias mínimas para el Estado maliense. Burkina Faso posee reservas significativas de litio y cobalto, minerales estratégicos para baterías de vehículos eléctricos y tecnología de defensa.
El mecanismo es consistente: corporaciones francesas o controladas por Francia obtienen derechos de explotación mediante gobiernos corruptos que Francia apoya militarmente. Los términos de estas concesiones garantizan que 70-90% de ganancias retornan a Francia y apenas 10-30% queda en los países productores. Cuando gobiernos electos intentan renegociar estos acuerdos, Francia interviene militarmente o apoya golpes de Estado contra ellos.
Entre 2013 y 2022, Francia desplegó fuerzas militares en el Sahel bajo el pretexto de combatir “yihadismo”. La Operación Serval (2013-2014) y luego la Operación Barkhane (2014-2022) mantuvieron entre 4.500 y 5.100 tropas francesas en Mali, Burkina Faso y Níger. Estas fuerzas no combatieron al terrorismo, de hecho, Mali experimentó un aumento del 2.000% en muertes por terrorismo en los 15 años posteriores a la intervención francesa.
Lo que estas tropas francesas sí lograron, en realidad, fue blindar las operaciones de las corporaciones mineras galas en medio del caos, entrenando a fuerzas militares locales no para enfrentar amenazas externas, sino para aplastar cualquier brote de movimientos independentistas que osaran desafiar el statu quo. Al mismo tiempo, actuaron como arietes sutiles para desestabilizar gobiernos que siquiera insinuaban poner en jaque los intereses económicos de París, proyectando una presencia intimidatoria constante que ahogaba en la cuna cualquier atisbo de nacionalismo económico soberano. Así, bajo el manto de la «lucha antiterrorista», se consolidó el verdadero objetivo: perpetuar el control sobre los recursos sahelianos.
Documentación sobre operaciones francesas en Mali ha evidenciado torturas, desapariciones forzadas, y ejecuciones extrajudiciales de civiles. El sentimiento antifrancés en la región creció de manera exponencial desde 2013, reflejando tanto el fracaso estratégico como la brutalidad de estas operaciones.
El quiebre geopolítico 2022-2026
En agosto de 2022, Mali anunció la terminación de sus acuerdos de defensa con Francia, acusando a tropas francesas de “atentados flagrantes contra la soberanía nacional”. En enero de 2023, Burkina Faso ordenó la retirada de tropas francesas con un mes de plazo. En 2024, Níger expulsó a Francia. Para 2025, Chad y Senegal habían seguido el mismo camino.
En mayo de 2025, Mali, Burkina Faso y Níger oficializaron su salida de la Organización Internacional de la Francofonía—la institución que Francia utiliza para ejercer “soft power” cultural y político sobre sus excolonias. Esta decisión fue acompañada por una declaración conjunta acusando a la OIF de ser un “instrumento político manejado desde París”.
El 16 de septiembre de 2023, Mali, Burkina Faso y Níger constituyeron formalmente la Alianza de Estados del Sahel (AES)—una confederación con poder ejecutivo compartido, fuerza militar conjunta y objetivo explícito de crear una unión económica y monetaria con moneda común. El 3 de enero de 2026, estos tres países lanzaron la FU-AES (Fuerza Unificada de la AES), una estructura militar trinacional con aproximadamente 5.000 efectivos, coordinación de inteligencia, poder aéreo integrado y capacidades logísticas compartidas.
Esta estructura es revolucionaria para la región. En lugar de la fragmentación que Francia fomentaba, los países sahelianos están construyendo integración económica y militar que reduce la dependencia mutua de potencias externas.
En paralelo a la expulsión de Francia, Mali, Burkina Faso y Níger han ejecutado un giro geopolítico hacia Rusia y China. En 2024-2025, Burkina Faso recibió múltiples entregas de armamento chino: en enero de 2025, aproximadamente 100 vehículos blindados Norinco; en junio, 90 unidades adicionales; en agosto, sistemas de artillería de largo alcance SR5 con capacidad de fuego hasta 150 kilómetros; en octubre, seis unidades VN-22B más y cuatro sistemas SR-5 adicionales.
Estos equipos representan un nivel de capacidad operativa cualitativamente superior al que Francia proporcionaba. Los SR5 ofrecen un rango de fuego de 150 kilómetros—lo que permite a Burkina Faso golpear objetivos en múltiples países desde su territorio. Este nivel de sofisticación refleja que Rusia y China ven estos países como aliados estratégicos, no como colonias.
Paralelamente, Argelia—el poder militar más importante del Magreb—ha firmado contratos por miles de millones de dólares para adquirir cazabombarderos rusos Su-34ME, cazas Su-35SE y cazas de quinta generación Su-57E. Esta expansión militar rusa en el Sahel y el Magreb crea una arquitectura de seguridad alternativa completamente desvinculada de Francia.
La Corporación Africana de Rusia (Africa Corps)—sucesora del controvertido Grupo Wagner—mantiene presencia en Mali, Burkina Faso, Níger, Libia y República Centroafricana. A diferencia de Wagner, que operaba autónomamente, Africa Corps está controlada directamente por el Ministerio de Defensa ruso y se enfoca en entrenamiento, mentoring y construcción de capacidades locales en lugar de combate directo.
El legado colonialista francés
Mali experimentó un decrecimiento del 1,2% en PIB en años posteriores a la salida francesa. Esto puede parecer modesto en cifras macroeconómicas, pero para una economía donde 80% de la población depende de agricultura y pastoreo, significa hambruna funcional. El desempleo juvenil se disparó.
La razón es estructural: durante 65 años, Francia estructuró economías sahelianas para extraer materias primas. No existía industria local, no existía manufactura, no existían encadenamientos productivos. Cuando Francia fue expulsada, estas economías colapsaron porque estaban diseñadas únicamente para servir a Francia.
Entre 2013 y 2022, a pesar de la presencia militar francesa, las muertes por terrorismo en el Sahel aumentaron 2.000%. En 2024, Burkina Faso registró 1.907 muertes por terrorismo, lo que la convierte en el país más mortal del mundo para esta causa, superando a Afganistán. Mali ocupa la tercera posición global con 753 muertes, y Níger la décima con 468.
Este aumento no fue accidental. Francia militarizó la región sin resolver sus causas subyacentes: pobreza extrema, marginación de poblaciones pastorales, competencia por agua y tierra, e infiltración de redes yihadistas financiadas por actores externos. Una vez que Francia fue expulsada, la ausencia de cualquier estructura de gobernanza efectiva permitió que estos grupos se expandieran exponencialmente.
Los grupos armados yihadistas—principalmente JNIM (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, afín a Al Qaeda) e ISGS (Estado Islámico Sahel)—operan explotando vacíos de gobernanza. Reclutan en poblaciones que carecen de oportunidades económicas, acceso a servicios básicos, y representación política. La presencia militar francesa nunca intentó resolver estas causas; las exacerbó mediante represión y corrupción.
El Sahel experimenta una desertificación acelerada, con el desierto avanzando entre 60 y 100 kilómetros por década. Sin embargo, esto no es simplemente cambio climático. Las prácticas de extracción corporativa han acelerado dramáticamente la degradación. Las concesiones mineras francesas en Níger han contaminado acuíferos con desechos radioactivos de extracción de uranio. El agua de capas freáticas se desvía hacia minas de carbón que abastecen operaciones de Orano, dejando regiones sin agua para consumo humano o agrícola. Las Corporaciones multinacionales (muchas con vínculos franceses) han adquirido millones de hectáreas en Mali, Burkina Faso y Níger para monocultivos de exportación—algodón, caña de azúcar, cultivos para agrocombustibles. Esto ha desplazado a los campesinos de sus tierras ancestrales, destruyendo economías de subsistencia. Como consecuencia las poblaciones empobrecidas talaron árboles masivamente para obtener ingresos. Entre 2000 y 2020, Mali perdió el 22% de su cobertura forestal.
La confluencia de estos factores creó un escenario donde la tierra simplemente no puede sostener agricultura de subsistencia. Una familia que hace 40 años podía vivir de una parcela de 2 hectáreas ahora requeriría 5-8 hectáreas para la misma producción. Como tierra degradada no está disponible, la migración se convierte en única opción de supervivencia.
Este legado es alarmante, ya que arroja proyecciones del Banco Mundial que sugieren que sin cambios estructurales, las migraciones del Sahel hacia África del Norte y Europa alcanzarán entre 50 y 86 millones de personas para 2050. Esto no es crisis de migración; es éxodo forzado.
La hipocresía occidental: Contención en lugar de reparación
Mientras que Occidente creó deliberadamente las condiciones que producen la migración masiva, ha respondido construyendo muros, militarizando fronteras y externalizando control migratorio a gobiernos africanos mediante sobornos.
La Unión Europea ha invertido miles de millones en lo que denomina “contención de migrantes”: financiamiento de policías fronterizas en Mauritania, Mali y Níger para impedir que migrantes crucen hacia el norte; acuerdos con Libia para interceptar barcos migrantes (resultando en campos de detención donde se reportan torturas sistemáticas); colaboración con Marruecos para militarizar la frontera sur española.
Este enfoque tiene una lógica política perversa: los gobiernos europeos buscan mantener la extracción económica de África sin aceptar las consecuencias humanitarias. Construyen muros para proteger a sus ciudadanos de las víctimas del sistema que sus corporaciones y gobiernos crearon.
El juego sucio francés
Para comprender la dimensión del contexto de la zona, es necesario mirar de frente las acusaciones que pesan sobre el gobierno de Macron y su papel en el Sahel, no como un ruido de fondo más, sino como parte de una estrategia coherente de poder. Lejos de retirarse de la región, Francia ha buscado conservar su capacidad de influencia recurriendo a un mecanismo clásico del arsenal neocolonial: la fabricación de una “oposición democrática” a medida. Bajo el lenguaje de los “derechos humanos” y la “transición institucional”, París ha apoyado, financiado y formado a grupos opositores a las actuales juntas militares, presentándolos ante la opinión pública occidental como héroes cívicos, cuando en realidad funcionan como vectores de continuidad del viejo orden de dependencia.
Este juego quedó expuesto con especial claridad el 3 de enero de 2026, cuando Burkina Faso vivió un nuevo intento de golpe de Estado contra el presidente Ibrahim Traoré. Al frente del golpe se situó el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, antiguo dirigente de la transición, derrocado precisamente por Traoré en septiembre de 2022. No se trató de una simple disputa interna por cuotas de poder: el plan incluía asesinatos selectivos de mandos militares y civiles clave, buscando descabezar el nuevo proyecto político, hundir al país en el caos y crear las condiciones para justificar una “intervención militar externa” bajo el pretexto de restaurar el orden. El propio gobierno burkinés denunció que la operación se apoyó en “financiamiento proveniente del exterior”, señalando así que la disputa en Ouagadougou no es solo entre facciones locales, sino entre dos proyectos históricos: el de la emancipación soberana del Sahel y el de la restauración tutelada por las antiguas metrópolis.
A pesar de que el intento de golpe fue real. Sin embargo, la identidad del “financiador exterior” permanece sin especificar. Lo que es evidente es que hay múltiples actores externos que tienen motivo: Francia (para restaurar su influencia), actores terroristas (para crear caos), o gobiernos regionales rivales.
Entre el uno y dos de febrero de 2026, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR) publicó acusaciones de que Emmanuel Macron autorizó a servicios especiales franceses para ejecutar un “plan de eliminación de líderes africanos inconvenientes”, específicamente contra Ibrahim Traoré, Assimi Goïta y Abdourahmane Tiani.
Únicamente el SVR ha hecho estas acusaciones. No han sido corroboradas por la inteligencia occidental, medios de comunicación independientes, o agencias de las Naciones Unidas. Por otra parte ni el SVR ni ninguna fuente ha publicado documentación, grabaciones, órdenes ejecutivas, o comunicaciones verificables que respalden estas acusaciones. Por lo tanto, las acusaciones del SVR contra Macron son alegaciones no verificadas provenientes de una fuente con motivación geopolítica que habrá que monitorear para comprobar su grado de certeza. Lo que está claro es lo que esta sucediendo realmente, un intento de reemplazo de un imperialismo por otro, no una “liberación” africana. Por otra parte, mientras Francia perdía influencia basada en control monetario y corporativo, Rusia y China avanzan ofreciendo una alternativa que aparentemente respeta la soberanía formal.
Implicaciones para España
La crisis del Sahel no es un problema remoto para España. Es una amenaza inmediata a la seguridad del país operando en múltiples dimensiones: presión migratoria en sus fronteras más vulnerables, dependencia energética de la región, y pérdida de influencia geopolítica en su flanco sur estratégico. España hereda los problemas que Francia creó sin heredar los mecanismos de control que Francia empleaba.
Entre 2024 y 2025, España experimentó un cambio significativo en los patrones migratorios. Mientras las llegadas por la ruta atlántica a Canarias decayeron un 42,6% en 2025, la presión migratoria se reconfiguró hacia otras rutas: Ceuta, Melilla y las Islas Baleares.
En 2025, Ceuta y Melilla registraron 3.850 inmigrantes llegados por vía terrestre—un aumento del 45,4% respecto a 2024. En Ceuta específicamente, enero de 2026 ha registrado 172 inmigrantes en solo los primeros 15 días del año, consolidando una tendencia de presión constante. Melilla, que anteriormente registraba números menores, experimentó un aumento explosivo del 181,9% en 2025, con 327 inmigrantes llegados por tierra.
La ruta de las Islas Baleares, por su parte, registró 7.321 inmigrantes en 2025, un aumento del 24,5% respecto a 2024, consolidándola como eje migratorio dinámico. Este desplazamiento hacia Baleares refleja tácticas de reconfiguración de rutas en respuesta a controles fronterizos más estrictos.
Los datos de 2025 indican que el 54,2% de migrantes llegados por la ruta mediterránea occidental (Baleares, Ceuta, Melilla) procedían de Argelia, el 18,5% de Marruecos, y el 8,8% de Somalia. Esta composición demográfica es significativa: el aumento de argelinos sugiere que la inestabilidad en el Sahel está desplazando poblaciones hacia el norte, llegando a Argelia, donde carecen de oportunidades y buscan cruzar hacia Europa.
El costo humano es devastador. En 2025, España registró 3.090 víctimas mortales en las rutas migratorias, incluyendo 192 mujeres y 437 menores. Los meses de enero y febrero concentraron el mayor número de muertes, principalmente en rutas atlánticas y argelinas de larga duración.
España ha invertido miles de millones en “externalización de fronteras”, desplegando efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en Mauritania, Senegal y Gambia para impedir que migrantes abandonen estos países. Esto simplemente desplaza el problema geográficamente. Los migrantes desesperados encuentran rutas alternativas, a menudo más peligrosas, que los acercan igualmente a España pero a través de países ahora caóticos (Argelia, Libia) donde no existe cooperación institucional efectiva para contención.
Dependencia energética: Argelia como proveedor crítico no controlable
España ha construido su seguridad energética sobre una dependencia que creía predecible, Argelia. En 2025, Argelia se consolidó como el principal proveedor de gas natural a España, suministrando el 38,5% del total importado. Este porcentaje representa 128.504 gigavatios hora (GWh), de los cuales 107.179 GWh llegaron a través del gasoducto Medgaz y 21.325 GWh como gas natural licuado.
Argelia ha liderado el suministro de gas a España durante tres años consecutivos (2023-2025), recuperando la posición que perdió brevemente durante la crisis energética desencadenada por la guerra en Ucrania. Este restablecimiento de Argelia como socio energético estratégico es positivo desde una perspectiva de diversificación (alejándose de dependencia rusa), pero presenta riesgos geopolíticos nuevos.
Argelia es la puerta de acceso al Sahel. Mientras la inestabilidad se mantenga en Mali, Burkina Faso y Níger existe riesgo creciente de que Argelia sea arrastrada hacia la inestabilidad. Aunque Argelia mantiene una fachada de estabilidad, su ejército está cada vez más presionado por insurgencias que se reproducen en el Sahel.
Además, España intenta construir infraestructura energética que atraviesa el Sahel. El gaseoducto Warri-Hassi R’Mel, propuesto para conectar Nigeria (vía Níger) con Argelia y desde allí a Europa, es un proyecto fundamental para la seguridad energética europea post-2030. Sin embargo, este proyecto depende completamente de que Níger permanezca bajo control de gobiernos amigables a Europa. Con Níger bajo influencia rusa, controlado por una junta militar que privilegia relaciones con Moscú, las probabilidades de que este gaseoducto se concrete disminuyen drásticamente.
Si Argelia entrara en crisis de estabilidad—escenario no imposible dado presiones migratorias, inestabilidad, y volatilidad política—España perdería el 38,5% de su suministro de gas en pocos meses. Esto tendría consecuencias económicas catastróficas: apagones, cierre de industria intensiva en energía, crisis de calefacción invernal…
España pierde el juego sin entenderlo
Durante años, España conceptualizó su rol en el Sahel como satélite de Francia. Llegó a desplegar 163 soldados en la Misión de Formación de la Unión Europea en Mali (EUTM-Mali). Participó en operaciones francesa-europeas. Se coordinaba con París en iniciativas de seguridad. Esta estrategia asumía que Francia era permanente. No lo fue. Ahora, con Francia expulsada, España ha quedado geopolíticamente huérfana en una región crítica para sus intereses.
La “reorientación estratégica” oficial de España hacia “África Occidental atlántica” (Dakar, Accra, Abuja, Praia) es un eufemismo para evitar decir “nos retiramos del Sahel porque no podemos competir”. Mientras Rusia y China construyen relaciones bilaterales con gobiernos sahelianos, ofreciéndoles armamento, entrenamiento, y respaldo político sin condicionalidades aparentes, España intenta mantener presencia en Mauritania y Senegal mediante “cooperación policial” y “externalización de fronteras.”
Esto es insuficiente. Mauritania y Senegal permanecen relativamente estables, pero ambos están bajo la presión creciente de la inestabilidad saheliana. El desplazamiento estratégico español hacia “el Atlántico” es más defensivo que proactivo: se trata de proteger rutas marítimas, no de avanzar influencia política.
¿Qué valor tiene una “presencia diplomática” en Accra o Dakar si no se controla la seguridad en Mali, Burkina Faso y Níger? La respuesta es: poco. Los conflictos del Sahel se propagan hacia la costa atlántica. Los migrantes desesperados en Mali caminan hacia Senegal y Mauritania. Los grupos yihadistas penetran hacia el Golfo de Guinea.
España carece de instrumentos para revertir esta dinámica. A diferencia de Rusia, no puede ofrecer compañías militares que proporcionen seguridad inmediata. A diferencia de China, no tiene capital para invertir en infraestructura. A diferencia de Francia, ya no es la metrópoli con control monetario. España queda como una potencia media europea intentando mantener relevancia en una región donde ya ha perdido la partida.
Una dimensión adicional frecuentemente ignorada es la seguridad marítima. El tráfico comercial atlántico que pasa por aguas frente a Mauritania, Senegal, Guinea y Guinea-Bissau representa miles de millones en comercio anual. Buques españoles, italianos, alemanes y belgas navegan estas rutas regularmente.
Con la inestabilidad concentrada en el Sahel, el riesgo de que grupos yihadistas o criminales penetren hacia la costa aumenta. Aunque la piratería somalí ha sido contenida, existe riesgo creciente de que emerja piratería saheliana en el Atlántico.
España ha intentado responder mediante presencia naval, pero sin capacidad de proyectar poder terrestre que aborde las causas subyacentes (pobreza, conflicto, fragmentación estatal), las amenazas marítimas permanecerán.
España es simultáneamente víctima y cómplice de la destrucción del Sahel. Como víctima, hereda los problemas (migración masiva, inestabilidad, presencia de potencias como Rusia y China) que Francia creó pero no controla. Como cómplice, participó activamente en operaciones francesas en Mali bajo narrativa de “lucha contra yihadismo” sin cuestionar las causas estructurales de ese yihadismo.
España, con su historia entrelazada con Marruecos y el norte de África, pudo haber desempeñado un papel distinto en el tablero del Sahel. En lugar de orbitar en torno a Francia, tenía la oportunidad de ejercer una política propia, más coherente con su posición geográfica y su memoria histórica.
Podría haber alzado la voz contra el neocolonialismo, no solo como gesto retórico, sino aprovechando su presencia en operaciones internacionales para exigir renegociaciones que priorizaran el desarrollo local por encima del beneficio de corporaciones francesas. También podría haber apostado por una estrategia de inversión a largo plazo: infraestructuras, educación y empleo, no muros ni policía fronteriza externalizada. Ese camino habría atacado las causas profundas de la migración, en vez de sus síntomas.
Desde una diplomacia más soberana, España pudo haber tejido alianzas bilaterales con los gobiernos sahelianos, relaciones libres de tutelajes, basadas en la cooperación y en la igualdad de condiciones. Pero no lo hizo. Eligió seguir el paso de París, incluso cuando el rumbo conducía al borde de un acantilado.
Hoy, mientras Rusia y China ganan terreno en el continente africano, España se encuentra atrapada en un laberinto de dependencia y debilidad, observando cómo su margen de maniobra se reduce con cada giro de la historia.
España enfrenta un dilema que no tiene solución dentro de la lógica capitalista imperialista. Puede:
Opción A: Militarizar fronteras
Construir muros más altos en Ceuta y Melilla, invertir en vigilancia marina en Baleares, desplegar más agentes en Mauritania, con el previsible resultado, por el que se produciría el desplazamiento de migrantes hacia rutas aún más peligrosas, aumentando muertes, pero no reduciendo los flujos. Con un costo de miles de millones de euros anuales en seguridad fronteriza.
Opción B: Invertir en desarrollo saheliano
Financiar infraestructura, empleo, educación en Mali, Burkina Faso, Níger. Dando a corto plazo (5-10 años), un aumento temporal de migraciones (poblaciones empoderadas se movilizan) y largo plazo (20-30 años), una reducción de presión migratoria, con un coste muy contenido.
Opción C: Aceptar migración
Abrir fronteras, proporcionar servicios de integración, reconocer derecho a migrar como derecho humano. Con el resultado de un aumento de inmigración y la transformación cultural y demográfica de España. Aunque aportaría una solución humanitaria a la crisis provocada por el imperialismo occidental, el costo político seria muy alto. Los gobiernos antimigración ganarían las elecciones como un rodillo y la inversión económica acercaría a España a la banca rota.
Actualmente, España navega entre opciones A y un C muy limitado. El estado nunca ha considerado seriamente la opción B, porque reconocería que el problema fue causado por imperialismo occidental del que España fue cómplice.
La realidad es implacable: mientras el sistema económico global siga exigiendo la extracción barata de recursos del Sahel —uranio, oro, litio— a precios de miseria que enriquecen a corporaciones europeas, y mientras los gobiernos occidentales se nieguen a reconocer y reparar 140 años de colonialismo salvaje que devastó economías enteras y sembró las semillas de la actual crisis, no hay salida posible. No se puede resolver al mismo tiempo la seguridad de las fronteras españolas frente a las oleadas migratorias, la seguridad energética que depende de esos mismos recursos sahelianos para las nucleares y baterías del norte, la estabilidad política en una región al borde del colapso, y la dignidad básica de poblaciones africanas condenadas a la pobreza estructural. Son ecuaciones incompatibles, mecanismos de un engranaje imperial que solo se detiene si se cuestiona de raíz.
La lógica perversa del imperialismo tardío
Francia levantó en el Sahel un sistema maquiavélico donde la extracción económica masiva de recursos exigía, como condición ineludible, la destrucción metódica de cualquier atisbo de desarrollo autónomo en las comunidades locales. Durante 140 años de colonialismo directo y otros 65 de neocolonialismo disfrazado de cooperación. París succionó decenas de miles de millones de euros en uranio, oro y minerales estratégicos, mientras sofocaba con represión brutal cualquier iniciativa industrial que pudiera romper la cadena de dependencia. Mantuvo a generaciones enteras sumidas en el analfabetismo y la pobreza extrema no por descuido, sino como estrategia deliberada para garantizar mano de obra barata y sumisa; militarizó la región entera bajo pretextos de orden público, desplegando tropas y proxies solo para blindar los intereses de sus corporaciones extractivas; y moldeó economías enteras como máquinas perfectas de saqueo, donde cada euro reinvertido era un obstáculo y la exportación cruda, el único fin permitido. Así, el Sahel no se subdesarrolló por accidente, sino por diseño imperial.
Cuando los gobiernos nacionalistas (aunque sea en forma de juntas militares) finalmente rechazaron este sistema, crearon vacíos que Rusia y China están llenando. Francia intenta mantener su influencia mediante sabotaje y apoyo a supuestas “oposiciones democráticas” y Occidente construye muros para impedir que las víctimas de su sistema escapen.
La migración no es una “crisis” que requiera “contención”. Es un síntoma de un crimen histórico que sigue siendo perpetuado. La única solución es:
- Poner en marcha reparaciones históricas: Pago a países sahelianos por recursos extraídos (estimado en €500 mil millones mínimo)
- La Transferencia tecnológica: Tecnología de manufactura para permitir agregación de valor local
- El reconocimiento de derecho a migrar: Eliminación de fronteras fortalecidas para poblaciones empobrecidas mientras el capital se mueve libremente
- Poner fin al imperialismo: Abolición de sistemas monetarios coloniales, corporativos, y militares que perpetúan dominación
Mientras persista la lógica capitalista imperialista la migración forzada continuará multiplicándose. No es posible construir muros los suficientemente altos para contener a 86 millones de personas. La única solución es terminar con los sistemas que las convierten en migrantes forzados y les despojan de su dignidad. Nadie abandona su hogar por capricho. Lo hacen porque les han echado de él, condenándolos a la miseria.
