Hacienda acaba de anunciar que obligará a pagar el IVA a entre otras, plataformas digitales como Uber o Cabify las cuales, llevan años evadiendo impuestos.
Algo que tras años de trabajo de los taxistas en los juzgados, ante las autoridades y habiendo conseguido sentencias favorables, demuestra que estas empresas han estado operando de manera desleal frente al servicio público, siendo del mismo modo beneficiadas por las administraciones, las cuales nunca han tomado medidas contra éstas irregularidades.
Además, la noticia tumba el falso relato que medios y periodistas afines a Uber y Cabify repitieron durante años y que los taxistas ya sabíamos: Uber y Cabify ni pagan impuestos en España, ni aportan al bienestar, ni generan ningún beneficio a la sociedad. Únicamente se dedican a extraer la riqueza, precarizando a los trabajadores y parasitando lo público hasta hacerlo desaparecer. Tal y como están haciendo con la Sanidad pública, sobre todo en Madrid.
Un falso relato que a varios miembros de la cúpula de Podemos les costó varios paseos por los juzgados denunciados por Cabify al declarar públicamente que no pagaban impuestos en España, tal y como es, pero que algunos medios se dedicaron a convertir en un ataque político contra la empresa de vehículos VTC para presentarla como víctima cuando era el verdugo.
No obstante, pese a poder considerarse como una victoria indirecta pero tardía de los taxistas, lleva bastante más recorrido. Y ahí es donde entra la principal benefactora de estas empresas, la presidenta y pareja de un defraudador confeso, Isabel Díaz Ayuso.
Y es que ya en 2020, desde Taxi Project denunciamos ante la Fiscalía de Delitos Económicos de la Audiencia Nacional que Uber no pagaba el IVA de los trayectos que efectuaban sus vehículos, tal y como reclama ahora Hacienda.
La demanda que se sustentó en una sentencia conseguida por Élite Taxi Barcelona unos años antes y en la que el TJUE resolvió que Uber era una empresa de transporte (y no de intermediación como ellos se declaran), venía a decir que Uber, pese a tener su sede en un paraíso fiscal para no pagar impuestos al considerarse intermediario, debía abonar el IVA de sus servicios ya que operaba de facto como un servicio de transporte.
Pero la sorpresa llegó cuando descubrimos que Ayuso había adjudicado a Uber un contrato público de transporte de personal sanitario (a dedo), lo que nos otorgaba más pruebas de que Uber realmente era una empresa de servicios de transporte, demostrando que estaba evadiendo impuestos.
¿Y por qué Ayuso adjudicó contratos públicos a un gigante con sede en un paraíso fiscal declarado enemigo del servicio público del taxi? ¿Tendría que ver que el presidente de la patronal de los VTC fuera su compañero de lista en la candidatura de Cifuentes?… Bueno pues igual que Avalmadrid, el hermano con las mascarillas, los protocolos de la vergüenza, el defraudador confeso, etc…
Resumiendo, es un triunfo para todos y todas que Hacienda les empiece a cortar la merienda. Ya está bien de la impunidad de las plataformas.
