Lidia Falcón
Me siento enormemente enajenada del proceso electoral que estamos viviendo. No sólo apenas se conocen los programas que defienden las diferentes candidaturas, y estas no se sienten solicitadas a exponerlos, sino que no oigo más referencia a los problemas que conciernen a las mujeres que la afirmación de Abascal, con su habitual misoginia, de que no está de acuerdo con la legislación sobre violencia de género. Supongo que tanto él como los militantes de su partido le pegan a su mujer. Al fin y al cabo es una conducta tradicional, ellos que lo son tanto.
Pero no sólo es ese partido que hace honor a sus principios y tradiciones. En lo que llevamos de inicio de campaña no he oído ni leído que ningún partido, incluyendo al PSOE y a esos del Frente Amplio, que hayan mencionado la terrible lacra de los malos tratos y asesinatos de mujeres, ni mucho menos sugerir medidas que puedan si no eliminarlos al menos frenar la masacre que soportamos impávidos desde hace siglos, y que hoy, en 2026 se perpetúa sin trazas de modificarse en un futuro próximo.
Desde que se aprobó la ley de violencia de género hace dos décadas, el 28 de diciembre de 2004, se han contabilizado más de 1.400 feminicidios. Solamente en este año la cifra alcanza la cincuentena según los datos oficiales, las organizaciones feministas como la página web feminicidio.net, suman una decena más. Ningún mítin ni declaración ni entrevista ni artículo de alguno de los candidatos a gobernar nuestro país hace mención de semejante sangría. Si las víctimas fueran diputados, senadores, políticos, jueces, científicos, ingenieros o médicos, militares, que sistemáticamente fuesen asesinados por algún grupo terrorista, se declararía Estado de Excepción y los grupos especiales de la policía intervendrían.
La farsa más cruel ha sido la aprobación de esa ley de violencia de género -sea lo que sea eso- que además de excluir de su protección a las mujeres que no tengan una relación sentimental con el asesino: la madre, las hermanas, las compañeras de trabajo, las vecinas, las prostitutas, no toma medidas protectoras cuando se conocen las amenazas de quien será más tarde el victimario.
“Todo lo que falló antes del asesinato de Diana en Usera”, es el título de la crónica que publica El País el 28 de septiembre de 2026. En ella se relata como el 14 de septiembre de 2024, tres mes antes de ser asesinada, Diana Marisol Vázquez Rojas, de 29 años, paraguaya, y sin residencia legal desde que aterrizó en Madrid el 10 de mayo de 2022, se armó de valor y se presentó en la comisaría de policía de Usera, justo a la vuelta de su casa. “Pido la orden de protección sabiendo que a él le conocen y le respetan porque siempre va armado, y no le tiembla la mano para hacer lo que sea. Temo por mi vida.” Escribió de su puño y letra tras su denuncia.
Diana tenía sobrados motivos para temer a quien primero fue su cliente, después su casero y finalmente su agresor cotidiano. Ella acumuló siete denuncias contra él en tan solo cinco meses, desde julio hasta diciembre de 2024. La escena se repetía, una noche sí y otra no” como recogen las denuncias de Diana. Acosada por la falta de recursos económicos, debiendo enviar dinero a su familia que mantenía en Paraguay a su hijo de ocho años, sin tener a donde ir, soportó las amenazas continuas de Augusto hasta que el penúltimo día del año este le clavó en el cuello el cuchillo con el que la amenazaba para violarla.
“Riesgo extremo” valoró la policía en noviembre de 2024. Dos veces, dos jueces distintos, le denegaron la orden de protección que solicitaba Diana. Los episodios de violencia se reproducían constantemente. Una vez tuvo que huir por la ventana de la habitación, encaramada a la cornisa del tejado de la casa. La policía recogió en los atestados que el tal Augusto tomaba pastillas y se enfurecía fácilmente. La había amenazado en la discoteca y le quitó el bolso con todo el dinero que tenía.
El 15 de septiembre, la magistrada del Juzgado nº 11 de Violencia contra la Mujer , Asunción Laurel Cuadrado resuelve: “No ha lugar a dictar la orden de protección”, en folio y medio la jueza argumenta que no hay pruebas de lo denunciado por Diana y que el tal Augusto lo niega.
En el juicio celebrado en la Audiencia después del asesinato, el presidente del tribunal hizo callar al abogado de ella cuando intentaba explicar que Diana era una mujer independiente y muy valiente que no quería irse de la casa donde él le alquilaba una habitación. Le dijo, con malos modos, que se limitara a los hechos que se enjuiciaban.
Finalmente la tercera jueza que entendió de la denuncia de Diana le concedió la orden de alejamiento. La noche del asesinato, los otros inquilinos de la vivienda, dominicanos, compartida por Augusto y Diana, dijeron que los habían oído discutir, lo que era habitual en la pareja. Sabiendo que tenía orden de alejamiento de la víctima todos dejaron que Augusto llegara a la casa, hiciera la cena y esperara en su habitación a Diana.
Al final el veredicto, de conformidad con el acusado, fue el de asesinato con alevosía, veintiún años de condena de prisión. Ella estaba ya en el nicho.
La famosa, mentada y alabada ley de violencia de género en vigor, no impone ninguna medida de protección efectiva, cuando como en el caso de Diana el riesgo es extremo según dictaminó la policía, como la prisión preventiva para los maltratadores que además amenazan de muerte a su víctima. Ni siquiera cuando las cifras semanales aumentan la estadística de las asesinadas.
Y tampoco los políticos que ahora se postulan para cubrir las plazas de los legisladores, incluyendo a los de “extrema izquierda” han mencionado siquiera la lacra que supone esa estadística para un país que presume de cumplir los requisitos de una democracia consolidada, como afirmaba, muy orgulloso, hace un par de días Pedro Sánchez. Y por tanto tampoco ofrecen aprobar medidas de protección realmente eficaces. Supongo que piensan, incluidas las candidatas femeninas y curtidas en los últimos años en los escaños del Congreso y los puestos de gobierno, como la ínclita ministra de Igualdad Irene Montero, la ministra de Trabajo Yolanda Díez, la exalcaldesa Ada Colau, la ministra de sanidad Mónica García, y alguna otra que se me puede olvidar, que al fin y al cabo las víctimas son mujeres y no jueces, diputados, militares, políticos, en cuyo caso valdría tomar medidas más eficaces para protegerles. Porque sería una cuestión de Estado.
Tampoco leo que las componentes de ese llamado Movimiento Feminista hagan hincapié en esta tragedia que no tiene trazas de disminuir. Y cuando en debates, encuentros, congresos, planteo la indudable necesidad de modificar la famosa ley de violencia de género, me encuentro con la defensa arriscada de la misma, ya que fue aprobada por aclamación. No hizo falta votarla, los diputados y diputadas se pusieron en pie y aplaudieron. Todos, los de la derecha, el centro, la izquierda, los de orden y los extremistas. Ya sabemos por qué la ley es un adefesio inútil, que únicamente vino a aumentar el orgullo de haberla redactado al Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y su entonces ministra de Igualdad Bibiana Aído. Las únicas que no deben estar tan contentas son las víctimas.
Madrid, 10 noviembre 2026.
