La delegada del personal de una farmacia de Narón ha sufrido recientemente un descuento de más de 300 € en su nómina por ejercer un derecho protegido legalmente: las horas sindicales.
La Confederación Intersindical Galega (CIG‑Servizos) ha denunciado públicamente el hecho, calificándolo como una práctica ilegal y represiva contra la representación de los trabajadores.
Según la legislación laboral española, el Estatuto de los Trabajadores garantiza a los representantes legales del personal un mínimo de horas mensuales remuneradas para desempeñar funciones sindicales. En este caso, la delegada contaba con 15 horas mensuales que podía utilizar sin que esto afectase su salario. Sin embargo, la farmacia decidió descontar de manera unilateral y económica estas horas, alegando motivos que la central sindical considera injustificados.
Desde la CIG explican que este no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de presión y amenaza hacia la delegada: “Cada vez que comunicábamos el uso de estas horas, la empresa respondía con advertencias de descuento. Ahora han materializado esas amenazas en una reducción concreta de su salario”, señalan fuentes del sindicato. La reacción de la central ha sido inmediata: ha convocado una concentración frente al establecimiento afectado para exigir el fin de estas prácticas y la devolución íntegra del dinero descontado. Además, se prepara una denuncia formal para que las autoridades laborales investiguen la situación y sancionen a la empresa en caso de confirmarse la irregularidad.
Este caso refleja un problema más amplio que afecta a muchos representantes sindicales: el miedo a ejercer sus derechos por temor a represalias económicas o laborales.
La CIG enfatiza que la ley protege a los trabajadores y que acciones como estas constituyen una violación clara de sus derechos fundamentales, que no debe quedar impune.
La delegada, visiblemente afectada, ha expresado su confianza en que la solidaridad del colectivo y la intervención de la administración permitan resolver la situación de manera justa. Por su parte, la CIG recalca que la defensa de los derechos laborales no es solo responsabilidad de los sindicatos, sino de toda la sociedad: “Proteger a quienes defienden al resto de trabajadores es garantizar la dignidad de todos”, afirman.
El caso de Narón pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de los derechos sindicales y de sancionar cualquier intento de represalia. La acción del sindicato y el seguimiento mediático serán clave para que hechos como este no se repitan.
