Desde una perspectiva obrera, es urgente desmontar el relato que sigue considerando al autónomo como un «empresario» en sentido pleno, desligado de la clase trabajadora. En realidad, el pequeño autónomo es un trabajador más, atrapado en un sistema que lo margina, sin red de protección ni derechos colectivos. La subida de cuotas sin una mejora proporcional de las coberturas sociales no es solo injusta: es un castigo disfrazado de progreso.
El discurso oficial tiende a vender al autónomo como un emprendedor exitoso, libre e independiente. Pero esa imagen se rompe cuando miramos la realidad de cientos de miles de trabajadores por cuenta propia: camareros con su propio bar, repartidores en plataformas digitales, técnicos, freelancers o comerciantes que trabajan jornadas maratonianas por ingresos irregulares, sin vacaciones pagadas, sin paro, sin baja remunerada. Muchos de ellos subsisten, no «emprenden».
Esta precariedad estructural se ve agravada por decisiones como esta, que ignoran una premisa básica: el autónomo no es un contribuyente privilegiado, es un trabajador en situación de mayor vulnerabilidad. Según datos recientes, más del 60% de los autónomos en España no supera el salario mínimo interprofesional en sus rendimientos netos. Subir las cuotas a quienes ganan apenas 250 euros al mes es tan regresivo como cruel.
El Estatuto del Trabajo Autónomo (Ley 20/2007, de 11 de julio) reconoce explícitamente que los trabajadores por cuenta propia son un grupo diferenciado dentro del ámbito laboral. Aunque no tienen contrato de trabajo, el artículo 1 de esta ley define al autónomo como «aquella persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo».
No obstante, lo importante no es solo la definición legal, sino las implicaciones. El artículo 3 del Estatuto afirma que los autónomos «tienen derecho al reconocimiento y protección de su actividad por el sistema de la Seguridad Social, con especial atención a las situaciones de necesidad». Es decir, el sistema tiene la obligación de garantizar protección, no solo recaudación.
Más aún, el Tribunal Constitucional ha reconocido en distintas sentencias que el principio de justicia social debe regir también las medidas fiscales y de cotización, especialmente cuando afectan a personas en situación de mayor debilidad económica.
Además, en su artículo 41, la Constitución Española establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social «para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes en situaciones de necesidad», y añade que «la asistencia y prestaciones complementarias serán libres». Es decir, la solidaridad debe ser el principio rector, no la presión fiscal sin retorno.
El modelo actual deja al pequeño autónomo en una paradoja perversa: cotiza como si fuera empresario, pero vive como trabajador pobre. Mientras que una empresa puede deducir cotizaciones, externalizar costes o acceder a beneficios fiscales, el autónomo pequeño no tiene margen para nada. Ni siquiera puede enfermar sin que su economía se derrumbe.
Peor aún: el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, que se presentaba como más justo, ya ha mostrado graves deficiencias. Colectivos como los autónomos societarios, colaboradores o en pluriactividad han quedado expuestos a errores administrativos y recálculos inesperados. Ahora, con esta subida, se agrava aún más la inestabilidad.
Es relevante reivindicar que el pequeño autónomo forma parte del mismo colectivo que el asalariado: es un trabajador que vende su fuerza de trabajo, solo que lo hace sin empleador fijo y asumiendo todos los riesgos. No tiene sindicato, ni convenio colectivo, ni comité de empresa. Su única herramienta de defensa es la organización sectorial o territorial, muchas veces débil o fragmentada.
En un contexto de inflación persistente, caída de consumo y sobrecostes, aumentar las cuotas es inviable. Lo que se necesita es un modelo progresivo, donde se cotice más en función real de beneficios netos y no por presunción administrativa. Y sobre todo, se necesita que el Estado deje de tratar al autónomo como una vaca lechera y empiece a reconocerlo como lo que es: un trabajador al que se debe proteger.
La propuesta de la Seguridad Social no es una modernización ni un ajuste técnico. Es, como denunció ATA, un nuevo «sablazo» a un colectivo débil del mercado laboral. Si no se detiene, miles de autónomos podrían verse obligados a cerrar, a regresar a la economía informal o a aceptar condiciones laborales aún más precarias.
