El Consejo de Europa ha instado a España a modificar su legislación sobre la indemnización por despido improcedente. En su recomendación, emitida el 27 de noviembre de 2024, el Comité solicita que se revise la normativa actual para que las indemnizaciones contemplen de manera más adecuada el daño real causado al trabajador despedido y se ajusten a las circunstancias individuales de cada caso.
Actualmente, en España, el sistema de indemnización por despido improcedente se basa en una cuantía tasada de 33 días de salario por cada año trabajado. Esta cantidad, aunque legal, ha sido objeto de críticas por no considerar en muchos casos el daño real sufrido por el trabajador, especialmente cuando la relación laboral ha sido de corta duración. Además, la aplicación de esta fórmula estándar ha llevado a que en ocasiones se dé una indemnización insuficiente, que no tiene en cuenta factores como la situación personal del trabajador ni el impacto que el despido pueda haber tenido en su vida.
El Tribunal Supremo ha empezado a abordar este tema en diversas sentencias, algunas de las cuales ya otorgan indemnizaciones superiores a las legalmente tasadas. Estas decisiones se basan en la evaluación de las circunstancias personales de la persona despedida, apoyándose en principios contenidos en la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo.
En 2022, el Comité Europeo de Derechos Sociales, que depende del Consejo de Europa, reconoció que la indemnización máxima de 33 días de salario por año trabajado no siempre resulta «adecuada» o «reparadora» para el trabajador. En este sentido, el Comité de Ministros ha instado a España a modificar su legislación para que la indemnización no solo se base en el tiempo trabajado, sino que también contemple los daños económicos y no económicos causados por el despido.
Por su parte, la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha declarado que este tema será objeto de un proceso de diálogo social, atendiendo a los requerimientos planteados por las instituciones europeas. De este debate debería derivarse una reforma legal que permita a las personas despedidas sin causa obtener una indemnización más justa y acorde a sus circunstancias personales.
