El problema no es el diagnóstico de fondo, sino el marco explicativo que el artículo construye y, sobre todo, el momento en que lo hace: a cinco semanas de las elecciones del 29 de noviembre de 2026. El texto no es neutral. Se inscribe, objetivamente, en la campaña electoral de la derecha y ayuda a construir su relato de campaña: la culpa de la crisis no es del mercado, ni de la especulación, ni de la turistificación, ni de la falta de vivienda pública, la culpa es de la regulación. El propietario es la víctima. La izquierda y sus leyes, el enemigo. Y la solución, cómo no, es menos intervención pública y más “seguridad jurídica” para quien alquila. Evidentemente. esas excusas se utilizan para desplazar la responsabilidad de las administraciones públicas y de los actores especulativos. La verdadera inseguridad no es la del propietario que duda si alquilar o dejar la vivienda vacía; es la de la familia que no encuentra nada, la de la pareja joven a la que le exigen avalista y contrato indefinido, la de la madre inmigrante con hijos que es rechazada por su perfil. No es casual este desequilibrio narrativo: expresa una determinada jerarquía de intereses y una forma concreta de entender la vivienda, como activo financiero y no como derecho.
Una pieza de la campaña del PP-VOX
El artículo se publica el 21 de octubre de 2026. Las elecciones se celebran el 29 de noviembre de 2026. No hace falta creer en conspiraciones para constatar que eso no es inocente. En plena precampaña, cuando partidos y medios afines comienzan a fijar los marcos de interpretación que ordenarán el debate electoral, aparece un texto que convierte un problema social grave (la crisis del alquiler) en una historia sobre la “desconfianza del propietario ante el marco regulatorio”. El mensaje es claro: la regulación es el problema, el mercado la solución. Es justo el mensaje que necesita la derecha para movilizar a su electorado, para atrapar el voto de los pequeños propietarios asustados y presentar a la izquierda como una amenaza para el ahorro de la clase media. El artículo no se queda solo en informar. Construye un relato de campaña. Escoge un titular sensacionalista (“se asfixia”, “se desploma”, “se disparan”) con un solo referente: un agente inmobiliario de una asociación de gestores. No hay voces de inquilinos, ni de sindicatos de vivienda, ni de plataformas vecinales, ni de asociaciones de consumidores, ni de expertos críticos con el mercado. La noticia está narrada desde la perspectiva del propietario que alquila su vivienda y de la agencia inmobiliaria que intermedia dicha operación. Eso no es pluralismo: es la adopción indiscriminada de un marco de intereses. Y ese marco, en campaña electoral, funciona como propaganda objetiva, aunque no haya necesariamente un encargo explícito.
La campaña de la derecha para el 29-N quiere desactivar el debate sobre las causas estructurales de la crisis de vivienda. Lo que necesita es que la conversación no gire en torno a pisos turísticos, fondos de inversión, vivienda vacía, precariedad laboral o la ausencia de un parque público de alquiler asequible. Tiene que girar sobre la “incertidumbre legal”, un concepto abstracto que no señala a nadie en concreto y que permite vender a los propietarios como una comunidad victimizada. Eso es exactamente lo que hace este artículo. Por eso forma parte de la campaña electoral del PP-VOX, de hecho y de derecho.
La “incertidumbre legal” como artefacto electoral
Este relato es engañoso porque invierte la carga de la prueba. Lo que se le atribuye al propietario como “inseguridad jurídica” es, en realidad, la inseguridad que genera un mercado sin intervención pública. Hace décadas que en España el alquiler funciona con poca regulación, contratos abusivos, subidas descontroladas y condiciones que discriminan a los más vulnerables. La regulación no ha creado la crisis, ha tratado de arreglar un fallo de mercado enorme. Atribuir los precios máximos o la declaración de zonas tensionadas como la causa del problema es tomar el remedio por la enfermedad. Es como echarle la culpa a la fiebre del termómetro.
“Si me regulan, dejo la vivienda vacía”. Esa es la lógica que está detrás del texto. La vivienda no es un bien de lujo ni un activo financiero que deba garantizar su rentabilidad por ley. Es un derecho social y el Estado está obligado constitucionalmente a intervenir si el mercado no lo garantiza. El miedo al enfado de los propietarios no puede gobernar la política de vivienda. El artículo, sin embargo, eleva esa amenaza a categoría de análisis y la plantea como una razón para no regular. Es hacer el trabajo programático a la derecha.
Por supuesto, como es normal en el caso de los voceros de la derecha y de la ultraderecha, María Valero confunde los intereses de “el propietario” con los de un actor homogéneo. El pequeño propietario que alquila una vivienda heredada no es lo mismo que el gran tenedor, el fondo de inversión o la sociedad inmobiliaria que gestiona centenares de inmuebles. La izquierda no plantea la lucha abstracta entre propietarios e inquilinos, sino la crítica de un modelo donde la vivienda se ha convertido en un activo financiero, en un refugio de capital y en una fuente de rentabilidad especulativa. Decir simplemente “el propietario”, sin diferenciar entre el pequeño arrendador y el gran tenedor, es una generalización interesada que esconde la desigualdad real del mercado del alquiler. Y esa generalización es electoralmente útil para la derecha: le permite presentar a cualquier propietario, por pequeño que sea, como víctima de la regulación y como aliado natural del bloque reaccionario.
El propietario como víctima y el inquilino como sospechoso
Valero construye una narrativa en la que el propietario aparece como un actor vulnerable, acosado por una normativa que “rompe la balanza a favor del inquilino”. Esta imagen no resiste el más mínimo análisis desde una perspectiva de clase. En España y también Jerez está muy concentrada la propiedad de la vivienda. Heredar y alquilar una vivienda es muy diferente a poseer grandes cantidades de suelo o a ser un fondo de inversión. El texto no hace distinción entre unos y otros; habla de “el propietario” en general, como si todos tuviesen los mismos intereses y la misma capacidad de presión. Es una generalización sesgada que esconde la desigualdad real que existe en el mercado de alquiler. Además, normaliza sin cuestionar algunas de las prácticas más lesivas para los inquilinos. Denuncia que los propietarios “utilizan exigencias extremas, como exigir avalistas, contratos indefinidos por largos periodos y rechazar a personas con hijos o familias vulnerables”. Sin embargo, lo presenta como si fuera una consecuencia inevitable de la “desconfianza” y no como una práctica discriminatoria que, en muchos casos, infringe la legislación vigente.
También menciona de pasada que algunos propietarios optan por el alquiler turístico o de temporada para “esquivar la regulación habitacional tradicional”. Esta frase, que aparece casi como un detalle menor, es en realidad una de las claves del problema. La turistificación no es un fenómeno secundario: es una de las principales causas de la retirada de viviendas del alquiler residencial y de la escalada de precios. En Jerez, al igual que en otras ciudades andaluzas, los pisos turísticos se han multiplicado y han reducido la oferta para los que viven y trabajan en la ciudad. Sin embargo, el artículo no lo analiza como causa estructural, sino como una “alternativa” que el propietario busca para “esquivar la regulación”. O sea, se expone el problema, pero no se señala a los responsables políticos que han permitido que esto ocurra. Esa omisión es especialmente grave en campaña, la derecha necesita que la turistificación no sea un tema central del debate electoral.
Las causas que el artículo silencia
La transformación de viviendas en alojamientos turísticos y la presión de los fondos de inversión son fuerzas que retiran inmuebles del alquiler residencial. No es “incertidumbre”, sino un proceso de especulación propiciado por políticas públicas ultraliberales que han priorizado la atracción turística y la rentabilidad privada sobre el derecho a la vivienda. En Jerez de la Frontera, como en otras ciudades andaluzas, la proliferación de pisos turísticos ha reducido la oferta disponible para quienes viven y trabajan en la ciudad. El artículo lo menciona de pasada, casi como un detalle menor, cuando en realidad es una de las claves del problema. La turistificación no es una elección individual inocua: es el resultado de un marco regulatorio laxo, de la falta de planificación urbana y de la complacencia de las administraciones ante un negocio que expulsa a la población residente. La derecha no quiere hablar de esto en campaña porque implicaría regular el turismo, limitar licencias y confrontar intereses económicos poderosos.
María Valero reconoce que algunos propietarios “dejan la vivienda vacía”, pero no se pregunta por qué las administraciones no movilizan ese stock a través de la empresa municipal de vivienda, incorporándolos a un alquiler regulado y asequible, con garantías para el propietario (cobro, rehabilitación) a cambio de un precio tasado. No se trata de “tranquilizar” al propietario para que fije el precio que quiera, sino de ofrecerle una alternativa pública que ponga la vivienda al servicio de la ciudad. Y no menciona esta posibilidad porque su marco analítico no contempla la intervención pública como solución; solo contempla la retirada de la regulación. Y la derecha, en campaña, necesita que la solución no sea pública, sino privada; no sea colectiva, sino individual; no sea un derecho, sino una oportunidad de negocio.
Al situar el origen de la crisis en la “incertidumbre” sobre “si estarán obligados a fijar topes de precio o si tendrán coberturas en el cobro”, el Diario de Jerez, presenta como problema las medidas que precisamente podrían ayudar a los inquilinos. Pero no menciona que durante años las administraciones han priorizado el equilibrio presupuestario, la atracción de inversión y la desregulación del suelo y del alquiler sobre la construcción de vivienda pública. La “incertidumbre” no es la causa de la crisis; es la excusa de quienes no quieren aplicar políticas que beneficien a las mayorías sociales. La izquierda no pide “seguridad jurídica” para que el propietario fije el precio que quiera; pide seguridad para las familias, es decir, certeza de que podrán acceder a una vivienda asequible. La derecha, en cambio, pide seguridad para el capital y presenta esa demanda como si fuera la voz de la sociedad entera.
La Ley de Vivienda no es el problema
Agravando aún más su óptica ultraliberal, Valero sugiere que la normativa actual “está rompiendo la balanza a favor del inquilino” y que los propietarios temen ser obligados a fijar topes de precio o a tener “coberturas en el cobro”. Podríamos criticar la Ley estatal de Vivienda como insuficiente pero es un hecho que permite declarar zonas tensionadas y aplicar topes de alquiler., si bien es cierto que, en Andalucía, su desarrollo ha sido bloqueado o retrasado sistemáticamente por la derechona trumpista de PP-VOX. Y eso no es casualidad ya que la ley no perjudica a los propietarios de buena fe, sino a los especuladores que quieren seguir obteniendo rentabilidades desorbitadas a costa del derecho a la vivienda. Es falso que esta ley “rompa la balanza a favor del inquilino”. En todo caso, lo que hace es intentar equilibrar una balanza que durante décadas ha estado inclinada de forma abrumadora hacia el propietario. Durante años, el mercado del alquiler ha funcionado sin apenas regulación, con contratos abusivos, subidas descontroladas y requisitos que discriminan a los más vulnerables. La Ley de Vivienda es un tímido paso para corregir esa situación, aunque no es suficiente.
Pero, en campaña electoral, la derecha del PP-VOX necesita convertir la Ley de Vivienda en un símbolo del “exceso regulatorio” y presentarse como la defensora de los propietarios frente a la “ideología”. Es una operación de manipulación clásica: convertir un conflicto de intereses en un conflicto de principios abstractos. Pero la vivienda no es una abstracción. Es el precio que una familia no puede pagar, el contrato que no le firman, el avalista que no tiene, la habitación que no encuentra. Y la ley existe porque el mercado, por sí solo, no ha garantizado ese derecho.
Los requisitos abusivos y la discriminación: el mercado no protege, expulsa
El artículo denuncia que los propietarios “aplican exigencias extremas” y “rechazan perfiles con niños o familias en situación de vulnerabilidad”. Lo hace, sin embargo, sin extraer las consecuencias políticas de ello. Cualquiera que no sea un fanático seguidor de ese Milei empobrecedor y miserable que está arruinando Argentina considerará que estas prácticas son discriminatorias y deben ser combatidas con todos los instrumentos legales disponibles. No se puede aceptar que el acceso a una vivienda dependa de la voluntad del propietario o de la agencia inmobiliaria de turno. La vivienda es un derecho, no un privilegio, y las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar que no se vulneren los derechos de los inquilinos. Incluso María Valero se ve obligada a reconocer que muchas viviendas “ni tan siquiera llegan a anunciarse en portales o escaparates” porque los agentes inmobiliarios tienen “tanta base de datos de posibles inquilinos que publicar una vivienda colapsa el sistema de llamadas”. Esta situación, que el texto presenta como una anécdota, revela en realidad la enorme presión de la demanda y la falta de transparencia del mercado. Es evidente la necesidad de crear un registro público de viviendas vacías y de alquiler, así como la intervención pública en la intermediación inmobiliaria para garantizar la igualdad de acceso y evitar prácticas abusivas. El mercado no protege: expulsa. Y cuando expulsa, la respuesta no puede ser más mercado, sino más democracia económica y más derechos. Precisamente esa democracia que (queremos creer que en un lapsus) Feijoo dice que hay que eliminar en la política de vivienda.
